Un tenso debate se llevó a cabo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comercio de la Cámara de Diputados, centrado en la derogación que propone la oposición del Decreto 273/2025, que habilita la importación de maquinaria agrícola usada. Mientras el Gobierno defendió la medida como una herramienta clave para capitalizar a las pymes y disciplinar los precios internos, representantes de la industria metalmecánica y de los sindicatos alertaron sobre el riesgo de “destruir la industria nacional” y de repetir errores del pasado. En el medio, los contratistas rurales expusieron su propia crisis: “Estamos todos fundidos por la falta de créditos”.
La sesión, impulsada por una iniciativa del diputado de Unión por la Patria, Jorge Neri Araujo Hernández (Tierra del Fuego), busca rechazar el decreto citado y restablecer la vigencia del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) junto con sus mecanismos de inspección y control. Durante la jornada, los distintos actores expusieron sus argumentos.
Tras un intenso debate, la iniciativa del kirchnerismo fue aprobada con 27 votos a favor. La Libertad Avanza sumó 19 adhesiones, mientras que el dictamen de minoría, impulsado por Encuentro Federal, obtuvo apenas tres votos.
El primero en exponer fue Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, quien afirmó que el país está “descapitalizado” y que el acceso al capital es una de las principales demandas de las empresas en todo el territorio. Sostuvo que autorizar la importación de maquinaria usada resulta clave para las pymes y las economías regionales, que no pueden acceder a equipos nuevos de última tecnología, y puso como ejemplo a Misiones, San Juan, Catamarca y Mendoza, donde se requieren tractores y maquinarias específicas difíciles de conseguir.
Lavigne explicó que, al asumir el gobierno, “una cosechadora en la Argentina costaba el doble que en Brasil”. Dijo que lo mismo ocurría con los tractores y que abrir el mercado de bienes usados contribuye a disciplinar los precios internos y acercarlos a valores internacionales. Aclaró que la medida no afectó la importación de bienes nuevos, que, según él, alcanzó “el récord de los últimos cuatro o cinco años”. Presentó datos del primer semestre: “De las 437 cosechadoras patentadas, solo 121 fueron importadas, de los 2700 tractores hubo 500 importados y solo 8 usados, además de una sola sembradora usada”. Para el funcionario, esto demuestra que “una cosa no quita la otra” y que el temor de sectores industriales a una invasión de maquinaria usada carece de sustento.
Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía
Enfatizó que impedir la entrada de bienes usados perjudicaría especialmente a las pymes, que carecen de acceso al crédito. Recordó que el parque de tractores del país tiene entre 15 y 20 años de antigüedad y el de cosechadoras más de 10, por lo que traer equipos usados desde países vecinos representaría “un salto tecnológico significativo”. Añadió que en Misiones, donde ya ingresan tractores usados desde Brasil y Uruguay, los productores solicitaron al gobierno “ayudar a blanquear esta situación”, lo que, dijo, evidencia la urgencia de acompañar la necesidad de inversión y modernización del aparato productivo argentino con normas realistas.
Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), manifestó una profunda preocupación por el decreto que autoriza la importación de maquinaria usada. Lo calificó como “una medida muy apresurada” y afirmó que “no se tuvo en cuenta el verdadero impacto que puede tener en un sector que fue una de las patas de la mesa que hizo que la Argentina tenga los niveles de producción agropecuaria que tiene hoy”. Advirtió que el análisis oficial está centrado únicamente en el presente, sin considerar “el daño a futuro”, tanto en lo laboral como en lo económico, tecnológico y fitosanitario.
Zubeldía subrayó que “una Argentina sin industria no funciona” y que el sector industrial “es parte de la solución, no parte del problema”. Remarcó que “cada innovación tecnológica del campo, como la siembra directa o el silobolsa, fue posible gracias al desarrollo local de maquinaria y conocimiento”. Criticó la comparación entre precios internos y los de máquinas importadas, precisando que “cada vez que se nombra los altos precios de una máquina agrícola se está hablando de máquinas importadas, no de máquinas nacionales”. Añadió que la industria local, aun con costos un 30% más altos que los de Brasil, “sigue teniendo precios competitivos y sigue tirando con el productor”.
Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma)
Pidió “parar un poco la pelota y ver qué es lo que realmente hace falta para producir mejor y más barato”. Aseguró que abrir el ingreso de maquinaria usada podría poner en riesgo el futuro de toda la cadena metalmecánica y advirtió que, si no se corrige el rumbo, “dentro de 15 o 20 años se podría estar hablando de lo mismo, pero ya sin fábricas de sembradoras, pulverizadoras o tolvas”, lo que, afirmó, supondría una pérdida irreparable para la industria nacional y para la soberanía tecnológica del agro argentino.
En tanto, Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), expresó un tajante rechazo al decreto: “Me avergüenza que se celebre destruir la industria nacional”. Recordó que el país posee “una historia enorme en la producción nacional” de maquinaria y advirtió que permitir el ingreso de equipos usados implica “someter a la industria nacional a situaciones nunca vistas”, afectando de manera especial a provincias con tradición metalmecánica como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)
Destacó que la medida “echa por tierra todo el entramado productivo del país” y elogió a los legisladores que impulsan iniciativas contra el decreto. Advirtió que el mundo compite hoy por conservar el trabajo calificado: “Nosotros estamos yendo a contramano de esa realidad”, y aseguró que esto podría condenar al país a una economía basada en empleos precarios y de baja remuneración.
Luis Freddy Simone, representante del sector de contratistas rurales, reclamó mayor reconocimiento para una actividad que, dijo, emplea a más de 100.000 personas en todo el país y agrupa a alrededor de 12.000 contratistas. “Somos grandes compradores de maquinaria, pero estamos todos fundidos por la falta de políticas y de créditos”, señaló. Explicó que, al no poseer tierra ni garantías, el acceso al financiamiento es prácticamente nulo, lo que dificulta sostener una actividad que exige inversión constante en equipos y movilidad.
Luis Freddy Simone, representante del sector de contratistas rurales
Advirtió sobre la obsolescencia del parque de maquinaria agrícola y la necesidad urgente de una ley de tránsito rural que contemple la realidad del sector. “Nos viven coimeando porque las leyes de tránsito son una calamidad y nadie soluciona nada”, denunció al describir las dificultades para trasladarse entre provincias durante la cosecha. Subrayó que la rentabilidad de los contratistas depende de la del productor y pidió políticas concretas que permitan acceder a créditos para renovar maquinaria y sostener el empleo. “Si nos dan crédito y nos dejan trabajar, las fábricas se llenan de gente”, concluyó.
