
La discusión por el fortalecimiento y blindaje del presupuesto universitario resultó, en 2024, en una ley sancionada por la oposición que fue posteriormente vetada por Javier Milei, sin que pudiera ser rescatada a pesar de la insistencia de un grupo de diputados radicales con espíritu libertario, entre otros. Tras meses de inactividad, la comisión de Educación del Senado se reunirá mañana, con la casi segura reelección del kirchnerista Eduardo de Pedro (Frente de Todos-Buenos Aires) en la presidencia, y buscará impulsar nuevamente este tema de manera urgente.
El debate se desarrollará una semana después de las elecciones porteñas, y por el momento incluye algunas reuniones de comisiones para constituirse y avanzar con una agenda que no presenta mayores discordias. Paralelamente, se estará observando de cerca al recinto de Diputados y la posibilidad de forzar un análisis sobre el mismo asunto, donde no se pudo insistir tras el veto de Milei.
El año pasado, el kirchnerismo, descontento con la distribución de los integrantes de las comisiones, evito conformar varias de ellas durante meses. Por ejemplo, la de Educación comenzó a sesionar a finales de agosto, bajo la presidencia de De Pedro. En Diputados se había acelerado el blindaje presupuestario para las universidades, lo que permitió que el principal bloque opositor impulsara un dictamen que llegó al Senado en septiembre y fue aprobado por dos tercios de los legisladores de la Cámara alta.
En la votación general, la iniciativa recibió 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. El texto fue respaldado por tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri, quien siempre lo apoyó y fue elegida legisladora porteña el domingo, junto al exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta; el entonces jefe de la bancada, Luis Juez, cercano a Milei; y la tucumana Beatriz Ávila, actual presidenta de la comisión bicameral que controla la Biblioteca del Congreso. La pampeana Victoria Huala se abstuvo, mientras que los opositores Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Martín Goerling (Misiones) y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos), actual presidente del bloque macrista, votaron en contra, justo en un contexto donde su partido tuvo una elección local desastrosa en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley vetada por el Ejecutivo preveía un ajuste en los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción del proyecto, con un impacto presupuestario estimado en $738.595 millones, equivalentes al 0,14% del PBI para el ejercicio 2024.
Adicionalmente, el texto estipulaba la actualización de los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos operativos de las universidades al inicio del ejercicio 2024, en función de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, y posteriormente ajustes bimestrales basados en la inflación, tras descontar los aumentos ya otorgados durante el año. Además, el proyecto especificaba que, en caso de que una paritaria mejorara la normativa a sancionarse, esta tendría prioridad sobre cualquier otra cláusula.
Lo que se dijo en el recinto
“¿Qué hicieron cuando eran gobierno y no se subió un peso a todas las instituciones?”, inquirió el libertario Bruno Olivera, quien mencionó revisiones que detectaron fondos que “no se canalizaron de manera eficiente”. Olivera subrayó que, al inicio de la gestión de Milei, se transfirieron de inmediato $14.000 millones que “se debían” -con un retraso de 60 días- del último gobierno kirchnerista. “Un país que apuesta al desorden está destinado al fracaso. Tenemos una meta clara de equilibrio fiscal y no se negocia”, concluyó.
Por su parte, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) afirmó: “De un lado tenemos a la comunidad educativa esperando la sanción y la implementación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades y los salarios de docentes y no docentes, quienes han perdido el 45% de su poder adquisitivo desde diciembre, incluso por debajo en un 15% respecto al resto de los trabajadores estatales”.
Seguidamente, destacó: “Del otro, un presidente que ya decidió vetar la ley”. Y añadió: “¿Se comprende la magnitud de semejante contraste? Una sociedad que demanda recursos para la educación y un gobierno que se los niega. Por eso, el papel del Congreso es fundamental. Por eso no es lo mismo cómo nos posicionamos en este tema. Más que nunca, tenemos que representar fielmente a quienes, con su voto, nos confiaron la responsabilidad de ocupar estas bancas.”
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