El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, respaldado por la Ley Ómnibus enviada al Congreso de la Nación por parte del Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei, contempla, entre otros muchos puntos, la derogación de la Ley de Góndolas (Ley Nacional 27.545).
Esta normativa fue creada por la ex diputada Elisa Carrió, sancionada a inicios del 2020, y tuvo como objetivo ampliar el abanico de ofertas de productos, a la vez que resistir el aumento de los precios.
Lo que dice el archivo
Además, persiguió el fin de sumar como proveedores de los supermercados a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas y asociaciones mutuales.
Es resumen, buscaba que la diversidad de productos sea mayor para evitar la concentración de mercado que existe en varios rubros del consumo masivo.
Por ejemplo, esta ley estableció que los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola, y que de un determinado producto, debe haber como mínimo cinco proveedores diferentes.
Como respuesta al intento de derogación de esta ley, el Bloque Más Para Entre Ríos de la Cámara de Diputados de la provincia propuso una Ley de Góndolas de Entre Ríos.
A través de un documento que llegó a la redacción de INFORME DIGITAL, los legisladores del PJ explicaron los argumentos de su iniciativa, los cuales coinciden en muchos puntos con los que apuntalaron a la ley nacional en el momento de su aprobación.
El counicado del Bloque de Más Para Entre Ríos
El bloque de diputadas y diputados justicialistasresguardan a las pequeñas empresas, cooperativas y consumidores locales ante las medidas del gobiernonacional
Las y los diputados justicialistas impulsan la sanción de unproyecto de Ley de Góndolas Entrerriana para proteger a los pequeños y medianosproductores, a las cooperativas y a los consumidores locales del impactonegativo de medidas impulsados por el gobierno de Javier Milei.
El bloque Más Para Entre Ríos impulsa una norma que promuevacondiciones de competencia justa, prohibiendo los abusos de posición dominanteen el mercado; y que fortalezca el tejido productivo regional, garantizando relaciones igualitarias entrelos productores locales, las Medianas y Pequeñas Empresas (MIPyMEs) y los grandes establecimientoscomerciales. De este modo, también se garantizará que exista una mayor ofertade productos a disposición de las y los consumidores en las grandes cadenas desupermercados y se defenderá la generación de empleo local.
La iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados buscaremediar el impacto perjudicial que tiene la derogación de “Ley de góndolas”nacional impulsada a través del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)N° 70, y que es parte de las políticas promovidas por el actual gobiernonacional para favorecer aún más a las a las grandes cadenas de supermercados ehipermercados, perjudicando a las y los productores regionales.
La norma establece condiciones comerciales justas yequitativas en el trato entre los productores y las MIPyMEs locales con lossupermercados e hipermercados; además de sensibilizar a los sobre las ventajaseconómicas del consumo de productos elaborados en Entre Ríos.
De esta forma las cadenas de supermercados, hipermercados ynegocios de igual rubro en la provincia deberán disponer los productos locales“claramente identificados en el lugar de su exhibición, en un espacio visible”manteniendo un porcentaje ecuánime entre lo expuesto por diferentesproveedores, y quedando prohibido que un mismo grupo empresario supere el 40%del espacio disponible de exhibición.
Esta regulación regirá para todo espacio físico, mueble yestantería, en los que se ofrecen productos de similares características,incluidas las puntas de góndola; y también para las locaciones virtuales comopáginas web, aplicaciones móviles y tiendas de comercio electrónico o similar.
Además los grandes comercios deberán mantener condiciones deno discriminación y equidad con las empresas proveedoras de los productosalcanzadas por esta ley, respecto los proveedores regulares que no estáncomprendidos en la norma.
En contra del postulado del “sálvese quien pueda” en elmarco del feroz ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, las y loslegisladores justicialistas sostienen que la propiedad privada debe tener unafunción social y estar al servicio del desarrollo equitativo de los ciudadanosy de la provincia, tal como lo señalan la Constitución Nacional y la de EntreRíos.
Igualmente destacan que la protección de las MIPyMEs,productores primarios y cooperativas que tengan su proceso productivomayoritariamente en el territorio entrerriano contribuye a una mejordistribución del ingreso y a generar mayores oportunidades laborales.
Será autoridad de aplicación de la ley el Ministerio deDesarrollo Económico y luego de su sanción, el Poder Ejecutivo provincialtendrá un plazo no mayor a 90 días para reglamentarla.
