En el marco de una investigación judicial iniciada en mayo de 2025 por una presunta estafa en la compraventa de ganado pagada con cheques sin fondos —que derivó en el secuestro de 1060 animales en un feedlot del sur de Córdoba—, Carlos Lanser, consignatario ganadero y titular del establecimiento allanado en la localidad de Chaján, negó cualquier vinculación con la maniobra investigada y rechazó haber encubierto a los imputados en la causa.
En diálogo con LA NACION, el empresario cuestionó la hipótesis de la fiscalía de La Pampa, que sostiene que la hacienda retirada de su campo pertenecería a la empresa denunciante. Afirmó que los animales secuestrados no corresponden a esa firma y que su origen puede acreditarse con documentación comercial y sanitaria completa. Señaló, además, que se trata de hacienda adquirida en operaciones regulares —principalmente en ferias— con facturas, marcas y caravanas debidamente identificadas.
El momento en que se llevan los animales del campo de Carlos Lanser
“La hacienda que se llevaron no es de San Jorge Cereales [como informó la fiscalía]. Tenemos toda la trazabilidad, factura por factura, caravana por caravana. Esto es una aberración”, afirmó Lanser, visiblemente molesto por el operativo realizado el viernes y el sábado pasado, en el marco de una causa que investiga una estafa millonaria vinculada a la compraventa de ganado.
Según informó la fiscalía, la causa tiene como imputados por la estafa a Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, una pareja de General Pinto, Buenos Aires, representantes de la firma San Pablo Oeste SA, quienes fueron acusados por el delito y permanecieron tres meses con prisión domiciliaria en General Pico. Actualmente se encuentran en libertad, aunque con medidas restrictivas. Según la investigación, la firma damnificada es San Jorge Cereales y Hacienda SA, con sede en Rancul, que denunció el desapoderamiento de 1133 animales.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras el desapoderamiento la hacienda habría sido trasladada inicialmente a un campo de la provincia de Buenos Aires administrado por San Pablo Oeste SA —hoy en concurso preventivo—. Desde la fiscalía sostienen que, a mediados del año pasado, fue movida de forma considerada “sospechosa” al predio Carlos Tercero, en Chaján, administrado por Lanser a través de su empresa Agropecuaria La Madera SA. Ese recorrido motivó el allanamiento y el secuestro de los animales. Un hecho que Laser niega.
Según informó la Fiscalía pampeana, los 1060 vacunos secuestrados, compuestos por vacas, vaquillonas preñadas y toros, fueron entregados a la empresa denunciante en carácter de depositaria judicial y trasladados posteriormente a un campo de su propiedad ubicado en Fortuna, San Luis.
Según explicó Lanser, a lo largo de su trayectoria ha concretado algunas operaciones con San Jorge Cereales y Hacienda SA, siempre dentro de transacciones formales. “Nosotros hemos tenido operaciones todas pagadas en tiempo y forma; jamás dejamos de pagar una vaca”, remarcó. En ese marco, enfatizó que esa operatoria no tiene vinculación alguna con la hacienda secuestrada, que —aseguró— fue adquirida en operaciones independientes, legales y plenamente documentadas.
“Nosotros no tenemos ni tuvimos esa hacienda. La que estaba en el campo fue comprada en feria, con documentación, marcas y caravanas perfectamente identificadas”, sostuvo. Y agregó: “Hace 87 años que somos consignatarios y jamás dejamos de pagar una vaca. Incluso vendimos propiedades nuestras para cumplir con compromisos comerciales”.
Uno de los puntos más sensibles del descargo del empresario apunta al modo en que se realizó el allanamiento. Según denuncia, el procedimiento fue “improcedente” desde el punto de vista legal y vulneró el derecho a la propiedad privada. “No se verificaron correctamente las marcas ni las caravanas; se cargó hacienda de noche sin discriminar categorías, sin saber si eran machos, hembras o preñadas. Así no se hace un secuestro de ganado”, afirmó.
La hacienda fue encontrada en un feedlot de Chaján, en Córdoba
En esa línea, Lanser sostiene que en el operativo no se tuvo en cuenta la documentación que —según asegura— estaba disponible en el establecimiento para demostrar el origen de los animales. Por ello, consideró incorrecto calificar el procedimiento como un “recupero”, ya que, en su visión, se avanzó sobre hacienda que no pertenecía a la empresa denunciante.
Lanser confirmó que ya inició presentaciones judiciales en distintas jurisdicciones para revertir la situación. Indicó que realizó actuaciones tanto en La Pampa como en Córdoba y en el fuero federal, y sostuvo que la causa carece de sustento probatorio. A su entender, no existen elementos que permitan sostener ni la estafa ni el encubrimiento que se le atribuyen.
“La causa no tiene sustento, se cae sola. No hay estafa ni encubrimiento de nuestra parte”, afirmó. Al mismo tiempo, denunció: “nos sustrajeron 1000 animales que eran de nuestra propiedad”.
