La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, y ahora el debate se traslada al Senado. La iniciativa fue sancionada por 149 a favor y 100 votos en contra, con el rechazo del peronismo, la izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba.
El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia. Los diputados del Frente de Renovador estaban a favor de bajar la imputabilidad de 16 a 14 años, pero finalmente votaron en contra; uno de sus principales referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que había votado a favor en la discusión en particular.
La iniciativa ahora pasará al Senado y, según fuentes parlamentarias citadas por la agencia Noticias Argentinas, podría tratarse en una sesión a celebrarse el 26 de febrero. Por primera vez desde la restauración de la democracia llega al recinto el debate sobre la edad de imputabilidad que, de aprobarse en el Senado, se reducirá de 16 a 14 años.
Puntos centrales de la baja de imputabilidad
La propuesta impulsada por La Libertad Avanza propone reformar una ley de la dictadura e incorpora un nuevo régimen especial para los menores, que contempla sanciones que van desde medidas menores hasta penas de hasta 15 años de cárcel para los delitos más graves.
La iniciativa impide la aplicación de la prisión perpetua y establece que los menores deberán cumplir condena en un lugar especial y separado, alejado de los adultos convictos.
El financiamiento fue uno de los ejes más discutidos: el diputado Maximiliano Ferraro presentó una propuesta para crear un mecanismo de financiación directo, pero el oficialismo la rechazó y defendió su alternativa basada en la firma de convenios entre Nación y provincias.
El régimen especial de minoridad promovido por el oficialismo plantea un conjunto de sanciones o castigos alternativos a la prisión, fija la separación de menores y adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para los delitos con penas menores a 3 años se descartan las penas privativas de la libertad; mientras que para las penas de entre 3 y 10 años —en hechos que no hayan causado muerte ni lesiones graves— se priorizan sanciones con un enfoque social y educativo.
El debate de los diputados por el Régimen Penal Juvenil
La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.
“Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.
A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar “una campaña de marketing diciendo “delito de adulto, pena de adulto”.
“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.
Desde el interbloque Unidos, la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, dijo que está “de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y con tener un sistema para reeducar y resocializar a los menores”, pero advirtió que “no puede ser que todo el costo deban pagarlo los gobernadores”.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, aclaró que “con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia” y advirtió: “No va a alcanzar con cambiar el número en el Código Penal, no lo va a resolver. No solo se trata con bajar la edad porque vi cómo organizaciones narcos reclutaban jóvenes”.
La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo y sus aliados buscaba “darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios”.
“No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora”, advirtió. Al respecto, cuestionó que “el Gobierno del ‘no hay plata’ tiene plata para la persecución penal de los pibes”.
