En la noche del jueves 12 de junio de 2025, un operativo policial en Paraná, Entre Ríos, desató una fuerte controversia tras la demora de cinco jóvenes militantes de La Cámpora, de entre 20 y 30 años, mientras realizaban pintadas en un cartel publicitario en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Lo que comenzó como una intervención rutinaria, tras un llamado al 911 por parte de vecinos, escaló con el rastreo del vehículo de los involucrados mediante el sistema de videovigilancia y una requisa ordenada por la fiscalía, generando acusaciones de “persecución política” por parte de la oposición.
Dos días después, el 14 de junio, el presidente del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos, José Cáceres, expresó su solidaridad con los militantes demorados a través de un comunicado enviado a INFORME DIGITAL, criticando duramente al gobernador Rogelio Frigerio.
“Frigerio usa a la policía para amedrentar militantes, cuando debería estar ocupándose de la seguridad de la gente”, afirmó Cáceres.
Y calificó la detención como “una exageración y una pésima señal del gobierno de la provincia”. Según el dirigente peronista, demorar a cinco jóvenes por una pintada política refleja la “doctrina de la mano dura” que, a su juicio, “está causando mucho daño en la provincia”. Cáceres llamó al gobernador y a su ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, a “poner un poco de racionalidad a la gestión” y priorizar el respeto hacia los ciudadanos.
El hecho también generó repercusiones entre otros referentes de Unión por la Patria. La diputada nacional Carolina Gaillard exigió explicaciones a Roncaglia, afirmando que “no fue un acto de vandalismo, fueron pintadas de protesta”. Gaillard, junto a los legisladores provinciales Cora y Ledesma, cuestionó la proporcionalidad del operativo, que incluyó el uso de cámaras de seguridad y una requisa vehicular, y lo calificó como un acto de intimidación hacia el kirchnerismo. “La policía de Frigerio” fue el término utilizado por los legisladores para señalar al gobernador.
Desde el punto de vista legal, las pintadas podrían encuadrarse como una contravención menor según el artículo 60 del Código de Faltas de Entre Ríos, que regula actos de daño a la propiedad pública o privada y establece sanciones como multas o trabajos comunitarios. Sin embargo, los militantes fueron liberados tras algunas horas, y aún no se ha aclarado si enfrentarán cargos formales o si el caso será tratado como una infracción menor. La falta de información oficial sobre el expediente mantiene la incertidumbre sobre el desenlace judicial.
Cáceres contextualizó el hecho como parte de una tendencia preocupante: “No es un hecho aislado, desde hace un tiempo vemos cómo la violencia y el atropello hacia la gente se ha vuelto una constante de parte del Gobierno que se sube a la ola de Milei y Patricia Bullrich sin medir las consecuencias”. El presidente del PJ entrerriano defendió las pintadas como “una práctica habitual entre la militancia” y expresó su apoyo a los jóvenes, quienes, según él, “tuvieron que pasar por un momento incómodo y violento, sólo por expresarse”. Finalmente, Cáceres llamó a recuperar la convivencia pacífica en la provincia: “Los entrerrianos estamos acostumbrados a convivir sin agresiones y en libertad”.
La controversia pone en el centro del debate la relación entre el gobierno de Frigerio y las organizaciones peronistas, en un contexto de creciente tensión política. Mientras algunos sectores denuncian un intento de criminalizar la protesta, otros advierten sobre la necesidad de regular actos que afecten la propiedad pública, dejando abierta la discusión sobre los límites de la expresión política y el accionar policial.
