Tras el aumento del boleto de colectivo vigente desde el domingo, la concejal del Frente para la Victoria, Cristina Sosa, salió a cruzar al intendente Sergio Varisco "El aumento en las tarifas del transporte urbano de pasajeros en Paraná es una decisión del Ejecutivo municipal de Cambiemos que constituye un nuevo asalto a los ingresos de los sectores trabajadores", denunció la edil.

En ese marco, exigió que "el Estado municipal asuma su tarea de control y exigencia a los empresarios para que den cumplimiento a las normas básicas de buena prestación del servicio: cumplimiento de las frecuencias, incorporación de unidades nuevas, limpieza de los vehículos, incorporación de unidades con adaptación para personas con discapacidad motriz".

"Exigimos una urgente convocatoria a la constitución de Asambleas ciudadanas en las que se registren los incumplimientos y objeciones que exprese la ciudadanía en reclamo para una mejora en el servicio y recoger tales observaciones para dar forma y compromiso a concretar la licitación que abra la posibilidad a un servicio renovado con nuevos oferentes", señaló Sosa en declaraciones enviadas a <b>INFORME DIGITAL.</b>

Acto seguido, la edil cargó con la empresa que actulmente brinda el servicio: "Ersa Urbano se ha constituido con el transcurrir de sucesivas prórrogas del convenio las que en la práctica implicaban ratificaciones del convenio, ERSA consolidó sus características de empresa monopólica. Es la única empresa local y de hecho constituye una presión ineludible el considerar que ante una cancelación del convenio la ciudadanía quedaría sin servicio de transporte por un tiempo que aunque limitado sería imposible de cubrir con servicios alternativos inexistentes hasta el momento".

En ese marco recordó que la ley 22.262 de defensa de la competencia, en su artículo 1°, define las notas salientes que caracterizan a la posición dominante en un mercado, por parte de una persona o de un conjunto de personas, "lo cual podría ser aplicable en nuestro caso". Los tres elementos que menciona el artículo 1°: “…distorsión de la competencia, abuso de posición dominante y perjuicio para el interés económico general; conforman los tres pilares sobre los que se asientan la ley 22262 para juzgar si una conducta es punible o no”.

"Los dos primeros son alternativos en tanto que el último – Perjuicio para el interés económico general- es una condición necesaria para que se configure una violación de la Ley", concluyó la concejal peronista.