CÓRDOBA.- La renovación del Congreso a partir de diciembre abre también perspectivas para el campo, que aguarda el tratamiento de varias leyes sobre asuntos centrales de su agenda. Aunque en la conversación pública suelen dominar las discusiones y reclamos por las retenciones, existen múltiples iniciativas con impacto productivo positivo que esperan ser debatidas.
Desde su creación en 2008, la Fundación Barbechando se dedica a identificar, monitorear y medir el impacto de proyectos legislativos vinculados al sector agroindustrial, el ambiente y las economías regionales. En ese marco acompaña a productores y asociaciones agropecuarias en la presentación de inquietudes y proyectos ante el Congreso.
Consultada por LA NACION, su presidenta, Ángeles Naveyra, señaló los temas centrales de la agenda sectorial en el Congreso. Uno de ellos es el proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), impulsado por la Red BPA —más de 80 instituciones público-privadas— y respaldado por todos los bloques, cuyo debate continúa en comisión. Es una legislación que “ordenará la aplicación de los productos fitosanitarios y saldará la creciente judicialización del tema”.
Otro tema considerado “clave” es el marco legal de los biocombustibles. El actual tiene vigencia hasta 2030, pero Barbechando entiende que “ya está desactualizado frente a la transición energética global”.
En el Congreso, la Liga Bioenergética impulsa un nuevo régimen que aumente los cortes y amplíe la competencia de las empresas no integradas y grandes. Pese al apoyo sectorial, el Gobierno pidió esperar, argumentando que el incremento de la mezcla “implica un costo fiscal”.
Una de las iniciativas en el Congreso es sobre aplicación de fitosanitarios. Santiago Hafford – Enviado especial
Naveyra apunta que está “circulando” una propuesta que aumenta cortes a partir de 2027 pero liberaliza el mercado. “El tema promete volver con fuerza tras las elecciones, con apoyo de provincias productoras y cámaras empresarias”, agrega.
También volverá al centro del debate la importación de maquinaria agrícola. El decreto 273/2025 eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida apoyada por el sector industrial importador, pero hay un dictamen de mayoría en comisión que busca derogarlo y “restaurar los controles previos”.
Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando
“Es necesario que el productor pueda adquirir tecnología a precios razonables, pero es necesario que todos los actores compitan en las mismas condiciones, por lo que hace falta una reforma laboral e impositiva integral y crédito”, analiza Naveyra.
La discusión en torno a semillas y propiedad intelectual sigue pendiente. El marco legal vigente, de la década del 70, no contempla los avances en germoplasmas ni las nuevas tecnologías biológicas. “La fallida adhesión a UPOV 91 evidenció la falta de consenso y la necesidad de un debate serio y multisectorial sobre propiedad intelectual en toda la economía, sólo posible en el ámbito legislativo”, dicen desde Barbechando.
Por supuesto que las retenciones están en la agenda. Cuando, necesitado de dólares a fines de setiembre, el Gobierno dispuso una suspensión temporal que duró 72 horas, el campo reaccionó con fuerte malestar apenas se cumplió un cupo de US$7000 millones para los exportadores e insistió en que la baja debe ser estructural.
Las retenciones deben “reducirse y eliminarse por ley del Congreso, promoviendo una eliminación gradual, con estudios de impacto y acompañamiento fiscal”, explica Naveyra.
También apuntan que, en materia de mercados, el DNU 70/2023 de diciembre de 2023 marcó el inicio de una política de liberalización comercial. La institución sostiene que ese esquema “redujo la discrecionalidad estatal, pero mantiene márgenes de intervención por razones sanitarias o de seguridad”. En ese contexto, Barbechando impulsa un proyecto de ley de no intervención de mercados para la previsibilidad productiva, que busca “garantizar estabilidad normativa y seguridad jurídica”, alineando la legislación argentina con estándares internacionales.
“La agenda del país debe ser una agenda que tenga en cuenta la competitividad y una Argentina abierta al mundo, una economía activa y diversificada y con un desarrollo territorial amplio -precisa Naveyra-. El agro tiene mucho para aportar en ese sentido: generando nuevos mercados, arraigo y desarrollo local. Para eso, son necesarios cambios que permitan una reforma impositiva y laboral que genere más y mejor empleo y fomente la inversión productiva”.
