El gobierno nacional anunció este jueves una serie de medidas que flexibilizan los controles impositivos, con el objetivo de que los argentinos “saquen los dólares que tienen en el colchón”. Manuel Adorni, vocero presidencial, adelantó que el plan se implementará inicialmente por decreto, y que en una segunda etapa se enviará un proyecto de ley al Congreso.
Desde la Casa Rosada, explicaron que la nueva ley será necesaria para “blindar a los ahorristas a futuro”, ya que “quienes delinearon el marco normativo actual, persecutor y expulsor, se presentan cada cuatro años a elecciones”.
Ante una consulta de Infobae, fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reconocieron que aún no se conocen los detalles del proyecto ni hay una fecha tentativa para comenzar su tratamiento.
No es la primera vez que el Gobierno anuncia un nuevo proyecto legislativo que no se concreta, por lo que la mayoría de los bloques se manejan con cautela y aseguran que, antes de posicionarse, necesitan conocer la “letra chica” del texto. “Seguimos esperando el tema de que los extranjeros paguen por la salud, por ejemplo”, señaló una diputada de un bloque dialoguista.
Hasta que no haya más información, los bloques evitarán tomar postura, aunque varios diputados ya han comenzado a expresar críticas y apoyos a título personal.
“Esto está muy bien; es un golazo del Gobierno. Debido a la inflación y la locura burocrática había que informar operaciones de montos ridículos. Está perfecto que el ARCA se concentre en la fiscalización de grandes contribuyentes”, publicó Martín Tetaz en las redes sociales.
En la misma línea, otro legislador de la UCR comentó a este medio que el ministro Luis Caputo lanzó el plan por su “necesidad de monetizar la economía” y afirmó que “es correcto reducir regímenes de información absurdos que solo complican a quienes están dentro del sistema”. Sin embargo, subrayó que la carga impositiva sigue siendo alta y que abordar ese punto es “urgente”.
Advirtió, no obstante: “Un blanqueo permanente con esta carga actual, especialmente con afirmaciones como que el que no evadió es porque le faltó talento, corre el riesgo de generar una creciente informalidad por mayor evasión”.
Entre las medidas anunciadas hoy se encuentra la derogación de varios regímenes informativos. Se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de ser obligatorios los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas superiores a $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía. Además, a partir de hoy, los consumos hasta $10 millones y movimientos financieros de hasta $50 millones quedarán bajo el radar del Gobierno.
Esta situación genera preocupación entre quienes se oponen a la iniciativa, quienes advierten que podría ser utilizada por el narcotráfico. “El tema de los narcos no le preocupa al Gobierno, y seguramente tampoco a una parte de la población, hasta que sus hijos terminen como zombies o con una bala en el abdomen”, reflexionó una diputada radical disidente de Democracia para Siempre.
Desde las filas del peronismo y la oposición dialoguista recordaron que a inicios de la década de 1990, el gobierno de Carlos Menem implementó medidas para integrar al sistema los dólares no declarados.
“Mayo 2025 vs. Mayo 1992. Mismo manual, mismas medidas: ajuste, importaciones, dolarización, desempleo, tarifazos, represión. Lo que iba a liberar a los argentinos en los ’90 nos sometió”, planteó el peronista Martín Soria, acompañando el posteo con la imagen de un anuncio de un diario de la época.
Las críticas hasta el momento provienen mayormente de bloques que han sido opositores al oficialismo o de sectores dialoguistas que actualmente atraviesan tensiones con la Casa Rosada. Por lo tanto, los libertarios deberán recurrir, si pretenden aprobar el proyecto este año, a sus habituales aliados del PRO, la UCR y los gobernadores, quienes esta semana volvieron a colaborar para hacer caer la sesión en la que se trataría una recomposición de las jubilaciones.
