Quizásen la provincia de Entre Ríos se esté jugando uno de los intercambios másprofundos entre productividad en clave mercados internacionales frente a losreclamos de salud socioambiental de las comunidades. Al menos quedó claro este4 de abril, cuando el presidente Mauricio Macri declaró en conferencia deprensa en la Sociedad Rural de la ciudad de Gualeguaychú, -municipio que sedeclaró libre de glifosato e impulsa a la agroecología y a la alimentaciónsana, segura y soberana como política de estado-, que es irresponsable y faltode fundamentos científicos el fallo que protege a las escuelas rurales de lasfumigaciones terrestres por 1000 metros de distancia y aéreas por 3000 metros.
Y así como lo dijo, así las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, delAmbiente y las Asambleas de todo el país, salieron a responderle. Commodities,soja, cosecha récord, desmonte, inundaciones, sequías, transgénicos, dólares.En Argentina, donde el 90 por ciento de la población es urbana, lejos quedanlas semillas, la pala, la guadaña o los tractores del imaginario de arraigo.Sin embargo, el campo argentino es emblema, sostén y política nacional. ¿Quédebates le plantea este siglo veintiuno, hiperconectado y feminista, al modelode producción agroexportador tan histórico como actual?
El drama del glifosatoen el campo argentino y una legislación ausente
“No tenés la dimensión dela gravedad del asunto hasta que te pasa un avión fumigador por la cabeza y vesa los gurises descompuestos, vomitando, tirados sobre los bancos con muchodolor de cabeza, mareados, en la soledad de una escuela rural, en la falta deinfraestructura, dependiendo del celular y de la señal que haya. Yo llamaba alhospital de la zona, un hospital rural que tiene un sólo médico, que entoncesno podía venir. Tampoco podía cargarme yo a todos los chicos y llevarlos, notengo ese atributo, no podía hacerlo”, describe con ojos vidriosos MarielaLeiva, docente integrante de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos(AGMER), sindicato de base de CTERA, en los pasillos de la Facultad deMedicina de la Universidad de Buenos Aires en una Jornada organizada por laCátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición.
Estereclamo llevó a una denuncia en la localidad de Santa Anita, a pocoskilómetros de Basavilbaso (pueblo de Fabián Tomasi, el operador de una empresade fumigación que falleció el año pasado con una polineuropatía tóxica por laexposición a los químicos) y, después de tres años, se condenó al productor, alpresidente de la empresa de aviación y al piloto a un año y seis meses deprisión en suspenso. “Esto va más allá de las ganancias económicas, estopasa por los Derechos Humanos”, concluye Leiva.
Los docentes de AGMER selevantaron con la campaña Paren de Fumigar las Escuelas. Pero fue la muerte deAntonella González de 8 años de leucemia por intoxicación el 6 de noviembre de2017 y la convocatoria de su madre, Natalia Bazán, la que sacudió a la sociedadentrerriana y generó la movilización y unión de las asambleas socioambientalesde la provincia en la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos:Basta es Basta.
Desde el 16 de enero de 2018, caminan llueva o hierva elcemento de calor cada semana, inspirados por las marchas de los jueves de lasMadres de Plaza de Mayo, en las Rondas de los Martes. Con velas, alrededor dela Casa de Gobierno de Paraná llevan en silencio carteles que aseguran que losagrotóxicos matan.
Vale poner en la discusión que quienes piden que el modelo productivo virehacia la agroecología (una Ley de Agroecología ya tiene media sanción en lalegislatura provincial) llaman a los fitosanitarios o agroquímicos,agrotóxicos, porque los consideran formulaciones químicas de comprobada toxicidado biocidas según su función porque están diseñados para matar: matan la vida dehongos, de plagas, de hierbas. La Organización Mundial de la Salud declaró alglifosato, conocido como “mataplantas”, como posible cancerígeno y elEspacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA) de laUniversidad de La Plata comprobó que la cuenca del Paraná es una de las máscontaminadas en el mundo con este y su producto de degradación, el AMPA.
También lo encontró en aguas de lluvia, en frutas y verduras y en productos dehigiene de algodón como gasas, tampones, toallas íntimas, hisopos. Este debateen el territorio de las curvas, las ondulaciones, los ríos y riachos, vienedanzando con fuerza legal entre la sociedad y el gobierno del peronista GustavoBordet desde octubre de 2018, cuando la Justicia provincial falló en primerainstancia a favor del amparo presentado por AGMER y el Foro Ecologista deParaná sobre las distancias de las escuelas para las fumigaciones. El gobiernoapeló, y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) vuelve a ratificar elfallo y le pide al gobierno que estudie la situación teniendo en cuenta lapreservación de la salud de la población. El 2 de enero se publica el Decreto4407 que recortaba las distancias a 100 metros por fumigación terrestre.
“Nosotros consideramos que se violaba el espíritu del fallo en primerainstancia del camarista Oscar Daniel Benedetto y decidimos hacer un segundoamparo pidiendo la nulidad del decreto”, comparte desde Paraná DanielaVerzeñassi, arquitecta miembro del Foro Ecologista. Al empezar este mes, unosdías antes de la polvareda levantada por el presidente Macri, el gobiernoprovincial había apelado el segundo fallo que atendía la demanda y anulaba eldecreto de enero. “Como el gobierno apela a este segundo amparo en el quepedimos la nulidad del decreto, se constituye el STJ y les toca a los juecesque habían fallado la vez anterior, pero se excusaron. Nosotros rechazamos esaexcusación diciendo que no corresponde al funcionamiento del Tribunal”, continúala asambleísta.
La historia continuará estas semanas. Aldana Sasia,una de las abogada a cargo de los amparos explica: “Si no tuviéramos suficienteinformación científica objetiva, digo objetiva porque es sabido que losestudios de los fabricantes han sido maliciosamente ocultados (se refiere a lostres juicios que la firma Monsanto perdió en Estados Unidos por este motivo, ylos 11200 que lo esperan, sólo en Estados Unidos), se podría aplicar elprincipio de precaución, un bastión del derecho ambiental y el que funcionacuando la relación causal entre una determinada tecnología y el daño temido noha sido aún comprobada de modo pleno, existe Incertidumbre científica y esjustificación para evitar la propagación de un daño”.
La abogada recuerda quecon los casos de enfermedad de los niños de las escuelas rurales y con losdatos relevados por los campamentos sanitarios a cargo del doctor DamiánVerzeñassi de la Universidad Nacional de Rosario, existe evidencia de unnotable aumento de enfermedades como labio leporino, leucemia, abortosespontáneos, infertilidad, cáncer, malformaciones congénitas. Pero frente atamaño reclamo, Sasia aclara: “ninguno de nosotros desea perjudicar laactividad agrícola, no queremos que el campo deje de producir, queremos que seproduzca de otro modo, saludable para la población”.
