La Corte Suprema de Justicia seguirá jugando un rol central en 2026, luego de haber sido protagonista en 2025 con sentencias por casos de corrupción, incluida la que terminó con la prisión de Cristina Kirchner. En su agenda figura avanzar con los dos juicios pendientes contra la expresidenta, rematar sus bienes, acelerar el expediente de los Cuadernos de las Coimas y reabrir una causa por lavado que afecta al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
No obstante, la principal preocupación del tribunal son las vacantes en el Poder Judicial: según sus proyecciones, llegarán al 42% en 2026. En esta ocasión, los ministros de la Corte, en principio, le creen al Gobierno cuando asegura que en marzo serán cubiertas.
Durante 2025 los ministros no confrontaron con el Ejecutivo y el año terminó sin la incorporación de nuevos magistrados. En abril juró como integrante del máximo tribunal el catedrático Manuel García-Mansilla, quien llegó a votar pero debió abandonar el despacho al no obtener los votos por tercios en el Senado. Peor le fue al juez federal Ariel Lijo, que tampoco logró el respaldo parlamentario.
La llegada de Lijo al máximo tribunal formaba parte de una maniobra mayor que no contaba con el beneplácito interno: Ricardo Lorenzetti lo promovía y esperaba su arribo, algo que no compartían sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, consignó el diario La Nación.
Las diferencias públicas entre la dupla Rosatti–Rosenkrantz y Lorenzetti, que marcaron el cierre de 2024, tuvieron menos eco en 2025, aunque las divergencias persisten por sus distintas concepciones sobre la gestión judicial. Eso no impide que, al votar, puedan alcanzar consensos.
Tras el triunfo electoral de Javier Milei, la Corte ajustó su canal de relación con el Gobierno: se abrió una comunicación fluida con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, sin abandonar los habituales intercambios con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Los mensajes por WhatsApp a Adorni suelen ser respondidos de inmediato y, al cierre del día, aparece alguna solución a los planteos que llegan desde los tribunales.
Adentro del máximo tribunal, a fines de 2025 la Corte exhibía un récord de 15.000 fallos y casi 29.000 causas, “a pesar de estar jugado un partido de 11 con 7”, como suele decir el apasionado hincha de Boca Horacio Rosatti para graficar el problema de las vacantes.
Entre esas casi 29.000 causas, la más resonante fue la que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad y determinó su prisión preventiva por seis años, publicó el diario La Nación. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron un voto conjunto en el que rechazaron, de manera individual, los argumentos de la defensa para intentar revertir la condena.
La Corte también dejó firme el decomiso de bienes de los condenados por hasta 640 millones de dólares, aunque la medida se fue demorando porque Cristina Kirchner y los demás acusados apelaron la orden de remate ante la Cámara de Casación. El tribunal pretende ser quien subaste esos bienes y estrenará su plataforma de remates por internet como solución para acabar con “la liga de rematadores”, la red que acordaba subastas con compradores que pagaban por debajo del valor.
Si bien la Corte reglamentó su potestad para administrar los bienes decomisados por casos de corrupción, el Ministerio de Justicia redactó y el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que se reservaba el control de esos bienes, lo que generó un choque de poderes. Finalmente, los jueces dieron la razón a la Corte y suspendieron el DNU de Milei, de modo que la administración de los bienes del delito, incluidos los de la corrupción, quedará a cargo del tribunal, resaltó el diario La Nación.
La decisión fue adoptada por la Cámara en lo Penal Económico, con las firmas de Roberto Hornos y Gabriela Robiglio, y se sumó la Cámara Contencioso Administrativo Federal con los votos de las juezas Liliana Heiland y Rodolfo Facio.
Los Cuadernos de las Coimas
El impulso judicial sobre las causas que afectan a Cristina Kirchner no se agota. La Corte sigue de cerca el lento avance del expediente de los Cuadernos de las Coimas y también pone atención en Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero, donde todavía no se fijó fecha para el juicio oral, y en el caso del Memorándum con Irán.
En sintonía con la voluntad del máximo tribunal, la llegada de Diego Barroetaveña a la presidencia de la Cámara de Casación acompañará ese proceso, según fuentes judiciales. Barroetaveña, en su triple rol de conjuez de la Corte, camarista y consejero de la Magistratura, tiene herramientas para impulsar desde su cargo el demorado juicio de los Cuadernos.
Por eso se prepara una resolución para ordenar al tribunal oral que, en febrero, sesione de manera presencial en Comodoro Py, en la nueva y reacondicionada Sala AMIA, y que celebre audiencias al menos tres veces por semana, según confiaron en los tribunales. Actualmente el juicio se realiza dos veces por semana, vía Zoom, y no funciona durante enero.
