En los alegatos de apertura del juicio contra dos policías por el homicidio de Gabriel Gusmán quedó planteada la delgada línea que separa el asesinato por la espalda —tal como sostiene la acusación— del disparo letal pero legítimo que invocan las defensas. Las 12 personas que integran el jurado popular deberán decidir si, aquel 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná, los policías de la División 911 Rodrigo Molina y Diego Íbalo cometieron un homicidio que podría llevarlos a prisión perpetua, o si actuaron conforme a la ley y deben permanecer en libertad.
Aunque “la verdad es una sola”, como dijo el defensor Daniel Rosatelli, y que al querellante Rubén Pagliotto “le sobren los motivos” para acusar, el caso parece que no se definirá únicamente por informes forenses, trayectorias de disparos, múltiples testimonios y normas policiales. Las sensaciones sobre el contexto y las consecuencias del hecho tendrán también su peso.
Eso se percibe cuando las partes sostienen afirmaciones que no se escucharían en un tribunal técnico en la forma clásica, donde se solía ir más a lo concreto que a las pasiones. Algunas de esas cuestiones aparecieron desde el inicio de un debate que culminará el lunes 18 de noviembre. Es el primer juicio en el que no está presente la Fiscalía, que resolvió archivar la causa por coincidir con la defensa; la única acusación la realiza la querella, en representación de la familia de Gusmán.
Los abogados querellantes son José Iparraguirre, que intervino desde el inicio de la causa, y Rubén Pagliotto, incorporado para el juicio. Fuera del cuadrilátero del debate pero a pocos metros está la abogada Lucía Tejera.
A Rodrigo Molina, acusado de ser el autor del disparo mortal, lo defienden Daniel Rosatelli y Miguel Cullen; a quien lo acompañaba en el procedimiento a cargo del móvil 1012, Diego Íbalo, lo defienden Rosatelli junto a Patricio Cozzi. Estos letrados cuentan además con un asesor técnico licenciado en Criminalística. Alejandro Grippo actúa como juez técnico del debate.
“Actuaron sobre seguro”
“No estamos juzgando a la institución de la Policía de Entre Ríos, sino a dos funcionarios policiales, sino la actitud de los dos funcionarios policiales aquella trágica jornada, que no fueron legales ni transparentes”, sostuvo Pagliotto al iniciar su alegato ante el jurado.
Sobre el disparo que le quitó la vida a Gusmán, aseguró: “Ese tiro no fue tirado ni al piso ni al cielo, cuando es disuasivo. Fue a la zona segura, que se resignifica ante dos funcionarios policiales que cuentan con conocimientos sobre cómo actuar, qué hacer y qué no hacer”, y aludió, en el mismo sentido, a la “Doctrina Chocobar”.
“Ha quedado absolutamente acreditado por el jefe del Cuerpo Médico Forense, Luis Moyano, sobre cómo fue la mecánica del disparo a la cabeza de Gabriel Gusmán: ingresó de atrás hacia adelante, entra en la nuca y sale arriba de la ceja derecha, levemente inclinado de arriba hacia abajo. Explota la masa craneana”, describió el querellante, y agregó: “Gusmán estaba perpendicular al piso y luego viene el desplome, no hubo el efecto ‘caer de geta’. Las dos rodillas tenían improntas. El punto crítico es que Gusmán ya había parado su huida. Íbalo y Molina actuaron sobre seguro, no corrieron en ningún momento peligro sus vidas. Estaba parado, de espaldas”.
Pagliotto también cuestionó pericias y habló de “falta de transparencia”: “Nos quieren hacer creer que la Policía no tiene medios para tomar una muestra de dermostest. Qué casualidad que el arma que dispara el tiro letal es el de Molina, y la pericia dio que ese cañón no tenía deflagración de pólvora. La pericia sobre la ropa policial demostró que no había pólvora. Pero la de Gusmán sí tenía, que no lo negamos”.
Además, enmarcó la intervención policial en el barrio Capibá: “El enfrentamiento no era de Gusmán con la Policía sino problemas intrabarriales, entre jóvenes del barrio (…) Vamos a jugar un juego limpio: no vamos ni a juzgar a la Policía de Entre Ríos ni a defender un santo. Gabriel no era un chorro: era un pibe que quizás la inmadurez, en una zona caliente, lo hacía ser una persona violenta, rebelde”, admitió el querellante, para después aclarar: “La Policía no tiene ningún derecho de quitarle la vida a nadie”.
Planteó entonces que “hay dos posibilidades”: “O Íbalo y Molina repelieron un ataque de Gusmán, o la muerte fue innecesariamente desproporcionada y por la espalda”. Señaló que “Gabriel tenía un revólver con un tambor para seis balas, había seis proyectiles: tres usadas y tres sin uso”.
“El cierre del alegato de la querella fue emotivo: ‘Hay un abatimiento material de Gabriel Gusmán, y hay cantidad de abatidos del alma: la mamá, el papá, los hermanos, los amigos’”, concluyó Pagliotto.
