En su nuevo informe sobre la situación del país, el organismo de Naciones Unidas especializado en la prevención de la tortura expresó su profunda preocupación por la presencia de personas privadas de la libertad en comisarías. El Comité contra la Tortura (CAT) advirtió al Estado argentino que debe poner fin a las detenciones prolongadas en dependencias policiales para no incurrir en responsabilidad internacional. Sus recomendaciones apuntan directamente a las obligaciones de los jueces y las juezas penales como garantes últimos de las condiciones de detención.
Tras recibir la información aportada por el Estado nacional y por distintas organizaciones de la sociedad civil, el CAT publicó sus observaciones finales sobre Argentina. El Comité se pronunció de manera específica sobre la permanencia prolongada de personas en comisarías y alcaidías policiales, incluida en su catálogo de violaciones a los compromisos internacionales de prevención de la tortura, y recomendó que el Estado cese de inmediato esa práctica. A diferencia del informe de 2017, en esta ocasión el CAT dedicó un apartado completo a la situación de las comisarías, en una señal clara de la gravedad del problema y de la insuficiencia de las respuestas estatales.
En particular, el CAT instó al Estado a adoptar, con carácter urgente, las siguientes medidas:
– Poner fin al uso de dependencias policiales para privaciones de libertad de larga duración; promover el traslado a centros de detención adecuados una vez formulados cargos contra las personas que están bajo custodia policial; y fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el cumplimiento efectivo de esta prohibición.
– Garantizar un trato digno a quienes permanezcan bajo custodia en estas instalaciones mientras se busca una solución urgente para erradicar esta práctica. Esto implica asegurar acceso inmediato a atención médica, instalaciones sanitarias en condiciones, agua potable y alimentación suficiente, así como la posibilidad de contar con espacios al aire libre o zonas de recreación. Asimismo, el Estado Parte debe realizar una evaluación diligente para determinar si las personas detenidas en estas dependencias policiales pueden beneficiarse de alternativas a la detención.
La responsabilidad de jueces y juezas
El fortalecimiento de los mecanismos institucionales de garantía y la evaluación de alternativas a la prisión tienen un destinatario claro: el Poder Judicial. Si bien no se eximen las responsabilidades de otros poderes, son los jueces y las juezas quienes actúan como garantes últimos de las condiciones de detención. Todas las personas detenidas por períodos prolongados en una comisaría lo están por una decisión judicial; por tanto, corresponde a los magistrados y magistradas revisar la posibilidad de medidas alternativas en la enorme cantidad de casos en que tales medidas serían viables y útiles para evitar riesgos procesales.
Al recomendar el traslado a centros de detención adecuados una vez formulados los cargos, el CAT recuerda a los jueces cuál es su función en la audiencia inicial: mantener la privación de la libertad en un espacio apto para detenciones de larga duración (siempre que exista lugar disponible) o, en su defecto, ordenar la libertad de la persona. El regreso a una comisaría después de la formulación de cargos constituye una gravísima violación del deber jurisdiccional de prevención de la tortura, aspecto que el organismo de la ONU destaca con razón.
Las recomendaciones del CAT se alinean con lo señalado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en el informe presentado en octubre pasado; ambos ponen énfasis en la situación de las comisarías como una forma de tortura y subrayan la necesidad de reforzar el rol de los órganos garantes.
El CAT pidió que, a más tardar el 28 de noviembre de 2026, se informe sobre el seguimiento dado a las recomendaciones. El incumplimiento de estas obligaciones expone a Argentina a responsabilidad internacional en una materia de especial sensibilidad para nuestra historia: la prevención de la tortura.
Preocupación por situaciones “sumamente deficientes”
Las observaciones del CAT describen situaciones que resultan vergonzosas para el sistema penal. El órgano expresó “su seria preocupación por las situaciones de detención prolongada, incluyéndose informes de casos en los que algunas personas han sido retenidas por más de seis meses o inclusive más de un año, en comisarías y otras dependencias policiales, que, por su propia naturaleza, no están diseñadas para estancias de larga duración”.
El Comité calificó las condiciones de detención como sumamente deficientes: celdas sin ventilación ni luz natural, ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas, acceso limitado a agua potable, alimentación insuficiente y falta de espacios al aire libre o zonas de recreo. También advirtió demoras significativas en la atención médica de las personas detenidas.
Además de la situación en comisarías, el informe aborda la falta de salvaguardias legales fundamentales para las personas privadas de libertad y el uso excesivo de la fuerza en protestas sociales, entre otros temas. Se mencionan asimismo situaciones locales concretas, como detenciones masivas sin supervisión judicial en el marco de “operativos preventivos” en Tucumán, en los operativos de “orden y limpieza” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle.
