El Ministerio de Economía de la Nación ha notificado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre la medida cautelar que frena la aplicación del decreto 462/2025 y la resolución 1240/25 de esa cartera dirigida por Luis Caputo. Esta comunicación fue enviada en las últimas horas a través de una nota interna de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Marta Novoa, al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich.
A pesar del formalismo, y aunque la carta no detalla los pasos a seguir, menciona la notificación de la medida preventiva solicitada por los sindicatos ATE y Apinta, así como la orden judicial que obliga al Gobierno a abstenerse de ejecutar actos administrativos derivados del DNU, lo que parece implicar, en la práctica, la anulación de los efectos de dichas resoluciones.
En su comunicación, el Ministerio de Economía incluyó la decisión de la Justicia Federal que ordena al Estado nacional abstenerse de realizar cualquier acto administrativo derivado del decreto 462/2025. Este fallo podría tener un impacto directo en la situación de los empleados afectados y en la operatividad de la institución.
Esta noticia surge luego de que la semana pasada se pusiera en disponibilidad a 286 trabajadores del INTA, según la resolución 1240/25 del Ministerio de Economía. Este asunto escaló rápidamente a la esfera judicial, llevando a la jueza Martina Isabel Forns a intimar al Estado Nacional para que cumpla “de inmediato” con la medida cautelar que suspendía la efectivización de dicha disponibilidad.
Paralelamente, el Congreso Nacional había rechazado de forma explícita el DNU 462/2025, debilitando así el sustento legal de las acciones administrativas que emergían de dicho decreto.
“Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto por la superioridad y de la manda judicial, se notifica lo decidido por la autoridad judicial, quedando a vuestra disposición la copia íntegra de la resolución cautelar dictada”, concluye la notaArchivo
En detalle, la nota recuerda que “el 20 de agosto de 2025 se dictó una medida cautelar cuya parte resolutiva estipula que el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de la aplicación del decreto N° 462/2025, artículos 59 a 69, incluidos reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA –, por un plazo de seis meses a partir de la notificación de la resolución judicial.”
“El 26 de agosto de 2025, el juzgado actuante ratificó y amplió la medida cautelar mencionada, disponiendo la imposición de sanciones por cada día de incumplimiento y exigiendo el cumplimiento inmediato de lo resuelto”, continúa la nota.
“Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto por la superioridad y de la manda judicial, se notifica lo decidido por la autoridad judicial, quedando a vuestra disposición la copia íntegra de la resolución cautelar dictada”, concluye.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la noticia como una victoria y expresó en la red social X: “¡Último momento! El Gobierno comunicó que cumplirá con la cautelar de la Justicia a favor de ATE, retrotrayendo la medida y evitando que haya trabajadores en disponibilidad en el INTA”.
No obstante, más allá del formalismo, la nota no aborda los pasos a seguir. LA NACION realizó consultas en el Gobierno sobre este asunto, pero decidieron no hacer comentarios.
