Atrincherado en Paraguay. El exsenador Edgardo Kueider fue mandado a juicio oral por el delito de contrabando -haber ingresado 211.000 dólares de manera clandestina-, pero no es para él ni para su pareja, Iara Guinsel Costa, una noticia catastrófica. Lo fundamental para ambos es que no los manden a la Argentina, donde en lugar de estar en una casa cómoda, aterrizarían en el penal de Ezeiza. Todo el proceso amenaza con seguir el modelo de La Gran Pepín, en referencia a Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri que estuvo tres años y medio en Uruguay pese a que lo reclamaba la justicia argentina. Kueider apelará aspectos de la decisión de mandar la causa al juicio oral por contrabando; apelarán también la resolución que pone en marcha el segundo juicio, el de extradición; y luego apelarán nuevamente lo que decidan los tribunales de alzada. Irán y volverán de la Corte Suprema guaraní. Hay conocedores del mundo judicial de Paraguay que pronostican que todo puede tardar -si así lo impulsa el poder político- diez años, con buenas chances de que Kueider y Guinsel Costa puedan transitar el proceso gran parte en libertad. En cuanto al poder político, es obvio que el gobierno de Santiago Peña, amigo de Javier Milei, jugará para que Kueider se quede en Paraguay sin que lo manden a la Argentina donde le harán preguntas incómodas. Por ejemplo, si el origen de los 211.000 dólares que llevaba en la mochila es la venta de su voto en la llamada Ley Bases. Todo parece calcado a lo de Pepín: el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou sintonizaba con Mauricio Macri y el operador se pasó tres años paseando por las playas de Punta del Este sin que se cumpliera con el pedido de la justicia argentina.
Este miércoles, el juez Humberto Otazu resolvió elevar a juicio el expediente por la tentativa de contrabando de los 211.000 dólares. O sea, se sorteará un tribunal para que se haga cargo del proceso oral. Sin embargo, aspectos de la decisión son apelables -que el operativo fue inconstitucional, que se invaliden las cámaras y las filmaciones-, de manera que los abogados de Kueider presentarán un recurso ante la Cámara de Apelaciones. Y, si la Cámara confirma, irán hasta la Corte Suprema. Como sucede en Argentina, todo el proceso tardará lo que el poder político quiera: seguramente años.
La pena por tentativa de contrabando es relativamente baja: el máximo son cinco años de prisión, pero también está la alternativa de una multa. Quienes conocen la justicia de Paraguay creen que en un caso como el de Kueider, la pena puede rondar los 2 años y el equivalente a 500 dólares. Pero lo más trascendente es que el exsenador y su pareja se esconden detrás de esta causa, porque la ley paraguaya indica que no podrán ser extraditados hasta que cumplan con la pena. Es decir, que habrá un largo proceso con apelaciones hasta la Corte, luego el juicio, una pena, largas apelaciones hasta la Corte nuevamente y, al final, cumplir la pena. Mientras tanto, Kueider y Guinsel Costa seguirán en la casita de un buen barrio de Asunción y seguramente en unos meses pedirán que les permitan seguir el proceso en libertad. Según dicen en Asunción, no hay siquiera policías verificando que se cumpla la presión domiciliaria.
En los tribunales paraguayos aseguran que el proceso judicial de extradición, pedido por la jueza Sandra Arroyo Salgado, queda en pausa: no se puede hacer el juicio de extradición hasta que se haya terminado el caso de la tentativa de contrabando. Como se sabe, el juez Rolando Duarte concretó el martes la audiencia de reconocimiento de Kueider y Guinsel Costa en el marco del proceso de extradición. El magistrado le preguntó a ambos si aceptaban volver a la Argentina lo que fue rechazado por ellos y sus abogados. De manera que ese fue el primer paso hacia el juicio de extradición, el que queda en pausa por la causa del contrabando. Pero cuando ese proceso empiece a caminar, después asistiremos al espectáculo de las apelaciones, las idas y vueltas, tal cual ocurrió con Pepín Rodríguez Simón.
Sucede que el panorama que tiene el exsenador y su pareja es oscuro en la Argentina. Lo espera la causa que instruye Arroyo Salgado de coimas en la empresa de seguridad Securitas. Kueider era parte de la empresa y también directivo del gobierno entrerriano que contrataba los servicios de Securitas. La denuncia la hizo la propia empresa después de una auditoría interna y entregó frondosa documentación. La acusación la formuló el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien hizo una larga investigación.
En sintonía con ese expediente, se instruyó en Entre Ríos otra causa por enriquecimiento ilícito a raíz del descubrimiento de cinco departamentos en un edificio de Paraná en que las expensas las pagaba una empresa llamada Betail S.A. La revista Análisis determinó que cada uno de los departamentos tiene un valor de 150.000 dólares, aunque uno asciende a 350.000.- Los pagos de expensas los hacía Guinsel Costa y Betail figuraba a nombre de Kueider y de un empleado suyo en el Congreso Nacional.
Para redondear, también hay un expediente en Comodoro Py sobre las irregularidades en los votos de la Ley Bases, en que Kueider, sorpresivamente, se dio vuelta a última hora y votó a favor. Fue el voto decisivo. En esa causa, que instruye el fiscal Carlos Stornelli, va a declarar la semana que viene la abogada Valeria Carreras. La letrada pedirá, como es lógico, que se analicen los celulares de Kueider y otros extraños votantes de la norma que le permitió avanzar a Milei con buena parte del ajuste.
La experiencia de Pepín en Uruguay demuestra que la clave de las extradiciones está en la política, no en la justicia. El gobierno de Luis Lacalle Pou miró con pasividad que el operador transitara cómodamente el proceso de extradición pedido por la jueza María Servini. El operador pasó tranquilos tres años y medio y volvió cuando consideró que en la Casa Rosada había un gobierno afín, el de Milei. Lo mismo parece ocurrir en Paraguay. El gobierno de Peña está en sintonía con Milei y ambos se referencian en Donald Trump. Peña tendrá la última palabra. Es que una vez que termina el proceso de extradición, el que decide es el Poder Ejecutivo, porque puede otorgar un refugio aduciendo que existe una persecución política. Todo indica que nadie -y menos que menos Milei- quiere a Kueider en Argentina.
