La feria judicial de verano asoma más tranquila que la del año pasado: las causas por corrupción más sensibles quedaron prácticamente planchadas hacia fines de 2025 y otras ya transitan etapas próximas al juicio oral. En enero de 2025 la escena había estado dominada por el pleito por la prisión preventiva del exgobernador Sergio Urribarri —que terminó liberado en una decisión polémica—, por lo que nadie en el ámbito judicial busca sobresaltos similares para este enero. Gisela Schumacher y Leonardo Portela son los únicos vocales del Superior Tribunal de Justicia que trabajarán en los primeros días de enero; los demás vocales en feria provienen de instancias inferiores. El juicio político contra la vocal Susana Medina de Rizzo, que el poder político parece dispuesto a dejar vencer, ya causó un fuerte desgaste en el máximo tribunal provincial.
Según el calendario oficial, enero quedó dividido en tres períodos, con dos jueces en cada uno ocupando las vocalías del STJ, y Schumacher presidiendo el órgano durante toda la feria, del 1° al 31 de enero.
Portela (presidente saliente del STJ) y Gabriela Teresita Mastaglia (vocal de la Cámara Segunda Civil y Comercial) estarán de turno del 1° al 11 de enero. Marcelo Javier Marchesi (idéntico cargo que la anterior) y Adriana Beatriz Acevedo (vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) lo harán del 12 al 23 de enero. Finalmente, María Gabriela López Arango (vocal de la Cámara Laboral) y Mariano Andrés Ludueño (también de la Cámara Civil y Comercial) cubrirán del 24 al 31 de enero.
Enero de 2025 tuvo jornadas frenéticas: se trataron recursos de los defensores de Urribarri, de su cuñado Juan Pablo Aguilera y del exministro Pedro Báez —condenados por corrupción— contra la prisión preventiva dispuesta por la Cámara de Casación Penal de Paraná. La Sala Penal en feria, por mayoría, hizo lugar a la impugnación extraordinaria y revocó esa decisión por “arbitrariedad” respecto de Urribarri y Aguilera. Portela y Germán Carlomagno votaron a favor y Miguel Giorgio en contra. Báez, en tanto, permaneció preso hasta febrero, cuando le otorgaron prisión domiciliaria que cumple en su quinta de la calle Jozami, en Paraná.
Durante la feria, el Poder Judicial atiende principalmente asuntos urgentes e imposibles de reparar con posterioridad, como los recursos de amparo. En su momento, abordar la prisión preventiva en feria fue considerado polémico y, para algunos, un privilegio; por eso, en este enero de 2026 no se prevén situaciones que puedan volver a poner en vilo al sistema judicial ni suscitar presiones desde sectores vinculados a causas por corrupción.
En el Poder Judicial siguen con atención el correr de los días hasta que venza el plazo que tiene la Cámara de Diputados para expedirse sobre las denuncias y el pedido de juicio político y destitución de Medina de Rizzo: la fecha límite es el 5 de enero. La magistrada viajó al exterior para pasar las fiestas con su familia y no retomará sus funciones en el Palacio de Justicia de la calle Laprida 250 al menos hasta los primeros días de febrero; su nombre no figura en la lista de vocales en feria. Además, se mantiene la expectativa ante versiones sobre un posible inicio del trámite jubilatorio, dado que muchos de sus pares no ven con buenos ojos la permanencia de una vocal cuestionada por investigaciones publicadas por ANÁLISIS —basadas en información oficial del propio STJ— y por las denuncias presentadas en la Legislatura, porque consideran que las irregularidades detectadas en los últimos años salpican al resto de las autoridades.
Hasta el último día hábil de 2025, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político no había publicado el dictamen que afirmaban haber firmado; luego no lo presentaron ni se convocó a una sesión de la Cámara baja para tratar las denuncias. Como informó ANÁLISIS, desde el Poder Ejecutivo se presionó para que la oposición rubricara un dictamen de no acusación a Medina de Rizzo, propuesta que el peronismo rechazó (aunque sin pronunciarse a favor de la acusación). Ante esa situación, la estrategia del oficialismo cambió: buscan que las denuncias —presentadas por un docente jubilado y por la ONG Entre Ríos Sin Corrupción por ausencias y viajes disfrazados de capacitación, demoras prolongadas en la resolución de causas de la Sala Laboral, entre otros puntos— terminen archivadas por el vencimiento del plazo de 30 días que establece la ley que regula el juicio político.
