La reforma del aparato de Inteligencia impulsada por el presidente Javier Milei abrió dos nuevos frentes en el Congreso. Los cambios se aplicaron mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y afectan la Ley de Inteligencia Nacional. Son dos factores jurídicos y legislativos que anticipan la pelea que se avecina.
El proceso comenzará dentro de 10 días, siempre que las autoridades del Congreso constituyan y pongan en funcionamiento el organismo legislativo encargado del control del aparato de espionaje estatal, con cabecera en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Entre los organismos permanentes del Congreso es el más importante, aunque no el único.
“Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar la urgente regularización y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista en la Ley 26.122, y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, creada por la Ley 25.520, en cumplimiento del mandato otorgado por el pleno de ambas cámaras y conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional”, sostiene la carta que firmó un grupo de integrantes del interbloque Unidos y de Unión por la Patria dentro de la Cámara Baja. El texto fue dirigido al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para que resuelvan con celeridad la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos firmados por el Presidente, y de la Comisión Bicameral que controla a los organismos de inteligencia.
Según la carta a la que accedió PERFIL, los diputados opositores reclamaron que “una vez remitido por el jefe de Gabinete de ministros el decreto de necesidad y urgencia N° 941/2025, dentro de los plazos establecidos por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, se le dé giro de inmediato a las comisiones mencionadas para su correspondiente evaluación. En particular, respecto de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, a fin de que se expida sobre la validez del citado decreto dentro el plazo de 10 días hábiles fijados por la Ley 26.122”. La Constitución otorga 10 días al jefe de Gabinete para enviar el DNU al Congreso. La Bicameral dispone de otros 10 días para analizarlo y expedirse; si no lo hace, el texto puede ser tratado de oficio por ambas cámaras. El año pasado, los dos recintos anularon el DNU 656, que ampliaba los fondos reservados de la SIDE en 100.000 millones de pesos: fue la primera vez que cayó un decreto desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26.122 que regula la validez de los DNU. Con la nueva composición del Congreso se abre ahora una pulseada de final incierto.
