El Ministerio de Economía dispuso la transferencia de $175.700 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el primer trimestre del año, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en el expediente CSJN 1864/2022. La decisión fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 2/26, publicada en el Boletín Oficial y suscripta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Ambos funcionarios ordenaron la reasignación de partidas dentro del Presupuesto 2026 para “atender las transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de lo dispuesto por la Medida Cautelar”, según consta en el expediente citado.
Para cumplir con ese compromiso se reservaron $175.700 millones en la cuenta “Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional”, financiados a partir de una reducción de $190.889 millones en la partida originalmente prevista para la Coordinación Fiscal con las Provincias, subjurisdicción Economía y Energía, dependiente del Ministerio de Economía. Este ajuste fue necesario para asegurar la ejecución de los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires durante el primer trimestre del año, tal como exige el fallo judicial.
Este ajuste presupuestario fue necesario para garantizar que los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires pudieran ejecutarse durante el primer trimestre del año, tal como lo exige el fallo judicial
Fuentes de Hacienda dijeron a Infobae que la partida de $175.700 millones representa la suma de los pagos mensuales programados para los tres primeros meses del año, en el marco del acuerdo cautelar alcanzado ante la Corte Suprema de Justicia el 18 de septiembre de 2024. En esa fecha, representantes del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscribieron un entendimiento para destrabar el conflicto por la coparticipación, luego de años de litigios y negociaciones.
Detalles del acuerdo y distribución de la coparticipación
Según lo establecido en el entendimiento, el pago del 2,95% de la coparticipación se realizará de forma mixta: un 1,40% se transferirá a la Ciudad por goteo diario y el 1,55% restante se abonará semanalmente.
Aunque el pacto no fijó el monto total de la deuda acumulada, estimaciones oficiales y privadas la sitúan en torno a 5.400 millones de dólares. No obstante, el desembolso autorizado para el primer trimestre cubre únicamente la porción correspondiente a ese período, sin saldar aún el total adeudado entre Nación y Ciudad.
Este esquema de pagos se implementó tras años de disputas judiciales y prolongadas negociaciones políticas, motivadas por el recorte de fondos que la Ciudad de Buenos Aires sufrió durante la administración de Alberto Fernández.
La gestión porteña presentó una serie de reclamos judiciales para revertir aquella decisión, lo que derivó en la intervención de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, en el acuerdo de septiembre de 2024.
El Gobierno Nacional decidió incorporar estos pagos en el Presupuesto 2026 con el fin de cumplir las obligaciones judiciales sin afectar el compromiso asumido frente a organismos internacionales de mantener la meta de superávit fiscal financiero.
Mecanismo de reasignación y destino de los fondos
La inclusión de los pagos en el Presupuesto 2026 se instrumenta mediante decisiones administrativas que reasignan partidas trimestralmente. Ese mecanismo permite ajustar las cuentas públicas según las transferencias exigidas por la Justicia, evitando un impacto negativo sobre el equilibrio fiscal general. La reasignación de fondos no solo cubre las obligaciones con la Ciudad, sino que también contempla otros destinos específicos.
La reasignación de fondos no solo cubre las obligaciones con la Ciudad, sino que también contempla otros destinos específicos
La diferencia de $14.343 millones resultante de la modificación presupuestaria fue destinada, según los considerandos de la norma, a incrementar la partida vigente del “Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Ese organismo, que actúa en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, recibirá recursos adicionales provenientes del convenio de subvención (opcat-144-glo/09/hc/07-b453) celebrado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De ese modo, la reasignación no solo atiende la demanda judicial, sino que también fortalece áreas estratégicas vinculadas a los derechos humanos.
Ejecución del Presupuesto y resultado fiscal al inicio del año
En paralelo a la implementación de estas transferencias, la Ley 27.798 —correspondiente al Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio fiscal 2026— fue sancionada el 26 de diciembre de 2025 por el Honorable Congreso de la Nación y promulgada por el Decreto 932/25. Los créditos y recursos se ejecutan actualmente según la distribución establecida por la Decisión Administrativa 1/2026.
El Presupuesto actualizado contempla gastos a cargo de la Administración Nacional por $148,3 billones y recursos tributarios por $148,1 billones, con un resultado final superavitario de $0,23 billones.
Según la ejecución presupuestaria registrada al 2 de febrero, la Administración Central había devengado gastos por $10,37 billones, equivalentes al 7% del total anual previsto. De ese monto, ya se habían pagado $9,25 billones.
En materia de recaudación, el Estado nacional registró ingresos por $14,56 billones, cifra que representa casi el 10% del total estimado para el año.
Estos números arrojan un resultado financiero devengado superavitario de $4,19 billones y, en base caja, un superávit de $5,31 billones.
Al 2 de febrero la Administración Central registraba un superávit devengado de $4,19 billones y se elevaba en base caja a $5,31 billones
Transcurrido el equivalente al 8,5% del año, el análisis de la ejecución muestra que sólo una partida superó la proporción de avance respecto del total previsto para el ejercicio: el “Servicio de la deuda pública”, que alcanzó el 11,2%. Esa situación se explica por la concentración de vencimientos de intereses en enero, lo que obligó a realizar desembolsos significativos en ese rubro durante el primer mes del año.
El resto de las partidas se mantiene dentro de los parámetros de ejecución programados, lo que contribuye a sostener el equilibrio fiscal en los primeros meses del año.
Perspectivas y próximos pasos
La decisión de avanzar con los pagos a la Ciudad de Buenos Aires inaugura un nuevo capítulo en la relación fiscal entre Nación y Ciudad, en un contexto donde la coordinación y el acatamiento de los fallos judiciales adquieren especial relevancia para el funcionamiento institucional.
El Gobierno Nacional deberá seguir reasignando partidas a lo largo del año, en función de la evolución de las obligaciones derivadas de la medida cautelar y del comportamiento de los recursos tributarios. El seguimiento estricto de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos serán factores claves para mantener la confianza de actores económicos y organismos internacionales.
El pago de $175.700 millones a la Ciudad de Buenos Aires durante el primer trimestre constituye un avance relevante en la resolución del conflicto por la coparticipación, aunque el debate sobre el monto total de la deuda y su forma de pago continuará en la agenda política y judicial.
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