La Cámara de Diputados se prepara este miércoles para una sesión legislativa cargada de tensión política, donde uno de los temas centrales será el tratamiento del paquete de medidas destinado a asistir a la ciudad de Bahía Blanca, tras la devastadora inundación ocurrida el 7 de marzo pasado.
En junio, el Congreso había aprobado la Ley 27.790, iniciativa impulsada por legisladores bonaerenses de la oposición. Esta norma contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones (además de los recursos ya otorgados por el Ministerio de Seguridad), exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, incentivos para la ejecución de obras públicas con empleo local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.
A pesar del amplio respaldo que recibió la ley tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el presidente Javier Milei decidió vetarla.
El rechazo fue formalizado mediante el Decreto 424/2025, en el que el Poder Ejecutivo argumentó que los beneficios previstos en la ley ya habían sido implementados a través de otro decreto (el 238/25), que estableció el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), gestionado por el Ministerio de Seguridad. Según el Gobierno nacional, la ley vetada duplicaba las medidas ya vigentes, volviéndola innecesaria.
El decreto también indicó que, para el momento en que se evaluó el veto, ya se habían entregado subsidios de entre 2 y 3 millones de pesos a la mayoría de los damnificados que los habían solicitado. Asimismo, señalaron que la ley carecía de “una partida presupuestaria específica para su ejecución”, lo que infringía las normas establecidas por la Ley de Administración Financiera.
Otro aspecto objetado desde Casa Rosada fue la inclusión de Coronel Rosales en el plan de ayuda. El Ejecutivo rechazó de pleno su incorporación basándose en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos, los cuales, según argumentaron, no consideraban a esa localidad entre las más afectadas por el fenómeno climático.
Finalmente, el decreto firmado por el presidente Javier Milei también objetó que el texto aprobado por el Congreso no especificaba la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para implementar sus disposiciones.
Por último, se señaló que esto violaba el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y sus modificatorias, que exige que toda ley que contemple gastos no incluidos en el presupuesto nacional debe especificar con claridad la fuente de los fondos.
La inundación del 7 de marzo en Bahía Blanca: daños materiales y humanos
La tormenta que azotó el sur de la provincia de Buenos Aires el 7 de marzo de 2025 provocó consecuencias de gran magnitud en las localidades de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Según estimaciones oficiales, el fenómeno afectó a más de 23.000 vecinos en Bahía Blanca y a cerca de 6.000 en Coronel Rosales, obligando a más de 2.500 personas a evacuar sus hogares.
En términos de infraestructura, se registraron daños severos en más de 5.000 viviendas, centros educativos, hospitales y redes de energía y agua potable. Se contabilizaron más de 300 calles anegadas, la destrucción de varios puentes y la pérdida total de vehículos y maquinaria urbana.
El impacto económico fue igualmente significativo. De acuerdo con informes presentados por las autoridades provinciales y municipales, los daños materiales ascienden a un estimado de $178.000 millones en Bahía Blanca y $28.000 millones en Coronel Rosales, cifras que superan ampliamente la capacidad de respuesta presupuestaria local.
Las autoridades locales solicitaron asistencia urgente al Estado nacional, lo que motivó el debate legislativo, aún abierto y que se debatirá este miércoles, sobre el alcance y el financiamiento de las medidas de emergencia para la recuperación de ambas ciudades.
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