En paralelo, la Corte, el Consejo de la Magistratura y la Casación pretenden avanzar con el caso del Memorándum con Irán y con Hotesur y Los Sauces. El tribunal a cargo de Hotesur y Los Sauces no había fijado fecha de inicio del juicio a pesar de los exhortos de la Casación en 2023 y de la Corte en 2024. Ahora la integración del tribunal cambió: a Adriana Palliotti, acompañada por José Michilini, se le sumó por sorteo el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien ya condenó a Cristina Kirchner en Vialidad, publicó el diario La Nación.
En el expediente del Memorándum con Irán, donde también participa Giménez Uriburu, el tribunal le solicita a la Corte nueve contratos para poder comenzar. En el primer trimestre del año próximo probablemente se conozca una resolución con la fecha del juicio por Hotesur y Los Sauces, a cargo de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos.
Entre los exfuncionarios que serán juzgados junto con Cristina Kirchner figuran Carlos Zannini, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, entre otros. El kirchnerismo sostiene que se trató de un pacto internacional avalado por una ley del Congreso, por lo que nunca pudo constituir un delito sino una decisión de política exterior.
En materia de corrupción, la Corte dejó firme en 2025 la condena por la denominada Ruta del dinero K contra Lázaro Báez, su hijo Martín y otros, que continúan presos, y confirmó la condena contra Julio De Vido por la tragedia de Once; De Vido está detenido en la cárcel de Ezeiza.
El caso de Jorge Macri
La Corte también deberá resolver antes de fin de año un expediente que tiene impacto sobre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acusado de lavado de dinero. Para definir si corresponde reabrir la causa o mantener su sobreseimiento, el tribunal designó dos conjueces.
Por sorteo aceptaron la tarea Abel Sánchez Torres, de la Cámara Federal de Córdoba, y Pablo Candisano Mera, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Estos dos conjueces votarán en la causa junto con Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, quienes mantuvieron posiciones diversas sobre el expediente.
La investigación se inició en 2016 por iniciativa de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que indaga “la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición de un inmueble” en Miami por 402.963,62 dólares. Los hechos son de abril de 2011 y fueron realizados por la sociedad IconUnit 1704, constituida un mes antes por Jorge Macri —entonces legislador bonaerense— y su entonces esposa, con un capital inicial de 10.000 dólares.
Según la denuncia, la compra se financió con dos préstamos: uno del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184.000 dólares, que luego fue cedido a una firma de Panamá, Cometas Company Inc., y adquirido por una hermana de Jorge Macri. Para los fiscales, “ese último préstamo ‘no existió y se trató de un acto simulado, lo que generaba serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero’”, según un comunicado de la Procuración.
Jorge Macri fue sobreseído por la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, fallo que ratificó la Cámara Federal de San Martín en 2019. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de la fiscalía, con lo cual el caso llegó a la Corte Suprema.
Otros fallos y preocupaciones
En 2025 la Corte trabajó además en expedientes sobre libertad de expresión, daño ambiental y causas de alto impacto institucional, como los reclamos de las provincias contra el Estado nacional por sus cajas previsionales; en ese frente, Córdoba y la Nación alcanzaron un acuerdo ante el tribunal. También puso punto final a los intentos del empresario Pablo Otero, el llamado “Señor del Tabaco”, en sus reclamos contra la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos, y dejó sin efecto una medida cautelar que permitió hasta ahora operar al Casino Flotante sin un contrato vigente.
En otros fallos, la Corte exigió a los tribunales inferiores que justifiquen prolongadas prisiones preventivas en causas por delitos de lesa humanidad, advirtiendo que para extender detenciones “es necesario acreditar, mediante indicios concretos”, el peligro de fuga o el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En un caso distinto, reclamó al Congreso Nacional que nombre un Defensor del Pueblo, un cargo vacante desde hace más de 15 años.
La avalancha de juicios previsionales es otra preocupación del tribunal. Para 2026 prepara medidas destinadas a limitar la litigiosidad: la primera señal es instar a que las cámaras de apelaciones actúen como tribunales de casación y convoquen plenarios que obliguen a los jueces a unificar criterios y así reducir la cantidad de demandas. En el ámbito de los juicios laborales, la Corte cambió la forma de tramitar los procesos de la justicia nacional en la Capital al declarar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ CABA) como “Superior Tribunal de la causa”. De ese modo trasladó a la “Corte porteña” la decisión sobre cómo se ajustan las indemnizaciones laborales y la resolución de todas las causas comerciales, civiles y penales de la ciudad.
El año cerró con un reclamo explícito de la Corte al Gobierno para que cubra las vacantes en el Poder Judicial. Los ministros confían en que, después del mensaje del 1 de marzo de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el Poder Ejecutivo enviará al Senado los 203 pliegos que tiene pendientes.
