Con el propósito de analizar la situación del sector agropecuario y avanzar en el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, los legisladores del Partido Justicialista, Gustavo Zavallo y Cristina Cremer se reunieron con el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja nacional, Alberto Cantero Gutierrez. Según los legisladores entrerrianos la iniciativa “tiene como objetivo aportar un conjunto de ideas fuerza que ayuden a salir del conflicto planteado por el sector agropecuario, y que tuviera una particular intensidad en la provincia de Entre Ríos”. Es por eso que el proyecto, que lleva la firma de los diputados Zavallo, Cremer y Petit, solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, al implementar el programa recientemente anunciado de medidas de acción positiva a favor de los pequeños y medianos productores agropecuarios, tenga a bien considerar las siguientes propuestas:a) Se dé intervención a los gobiernos provinciales en la instrumentación de las políticas;b) Se garantice la participación de las organizaciones representativas de los productores agropecuarios, sectoriales y regionales; c) Creación de una ‘mesa técnica de seguimiento’, con el objetivo de analizar la rentabilidad de los productores, en particular los costos de producción, el valor de los productos, el valor de los insumos, como así también las diferencias regionales y la situación de los pequeños y medianos productores para evitar la concentración de las actividades en pocas manos;d) Se estudie la viabilidad de destinar parte de la renta captada mediante las retenciones a la exportación de soja, a la promoción de otros cultivos, entre ellos el maíz y el sorgo.e) Se contemple la posibilidad de reducir los aranceles de importación aplicados a plaguicidas y fertilizantes;f) Diseño de políticas de apoyo a las economías regionales que permitan mejorar su rentabilidad, a través de la generación de fondos específicos con parte de los montos que se obtienen de las retenciones, que serían transferidos a los gobiernos provinciales, para que éstos los administren con intervención de los sectores involucrados. Concretamente, en el caso de Entre Ríos, mediante incentivos a la citricultura, apicultura, arroz, etc. Fundamentos En los fundamentos, los legisladores nacionales aseguran que la resolución “tiene como objetivo aportar, en el ámbito que consideramos más adecuado para la deliberación pública, un conjunto de ideas fuerza que ayuden a salir del conflicto planteado por el sector agropecuario, y que tuviera una particular intensidad en la provincia de Entre Ríos”. “Estamos convencidos – agrega el texto- de que fue el modelo económico que se instaló en la Argentina bajo la Presidencia del Dr. Kirchner lo que permitió un crecimiento del 7 al 9 % anual en los últimos cinco años, la acumulación de más de 50.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, el sostenimiento del dólar a valores competitivos para la exportación, el superávit fiscal, el superávit comercial, la disminución de los niveles de desocupación a valores impensables del 7 % anual, como así también la baja de los índices de pobreza. Todas estas variables macroeconómicas son las que permiten que hoy Argentina no esté “temblando” ante la crisis financiera internacional, más grande de los últimos 50 años, generada ella por la burbuja hipotecaria en EE.UU. (más importante que la ocurrida en Méjico, Sudeste Asiático y Rusia en la década del ’90)”. Entre otros aspectos, se sostiene que “el aumento del precio internacional de los alimentos y el petróleo ha generado una competencia entre un mercado interno donde el consumo de los mismos se encuentra en un sostenido crecimiento, producto de la disminución de la desocupación y el aumento de los salarios -aunque aún bajos con referencia a los países desarrollados- y un mercado internacional con altos precios y alta demanda. En ese contexto, Argentina tiene una gran posibilidad, dado que es uno de los pocos países que puede seguir aumentando su oferta. Indudablemente abastecer el mercado interno y satisfacer la demanda externa requieren de políticas que permitan seguir aumentando la producción de granos, carne bovina, ovina, avícola, porcina, leche, biocombustibles, etc”. En otro párrafo se destaca que “dado el levantamiento del paro resuelto por las organizaciones sectoriales el 2 de abril pasado, y considerando las mesas de diálogo que seguramente se instrumentarán entre el Gobierno Nacional y los productores, creemos que es el momento oportuno para que se le dé una fuerte participación a los gobiernos provinciales en la instrumentación de futuras medidas. También estimamos conveniente que, en representación de las organizaciones de productores, se garantice la participación de dirigentes de organizaciones sectoriales y regionales. El eje de análisis de estas mesas debe centrarse sobre la rentabilidad al productor, para permitir que el sector siga creciendo, creando en el ámbito de las mismas una ‘Mesa Técnica de Seguimiento’ de costos de producción, valor de los productos, valor de los insumos, contemplando las distintas regiones del país y la situación de pequeños y medianos productores para evitar la concentración de actividades en pocas manos”. En el proyecto se asegura además que “el predominio del cultivo de la soja se debe en gran medida a que es el que más rentabilidad posee, producto de un menor costo por hectárea y de ser un cultivo resistente ante situaciones climáticas adversas, de gran rusticidad y adaptabilidad a distintas condiciones de suelos, todo lo cual, junto con la tecnología de la siembra directa, permitió la ampliación de la frontera agrícola. Estamos de acuerdo en que una mayor retención a esta oleaginosa le hace disminuir la rentabilidad, pero a los efectos de sustituir esa superficie con maíz y sorgo, es necesario darle a éstos una mayor rentabilidad. Una alternativa sería que parte de los recursos obtenidos de las retenciones de la soja sean volcados a la promoción de dichos cultivos, que por otro lado tienen la particularidad de incorporar mayor cantidad de materia orgánica a los suelos, manteniendo la fertilidad de los mismos y haciendo sustentable la agricultura hacia el futuro”. Y se sugiere que “otra forma de sostener las retenciones y garantizar la rentabilidad agropecuaria, es la de contemplar la reducción de los aranceles de importación de plaguicidas y fertilizantes estratégicos para la producción. La idea es que lo que el Estado deja de recaudar por aranceles a la importación, lo recupera por un mayor ingreso por retenciones, dado el aumento de producción que se alcanza”.
