Después de meses tratando de constituir la comisión investigadora del caso $Libra —encargada de examinar el accionar del presidente Javier Milei y otros funcionarios en el contexto del escándalo vinculado a la criptomoneda—, los diputados se reunieron nuevamente, pero no lograron avanzar en la elección de autoridades. A pesar de ello, varios expositores y especialistas convocados por los legisladores participaron de la jornada.
La reunión estaba pautada para comenzar a las 16 horas. Este fue el tercer encuentro de dos previstos con el fin de lograr la conformación de la comisión.
Dada la obstrucción del oficialismo para la designación formal de un presidente, la coordinación fue asumida por el secretario parlamentario, Adrián Pagán.
El relanzamiento de la comisión surgió por la presión de varios bloques opositores, que solicitaron aclaraciones sobre el escándalo relacionado con la fallida criptomoneda promovida por sectores vinculados al oficialismo. En este marco, estuvieron involucrados empresarios, funcionarios, abogados, periodistas, y el propio presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Antes del inicio de la reunión, ya era de conocimiento que los hermanos Milei no estarían presentes. Por esta razón, la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, solicitó que se informe oficialmente quiénes, en caso de ser citados, rechazan testimoniar.
En esta oportunidad, el Congreso de la Nación convocó a los organizadores del Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy. Sin embargo, ambos se ausentaron.
En la lista de convocados también estaban los periodistas Irina Hauser y Alejandro Bercovich, junto a otros especialistas.
La jornada estuvo marcada por múltiples interrogantes. Inclusive, la Coalición Cívica decidió retirarse ante la falta de una conformación oficial del organismo y el retraso en la elección de las autoridades. “Desde la Coalición Cívica propusimos citar a declarar a algunos de los principales responsables del lanzamiento de la criptomoneda: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Ninguno de ellos asistió. Tampoco lo hicieron otras personas señaladas en el marco de esta causa”, escribió Maximiliano Ferraro en sus redes sociales.
En esa línea, agregó: “A pesar de esto, se “acordó” continuar la reunión como si se tratara de una comisión ordinaria, escuchando a periodistas y especialistas, vaciando de contenido y desnaturalizando la función investigadora para la cual fue creada”. Además, criticó que no se “citó bajo apercibimiento” a los implicados.
La comisión investigadora fue establecida el 8 de abril con la aprobación de la Cámara de Diputados. Está compuesta por 28 legisladores de distintos bloques, cuyo objetivo es reunir documentación, tomar declaraciones, solicitar informes y elaborar un dictamen sobre el caso $Libra.
Según el reglamento, el plazo para concluir la investigación es de 90 días, y el informe final debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la finalización de este período. De no respetarse dichos plazos, la comisión se consideraría extinguida.
Según fuentes de la oposición, el propósito sería utilizar la comisión como espacio para convocar a funcionarios y avanzar en investigaciones que consideran detenidas por La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados. “Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan, porque el objetivo es evitar que la comisión opere”, denunció Fernando Carbajal antes de la reunión, anticipando la estrategia que seguirían los principales involucrados.
“Ante esta situación, nosotros impulsaremos el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde lograremos investigar y garantizar que los corruptos no queden impunes, que es lo que pretenden el bloque oficialista y sus aliados”, manifestó el diputado en diálogo con Infobae.
La controversia en la comisión $Libra radica en la disputa por la presidencia. En abril, el presidente del bloque MID, Oscar Zago, propuso a Marcela Pagano como presidenta, pero esta designación no fue reconocida por la conducción de la Cámara Baja, encabezada por Martín Menem. Desde entonces, la comisión ha quedado sumida en un limbo reglamentario.
Menem impide el avance en la comisión, que tiene la autoridad para iniciar procesos acusatorios contra el presidente, los ministros y los jueces de la Corte. La ruptura entre el titular de Diputados y la presidenta de la comisión de Juicio Político agrava el estancamiento, dado que no existen contactos formales para resolver la disputa interna entre los libertarios.
Desde febrero, Unión por la Patria mantiene un pedido en la Comisión de Juicio Político que podría servir como base para avanzar. Para ello, deberán convocar a la comisión, con una votación posible en la sesión programada para el 2 de julio, si logran sumar el apoyo de Encuentro Federal.
