El Concejo Deliberante de Salta desestimó la renuncia del concejal de La Libertad Avanza Pablo López y habilitó una comisión para llevar a cabo su juicio político, con el fin de estudiar su posible remoción del Legislativo local. El referente de LLA fue denunciado por una militante libertaria que lo acusó de violencia de género y extorsión sexual.
López no asistió a la sesión del miércoles 23 de junio, donde, según el comunicado oficial, se discutirían “asuntos relacionados con la conducta de un miembro del Cuerpo”.
El legislador presentó su renuncia tras conocerse la denuncia en su contra. Posteriormente, las autoridades locales de LLA decidieron expulsarlo, y fue criticado por dirigentes libertarios a nivel nacional y por influencers como el Gordo Dan, quien inicialmente había respaldado su candidatura.
El 23 de julio, el Concejo Deliberante de Salta determinó convocar una sesión para tratar el juicio político en su contra sin aceptar su renuncia, para que, junto a la sanción judicial, reciba también una del cuerpo parlamentario local. La decisión de no aceptar la renuncia de López responde también a que el joven fue reelegido en su cargo, y su nuevo periodo comenzaría en diciembre; una exclusión establecería un precedente jurídico que impediría su regreso definitivo.
La mayoría de los concejales rechazó la renuncia y aprobó la convocatoria a la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.
La bancada libertaria enfatizó que ya no tienen ningún vínculo con López. La edil Laura Jorge Saravi, integrante del bloque de LLA, indicó que se contactaron con la víctima y aprovechó para mencionar “hechos similares” que comprometerían al PJ: “¿Cómo actuaron cuando tomaron conocimiento de hechos similares, desde Perón, Alberto o Cristina? Hay varios concejales ocupando bancas bajo circunstancias de violencia. ¿Cómo respondieron? Hicieron como si no hubiera pasado nada.“
Según el diario “El Tribuno”, el concejal peronista Martín Del Frari le respondió: “Hoy trajeron un manifiesto escrito para embarrar la cancha y desviar la discusión sobre lo que está ocurriendo en su propio espacio político”.
Otro edil del PJ, Gustavo Farquharson, solicitó que “no se acepte la renuncia” y agregó que “la violencia no es un error, es un delito. Ha persistido durante mucho tiempo y en ese sector nadie ha hecho nada. Como institución, no podemos mirar hacia otro lado. No es suficiente con que se vaya. Es necesario arrojar luz sobre un hecho tan grave como el que se denuncia”.
Asimismo, Raúl López, padre del joven acusado, presentó su renuncia como Convencional Municipal, cargo que obtuvo en las elecciones del 11 de mayo como candidato de LLA Salta.
La denuncia contra el exedil Pablo López
López está siendo investigado por la Fiscalía de Violencia de Género por violencia psicológica, económica y sexual. Todo comenzó cuando una militante denunció al entonces concejal por exigirle favores sexuales a cambio de dinero.
El escándalo se desató públicamente el miércoles 16 de junio, cuando FM Infinito divulgó la denuncia formal y, a continuación, emitió una conversación que habrían mantenido López y su denunciante. “¿Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300”, dice la víctima. Y el hombre le responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.
Apenas se viralizó la noticia, La Libertad Avanza Salta emitió un comunicado afirmando que su partido “se rige con absoluto apego a la ley y a los principios que promueven una república transparente. El respeto por la Justicia, la búsqueda de la verdad, la honorabilidad de nuestros miembros y el compromiso con una política de ‘ficha limpia son atributos indispensables y exigibles en todos los niveles de responsabilidad”.
Luego, en relación a la denuncia contra Pablo López, afirmaron: “Confiamos en el accionar de la Justicia y estamos convencidos de que es la instancia judicial quien debe esclarecer los hechos, sin operaciones mediáticas ni condenas anticipadas, pero también sin encubrimientos que suscite suspicacias”.
Tras estos cuestionamientos, el concejal presentó su renuncia, manifestando que su decisión respondía a “un profundo sentido de responsabilidad institucional”, ya que prefería “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños. No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”.
HM
