Un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para regular la eutanasia en la Argentina. La propuesta apunta a reconocer el derecho de toda persona a decidir el modo y momento de su muerte cuando atraviese sufrimientos físicos o psíquicos intolerables producto de una enfermedad grave, crónica e irreversible. Entre los impulsores se encuentra el entrerriano Atilio Benedetti, uno de los principales defensores de avanzar en el debate parlamentario.
El texto fue presentado, además de Benedetti, por Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Karina Banfi, Fabio Quetglas y Martín Tetaz; y establece que cualquier ciudadano mayor de edad y plenamente capaz podrá solicitar la “prestación de ayuda para morir” bajo estrictas condiciones. Entre ellas, padecer una enfermedad incurable o un padecimiento crónico que limite de manera severa la vida, presentar dos solicitudes voluntarias y escritas con una separación mínima de quince días y otorgar un consentimiento informado. La voluntad del paciente será revocable en cualquier instancia.
La iniciativa define la eutanasia como un procedimiento médico realizado tras cumplir un protocolo específico, cuyo resultado es la muerte de la persona que lo solicitó de manera fehaciente. El proyecto también contempla la posibilidad de directivas anticipadas y reconoce la capacidad de decisión de los mayores de 16 años en el marco de la Ley de Derechos del Paciente.
En materia de garantías, la propuesta asegura el derecho del paciente a recibir información clara, trato digno, privacidad y confidencialidad. También fija la obligación del personal de salud de respetar la autonomía de la voluntad. Para supervisar el procedimiento, se prevé la creación de Comisiones Médicas de Asistencia y Evaluación en cada provincia, integradas de forma multidisciplinaria, que deberán analizar cada solicitud y verificar el cumplimiento de los requisitos.
La práctica, una vez autorizada, deberá realizarse en un plazo máximo de diez días. Podrá concretarse mediante administración directa por parte del médico o por autoadministración del paciente con acompañamiento profesional. La muerte será considerada legal a todos los efectos como “natural”.
El proyecto incorpora además modificaciones al Código Penal para eximir de responsabilidad a los profesionales que actúen conforme a la ley y sancionar a quienes obstaculicen injustificadamente la práctica, con penas de prisión e inhabilitación. También garantiza la cobertura integral en el sistema público, obras sociales y prepagas, y reconoce el derecho a la objeción de conciencia, siempre que se derive al paciente sin demoras.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que la iniciativa se apoya en los principios de autonomía y dignidad consagrados por la normativa vigente y toma como referencia experiencias de países como Uruguay, España y Canadá. “Garantizar este derecho no implica promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y permitir un buen morir”, afirman.
