El plenario del Consejo de la Magistratura archivó el pasado miércoles 176 expedientes que contenían denuncias contra jueces federales. La mayoría fueron desestimadas in límine —sin un análisis profundo— o por caducidad, luego de que transcurrieran tres años sin avances desde su radicación.
Las comisiones de Disciplina y Acusación remitieron al cuerpo más de un centenar de casos, entre los que también se incluyeron procesos que quedaron “abstractos” por jubilaciones o renuncias, como el del ex juez de Rosario Marcelo Bailaque, investigado por múltiples delitos de corrupción y por vinculación con el narcotráfico.
El senador Luis Juez, que preside la comisión de Acusación, calificó esa parte de la sesión como “un papelón”, producto de “haber escondido atrás de un biombo las causas que nos interesa que no pase nada. Miramos para el costado, dejamos que el tiempo pase”, recriminó ante sus pares. Y admitió: “Me da vergüenza que tengamos institucionalizado este mecanismo”.
El consejero César Grau, a cargo de Disciplina y una de las bancas en representación de los abogados, expresó una crítica similar: “Se dejó correr un reloj de arena durante tres años. Es una barbaridad, tenemos que asumir la responsabilidad y corregir hacia el futuro”.
En esas dos comisiones los consejeros deben estudiar las denuncias contra los jueces, avanzar en la investigación de su conducta y, en su caso, proponer al plenario sanciones disciplinarias que pueden ir desde descuentos en el salario hasta la remoción del cargo. En Disciplina se tratan los casos más leves y en Acusación los más graves, consignó el portal de Infobae.
De las 176 denuncias archivadas, 58 caducaron por haber superado los tres años previstos por el reglamento del Consejo: 49 correspondían a la comisión de Disciplina y las nueve restantes a Acusación.
En ese grupo estaban los expedientes que cuestionaban la conducta del juez Juan María Ramos Padilla, presidente del Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 29 porteño, quien en 2022 había convocado a manifestaciones populares contra la Corte Suprema de Justicia y magistrados de Comodoro Py.
Otras 57 denuncias fueron desestimadas in límine por el plenario, presidido por Horacio Rosatti. Se trató de casos que ni siquiera se discutieron por considerarse inadmisibles, ya fuera por una improcedencia manifiesta o por defectos en la formulación.
Entre ellos figura una denuncia contra Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, señalado por presunto falso testimonio durante una declaración ante el Congreso de la Nación en el marco del juicio político a los ministros del máximo tribunal.
Luego se desestimaron otros 61 expedientes en los que sí se produjo prueba dentro de sus respectivas comisiones —58 de Disciplina y 3 de Acusación—.
Procesos de alto impacto político
En ese conjunto había causas de alto impacto político, como la impulsada contra los magistrados Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola por el escándalo de Lago Escondido.
También se incluyó una denuncia contra Patricio Alejandro Maraniello, del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5, quien prohibió la difusión de los audios clandestinos atribuidos a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Antes de ese episodio había recibido nueve denuncias, cinco de ellas por presunto acoso sexual.
La lista sigue con otros magistrados, como Domingo Luis Altieri, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18, llevado ante el Consejo por presuntas irregularidades al condenar a un pedófilo: según la denuncia, el juez impuso la pena mínima, no permitió a la víctima ser querellante, rechazó pericias solicitadas y no aplicó la perspectiva de género en su fallo, destacó el portal de Infobae.
También quedó archivada una investigación contra Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, juez federal en Paso de los Libres, Corrientes. Según expuso en la sesión Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y consejero, en un caso de narcotráfico este magistrado demoró dos años entre la indagatoria y el procesamiento del principal acusado, cuando la ley prevé un plazo de diez días.
Justo antes de votar la desestimación de esa denuncia se hizo una pausa para esperar a una consejera que había ido al baño. Ante lo que consideró una infracción alevosa, Amerio pidió a sus pares durante el intervalo que “lo repensemos todos juntos, aunque sea un minuto, mientras aprovechamos el llamado de la naturaleza”. La súplica no prosperó y la votación sumó un puñado de abstenciones.
El bloque disciplinario cerró con un único dictamen para tramitar un proceso de remoción: el del juez Marcelo Bailaque.
El pasado 1° de julio, el presidente de la Nación, Javier Milei, aceptó la renuncia del entonces titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, con lo que su destitución quedó en abstracto.
Al renunciar, Bailaque se aseguró la posibilidad de tramitar la jubilación de privilegio bajo el régimen judicial de Santa Cruz, donde había sido juez de instrucción.
