Con un margen estrecho tras la derrota en las elecciones bonaerenses, la Casa Rosada enfrenta esta semana una pulseada difícil en el Congreso. El miércoles, la oposición llevará a Diputados un temario cargado de proyectos sensibles, entre ellos dos que golpean de lleno al corazón libertario: la insistencia en las leyes de financiamiento universitario y de hospitales pediátricos como el Garrahan, ambas vetadas por Javier Milei.
La aritmética es despiadada: en la primera votación ambas iniciativas habían alcanzado el umbral de dos tercios, lo que hoy le permitiría a la oposición insistir y dejar sin efecto el veto presidencial. El oficialismo quedó muy por debajo del tercio necesario -87 diputados-para blindar la decisión de Milei: apenas 75 rechazos en universidades y 67 en el caso del Garrahan, mientras que en el Senado resistió prácticamente en soledad. Por eso, la Casa Rosada sabe que no tiene margen para errores y apuesta a seducir a un puñado de diputados que se movieron entre la abstención y la ausencia.
La búsqueda apunta a legisladores que orbitan alrededor de los gobernadores. Allí radica la estrategia de Milei: reabrir el diálogo con los mandatarios provinciales para intentar torcer voluntades en la Cámara baja.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se mostró la semana pasada con Ignacio Torres (Chubut) para acordar una compensación de deuda y rubricó convenios de obras con ministros de Osvaldo Jaldo (Tucumán). En paralelo, Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, viajó a Tucumán y Salta para fotografiarse con Jaldo y Gustavo Sáenz, y relanzó la “mesa política federal” junto a tres aliados electorales: Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero.
El tablero de ausencias y abstenciones es el que puede definir la votación. Los cuatro diputados misioneros alineados con Carlos Rovira faltaron en ambas sesiones; lo mismo hicieron los dos legisladores cercanos a Cornejo y una diputada del sanjuanino Marcelo Orrego. Los chubutenses que responden a Torres optaron por abstenerse en la emergencia pediátrica y solo Ana Clara Romero repitió esa postura en la ley universitaria. También aparecen en ese lote los exlibertarios Oscar Zago, Eduardo Falcone y Marcela Pagano, hoy enfrentados con Milei y poco proclives a volver al redil. Todos ellos son las piezas que el Gobierno intentará pescar en un estanque cada vez más revuelto.
La apuesta es arriesgada: será un juego de sumas y restas que probablemente se defina en el propio recinto. Para resistir, Milei deberá hacer algo que hasta ahora despreció: política.
Las leyes vetadas
El proyecto de financiamiento universitario se sostiene sobre dos pilares. El primero es la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, los hospitales universitarios y las partidas de ciencia y tecnología, con efecto retroactivo a 2024 y un esquema de ajuste bimensual en adelante.
El segundo apunta a los salarios: deberían ajustarse 40,8% para emparejar la inflación registrada desde diciembre del 2023 y todo incremento debería ser remunerativo y bonificable. Además, obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias cada tres meses y fija como piso de aumento mensual la inflación medida por el índice de precios al consumidor. A ello se suma la recomposición y actualización automática de becas estudiantiles y la obligación de que todas las universidades sean auditadas por la Auditoría General de la Nación.
No es un tema nuevo: Milei ya había vetado una norma similar el año pasado y la oposición no consiguió entonces los votos para insistir. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto presupuestario de la norma para este año sería de $1.9 billones, equivalentes a 0,23% del PBI.
La ley de emergencia pediátrica, en tanto, se concentra en el sistema de salud. A través de una reasignación de fondos y uso de reservas, establece una recomposición salarial para todo el personal que atiende a pacientes pediátricos, incluidos los residentes, tomando como piso los ingresos de noviembre de 2023.
También elimina el impuesto a las ganancias en guardias, horas extras y tareas críticas tanto en hospitales públicos como privados. El texto habilita compras directas de insumos esenciales y ordena al Poder Ejecutivo cubrir los costos con fondos de contingencia sanitaria.
A su vez, introduce una cláusula sobre la continuidad y fortalecimiento de los sistemas de residencias médicas, en línea con los debates internos del Ministerio de Salud. El malestar del sector ya venía escalando por la decisión oficial de permitir que los residentes eligieran entre becas “Ministerio” o “Institución”, una medida que muchos consideraron regresiva.
