El Gobierno completó el trámite legal y remitió al Congreso el decreto para side-estan-mas-expuestos-nuestros-datos.phtml">transformar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida despertó el malestar de la oposición y de organizaciones de derechos humanos por los nuevos poderes que se le conceden a la entidad. Lo que más preocupa es que ahora los agentes podrán detener a una persona sin que lo solicite previamente un juez. Para muchos sectores, esto vulnera las reglas básicas de la Constitución y el respeto hacia los ciudadanos.
Ahora corre el plazo: el Congreso dispone de diez días hábiles para revisar el decreto. Pero existe un escollo administrativo: la comisión especial encargada de analizar estos decretos todavía no existe. Los jefes de las cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, no designaron a los legisladores que deben integrarla. La oposición interpreta que se trata de una maniobra para ganar tiempo y mantener el decreto vigente mientras se demora la discusión.
Ante la inactividad de la comisión, los diputados opositores optaron por otra vía. La ley establece que si transcurren los diez días y la comisión no se pronuncia, cualquiera de las cámaras puede solicitar que el decreto se vote directamente en el recinto. Por eso ya marcaron la primera semana de febrero en el calendario para intentar tumbar la medida en una sesión especial. La idea es no esperar a que el oficialismo decida cuándo debatir.
Para anular un decreto de este tipo se necesita que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores voten en contra. En la Cámara baja, la aritmética está muy ajustada. Si ese día están todos presentes, hacen falta 129 votos para rechazarlo. Hoy, los legisladores que se oponen a otorgarle tanto poder a la SIDE dicen que ya cuentan con unos 122 votos y esperan convencer a algunos indecisos en las próximas semanas.
El arco que rechaza el decreto es bastante variado. Están los diputados de Unión por la Patria, la izquierda y varios bloques del medio como la Coalición Cívica y el socialismo. También se sumaron figuras sueltas como Natalia De la Sota y Marcela Pagano. Todos coinciden en una cosa: no había ninguna “urgencia” real para sacar estos cambios por decreto. Sostienen que un tema tan sensible se tendría que haber discutido como una ley normal.
La discusión no es solo por los papeles, sino por el miedo a los abusos. Los opositores advierten que permitir que la SIDE detenga a personas es peligroso para la democracia y la división de poderes. Mientras tanto, la Justicia recibió varios pedidos para declarar que el decreto es nulo y que no puede aplicarse. Por ahora, los jueces no actuaron porque están de vacaciones, pero el asunto explotará apenas se reanude la actividad judicial en febrero.
Los antecedentes y lo que puede pasar ahora
No es la primera vez que el Gobierno choca con el Congreso por este tema. El año pasado, los legisladores ya le frenaron otro decreto que le daba muchísima plata a la SIDE sin explicar en qué se iba a gastar. Ese fue un golpe histórico, porque marcó un límite claro a lo que Javier Milei puede decidir por su cuenta. Ahora, el conflicto se repite, pero con un tema todavía más delicado: la libertad de las personas y el rol de los agentes secretos.
Si las dos cámaras votan en contra en febrero, el decreto muere automáticamente y pierde toda validez. Esto obligaría al Gobierno a dar marcha atrás con todos los cambios y volver al sistema que funcionaba antes. Sería una derrota política muy fuerte para la Casa Rosada, que apostó a fortalecer la dnu-la-ley-de-inteligencia-y-santiago-caputo-podra-ahora-ordenar-la-detencion-de-personas.phtml">inteligencia como uno de los pilares de su gestión. Por eso, el oficialismo intentará por todos los medios evitar que la oposición logre juntar a todos sus diputados.
La gran duda es qué pasará si la Justicia interviene antes que los políticos. Si un juez decide que el decreto es inconstitucional, la SIDE no podrá usar sus nuevas facultades aunque el Congreso todavía no haya votado. El mes de febrero será clave para ver quién gana esta pulseada entre el poder del presidente, los legisladores que quieren controlarlo y los jueces que deben vigilar que se cumpla la Constitución.
TC/DCQ
