EL CALAFATE, Santa Cruz.- Un conflicto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) ha sumado un nuevo episodio. A través de una presentación judicial, el organismo nacional ha puesto en entredicho la legitimidad de la representación legal del presidente de la organización agropecuaria, el productor Enrique Jamieson. Recientemente, Jamieson elevó un amparo ante la Justicia federal de Río Gallegos con el objetivo de frenar la flexibilización de la barrera sanitaria de la Patagonia, medida que permitió la entrada de asado a la región y generó preocupaciones sobre la continuidad de las exportaciones de carne de cordero patagónico hacia otros mercados, como Chile.
El Senasa, a raíz de la resolución 460/2025, emitida en junio pasado, avanzó con la flexibilización del estatus sanitario patagónico, que mantenía una condición libre de aftosa sin vacunación durante las últimas dos décadas. Sin embargo, la vía judicial permanece abierta, y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia deberá pronunciarse sobre el amparo que fue rechazado en primera instancia.
Todo comenzó con el amparo presentado por Jamieson, en su calidad de presidente de la FIAS, quien buscaba que la Justicia impidiera la implementación de la medida. Él argumentó que esta apertura no solo pone en riesgo el estatus sanitario de la Patagonia, sino que también su solicitud de intervención judicial era una preocupación legítima del sector ganadero, que observa con inquietud el futuro de los mercados externos para la venta de cordero patagónico. Chile ha suspendido las importaciones de carne argentina, y en la Patagonia existe alarma por el futuro de la venta de reproductores bovinos hacia el vecino país, que había comenzado a considerarse como una opción comercial.
El juez federal Claudio Vázquez desestimó el amparo de Jamieson, quien también preside la Sociedad Rural de Río Gallegos, al considerar que el productor no había acreditado adecuadamente su representación legal de la Federación. Según la sentencia, su designación como presidente no fue realizada mediante la votación secreta de delegaciones —como exige el estatuto— ni fue registrada ante la autoridad competente. Por lo tanto, el juez determinó que carecía de legitimación activa para actuar judicialmente en nombre de FIAS.
Jamieson apeló la decisión, afirmando que su elección fue legítima y que el estatuto de FIAS permite que el vicepresidente, cargo que ocupaba anteriormente, asuma la presidencia ante la renuncia del titular, sin necesidad de una nueva convocatoria electoral. Además, argumentó que la inscripción registral tiene un carácter declarativo y no constituye un requisito para ejercer su representación.
El pasado viernes, el Senasa, alineándose con el juez federal, rechazó el amparo y también cuestionó la representación legal de su presidente, Jamieson, para liderar el reclamo judicial en nombre de la institución agropecuaria. Afirmaron que Jamieson no cumplió con el requerimiento judicial de presentar la documentación que verifique su personería jurídica, y que su designación no fue registrada ante la autoridad competente, tal como exige la Ley Provincial N° 3801 y el Código Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, el organismo afirmó que FIAS no tenía una representación válida para actuar judicialmente contra el Senasa.
Asimismo, señalaron que la política sanitaria relacionada con la fiebre aftosa es competencia exclusiva del Estado Nacional, y que la resolución objetada por FIAS se enmarca dentro de leyes nacionales de orden público —como la Ley 24.305 y la Ley 27.233— que atribuyen al organismo plenas facultades para definir estrategias de prevención y control. “Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar el estatus sanitario de todo el territorio nacional, sin exclusiones ni prerrogativas de ninguna provincia, como pretenden los actores”, sostiene la presentación judicial del Senasa.
En su escrito, el organismo sanitario solicitó que se declare desierta la apelación presentada por FIAS, argumentando que no contiene una crítica razonada a la sentencia de primera instancia.
Ahora, será la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la encargada de resolver no solo la legitimidad procesal de Jamieson como representante de la FIAS, sino también si corresponde revisar la política sanitaria nacional que afecta directamente a la producción ganadera patagónica.