“No existió una ejecución”
El defensor de ambos policías abrió su alegato subrayando que el resultado del juicio trasciende a Íbalo y Molina: “No solamente velamos por la necesidad de los imputados, también reivindicamos la noble y loable tarea que hacen diariamente los policías”, dijo Rosatelli.
“No fue un crimen, fue una tragedia”, tituló y repitió en varias ocasiones su lectura de lo ocurrido aquel mediodía: “Esos dos policías no cometieron ningún crimen”.
Relató al jurado que “esa tarde no llegaron al barrio Capibá porque quisieron. Hubo al menos tres llamados de teléfono de vecinas por el conflicto entre dos bandas del barrio. Van a poder oír esos llamados. Comisionan al móvil 1012 con Molina e Íbalo, que ese día estaban a cargo de esa zona de la ciudad. Van de manera urgente. Los policías van por avenida Zanni, ingresan al barrio y en la plaza Néstor Kirchner son recibidos a balazos. En esa circunstancia se produce el desenlace fatal”.
“Había una agresión ilegal sobre estos policías y también sobre vecinos y niños del barrio, porque fue a las 12.45 del mediodía. Le dieron la voz de alto a Gusmán para que desistiera de su actitud y siguió disparando”, describió el defensor.
“Están los audios de la radio policial pidiendo apoyo porque estaba recibiendo disparos de arma de fuego. No existió una ejecución ni desprecio por la vida de Gusmán. Fueron a cumplir con su deber. Podrían no haber ido o llegar más tarde”, sostuvo Rosatelli.
Con énfasis afirmó: “La verdad no se puede disfrazar. Es una sola”. Y fundamentó: “Gabriel Gusmán estaba con un revólver calibre 38, un arma de guerra con más poder de fuego que las de los mismos policías. Es cierto que había tres balas disparadas, pero tenía en su bolsillo seis balas más sin percutir”.
Sobre el dolor de la familia dijo: “Me veo en la obligación de decir que el dolor por sí solo no convierte una tragedia en un crimen. No convierte a estos dos hombres en asesinos”.
Respecto de las pericias de pólvora, replicó la explicación de la defensa: la Policía utiliza un método distinto al de Gendarmería.
También preguntó a la sala: “¿Por qué no está la Fiscalía acá? El doctor (Gonzalo) Badano (fiscal que tuvo al inicio la causa) llevó adelante una investigación con otros fiscales de más de 18 meses, más de 75 entrevistas, más de 20 intervenciones de personal de Gendarmería. Pero concluyeron que esos dos policías actuaron no solo en cumplimiento del deber, sino en legítima defensa. Fue un archivo con fundamentos”.
Finalmente, Rosatelli sostuvo: “La única forma de hacer justicia es con un veredicto de no culpabilidad. Esto nos va a permitir dos cosas: por un lado, dignificar la tarea de todos aquellos funcionarios que a diario entregan la vida para cuidar la de nosotros. Y por otro lado, y esto es lo más importante, vamos a permitir a esos barrios que son rehenes de balaceras, de conflictos, de disparos de armas de fuego, de tensiones, poder volver a vivir en paz. Tenemos que reafirmar qué tipo de sociedad y de policía queremos”.
Miguel Cullen intervino brevemente para acompañar a su colega y fustigar a la querella: “No nos dejemos engañar. No escuchemos los cantos de sirena. (Los policías cumplieron con su deber que se lo enseñan en una institución que es un ejemplo en el país. No tenemos una maldita policía, tenemos funcionarios que actúan a riesgo de su propia vida)”.
“Hizo nada y le piden perpetua”
Patricio Cozzi apuntó directamente contra la acusación que pesa sobre Íbalo: “Se olvidaron de acusar a Íbalo. Se lo acusa de no haber hecho nada. Entonces se le pide una acusación que implica la prisión perpetua”, dijo con cierto tono irónico.
Aclaró que entiende que se trata de “un hecho trágico: la muerte de un pibe de 22 años”. Y volvió sobre su punto: “En esos segundos ¿qué tendría que haber hecho Íbalo? No lo pueden decir (los querellantes). Pero si hubieran hecho algo probablemente hubiese hecho lo mismo que su compañero”.
“Ni yo sé de qué tengo que defenderlo. Diego hizo nada y se le pide prisión perpetua”, insistió Cozzi.
Por este planteo se realizó un cuarto intermedio y luego Iparraguirre aclaró al jurado que a Íbalo se le imputa el mismo delito que a Molina, pero en carácter de “comisión por omisión”.
Testigos
En la primera jornada del juicio declararon ocho testigos: la madre y la hermana de la víctima, Alejandra López y Maira Gusmán; Andrea Romero; Rocío Barzola; Javier Leyes; Melania Mamanni; Yésica René; y Daniel Zuazo.
