El ex senador nacional Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, tuvieron que abandonar el edificio donde cumplían prisión domiciliaria en Paraguay debido a que sus vecinos exigieron que les rescindan el contrato.
El desalojo tuvo lugar luego de que los dueños del departamento del complejo Tierra Alta del Maestro, ubicado en el centro de Asunción, no quisieran renovarle el contrato. El pedido llegó tras una solicitud del consorcio de propietarios.
El inmueble que habitaban fue abandonado por ambos imputados, quienes fueron trasladados a una residencia en el barrio San Vicente por disposición de la Justicia local, a cargo del juez Humberto Otazú.
Asimismo, el magistrado dispuso que tanto Kueider como Guinsel Costa quedaran bajo la jurisdicción de la Comisaría 14° Metropolitana.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda, que defiende al ex funcionario y a su secretaria, presentó formalmente el pasado 20 de enero una solicitud para realizar el cambio de domicilio.
Luego de analizar el pedido, el fiscal de la causa lo consideró pertinente y, seguidamente, lo notificó al juez, quien ratificó la decisión.
Kueider y Guinsel Costa están con prisión domiciliaria luego de que se los detuviera el pasado 4 de diciembre en el cruce de la triple frontera, en el Puente de la Amistad. Allí, les incautaron el vehículo con el que cruzaban, una camioneta de alta gama, a bordo de la cual llevaban más de 200.000 dólares sin declarar.
Las causas en las que está involucrado Edgardo Kueider
Además de la investigación por tentativa de contrabando en Paraguay, Kueider afronta otra causa a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Delgado, quien ya solicitó su extradición.
La magistrada lleva adelante una investigación que se desprende de un expediente mayor sobre la firma Securitas, que supuestamente pagaba sobornos para conseguir contratos de seguridad. La conexión con Kueider es por su cargo en Enersa, una empresa estatal de Entre Ríos, donde se sospecha que hubo pagos ilícitos.
Kueider también es investigado en Entre Ríos. En ese caso, el fiscal José Arias está enfocado en las empresas del ex senador y de todo su entorno. Por eso, luego del hecho en Paraguay hizo allanamientos y le secuestró los teléfonos a Daniel González, socio y dueño de la camioneta que utilizaba el ex legislador cuando fue detenido, y a la abogada Adriana Crucitta, que aparece en varias firmas.
