La infraestructura es uno de los tres ejes elegidos por elgobierno de Mauricio Macri para su presidencia del G-20. Los países del grupodiscuten alternativas para convertir a los proyectos de infraestructura enactivos financieros atractivos para el sector privado. A medida que avanza elajuste en la obra pública, la herramienta promovida por el gobierno argentinoson los proyectos de participación público-privada (PPP). La inversión públicaes uno de los componentes del gasto más expuesto al ajuste fiscal comprometidocon el Fondo Monetario Internacional. Hasta 2020 está prevista una caída del 81por ciento en términos reales o un ajuste igual a 1,6 puntos porcentuales delproducto. A través de las obras licitadas bajo el esquema de PPP se intentaráamortiguar esa merma financiando las iniciativas con nueva deuda.
El mecanismo definanciamiento privilegiado por las autoridades argentinas fue cuestionado por el tímido C-20. Lasorganizaciones de la sociedad civil lideradas por Poder Ciudadano advierten queel abordaje propuesto en el marco del G-20 “asume que el sector privado puedeser el proveedor natural de capital, sin embargo la historia sobre cómo sefinanciaron las obras de infraestructura muestra que esa es una creencia erraday problemática”.
El documentoelaborado por el C-20 sostiene que el planteo impulsado por la presidenciaargentina del grupo “conduce a priorizar formas de seducir al capital,incluyendo la promoción de costosas y riesgosas asociaciones público-privadas”.Desde las organizaciones de la sociedad civil cuestionan que desde esaperspectiva privatizadora se soslaya el rol central que jugó a lo largo de lahistoria la inversión pública. “Los costos de financiamiento suelen ser máselevados en los proyectos de PPP que en las obras del sector públicas y,además, implican pasivos contingentes que pueden crear una pesada carga sobrelas finanzas públicas”, sostienen los miembros del C-20 que mantienen unaagenda paralela al G-20.
Durante el primersemestre, la obra pública fue uno de los segmento más castigados del gasto. Elúltimo informe de ejecución presupuestaria de la ASAP muestra que los gastos decapital cayeron un 12,4 por ciento. Fueron 12.267 millones de pesos menos que duranteel mismo período de 2017. La contracción no dimensiona el impacto de lainflación sobre la capacidad adquisitiva de esos fondos. La inversión realdirecta retrocedió 10,8 por ciento mientras que las transferencias de capital alas provincias anotaron una contracción del 38,6 por ciento.
En términossectoriales las caídas estuvieron concentradas en las obras de infraestructuraenergética que cedieron 28,1 por ciento. También anotaron una bajasignificativa los fondos destinados a proyectos de transporte, fundamentalmenteen el área ferroviaria, donde la merma fue del 26,7 por ciento. Elfinanciamiento para obras de AYSA registró una merma del 31,9 por ciento. San Juan, Formosa, Santiago del Estero,Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires fueron las provincias más afectadas por elretaceo de financiamiento para obra pública desde la Casa Rosada.
