
INFORME DIGITAL en la Cámara de Diputados
Todos votaron en general el proyecto de ley de capitalización del IAPS aunque en particular algunos diputados se permitieron cuestionar, por ejemplo, la proximidad de esta nueva capitalización respecto de la hecha el año pasado por algo mas de $18 millones.
Así el radical Benedetti dijo que su bloque acompañaría la votación en general “en el entendimiento de que el Instituto es un bien común que debe permanecer dentro del Estado”, aunque no evitó las críticas puntuales en cuanto a que la capitalización fue un pedido de la Superintendencia de Seguros de la nación acotando que “entendemos que la capitalización no debe hacerse por exigencia de la Superintendencia, por exigencia del Tribunal de Cuentas…sino que corresponde a una sana administración adoptar las previsiones para que no sea necesario que el estado cada tanto, como vienen ocurriendo, ponga esta suma importantísima de dinero”
Allende, por su parte, salió al cruce defendiendo las capitalacización hecha durante la gestión d e Busti. Y argumentando que “si tomamos las primas que es lo que nos va a dar si el IAPS anda bien o mal”.
“No cabe ni podemos dejar pasar por alto lo dicho -por la UCR- de que esta es una ley para seguir tapando malos funcionarios que llevan, en este caso al IAPS, al quebranto porque si hay un Instituto que hoy es un orgullo en la provincia es el Instituto del Seguro”, cerró José Allende su posición.
La legisladora Ana D´Angelo a su momento adelantó a los pares su voto positivo por considerarla “una herramienta” del Estado. “Uno toma la decisión política de sostener esta herramienta”, señaló a la vez reconoció los defectos de los últimos tiempos y la necesidad de mas información sobre la administración del Instituto.
D´Angelo también cuestionó que recientemente se había solicitado otros 18 millones y ahora se piden unos $23 millones de pesos comprendiendo que para ayudar al IAPS “tal vez estamos sacando recursos a la partida de educación, a la partida de salud”, dijo por enumerar algunas áreas.
Finalmente, la diputada consideró que a pesar las discrepancias en la cámara “no hay diferencias en cuanto a la necesidad de que siga en manos del Estado, que profundice su rol en la economía y en lo social en la provincia”.
Pidiendo la palabra el justicialista Juan Domingo Zacarías enfatizó que “no podemos entender seguir discutiendo déficit o no déficit sobre la herramienta que permanentemente sirve para lo social, para lo educativo, para la seguridad, para lo financiero”.
Asimismo, aseveró que “no podemos entrar en la discusión si estos 23 millones de pesos son causa de un déficit”, reiteró para continuar afirmando que “yo no voy a votar $23 M para suplir un déficit. Voy a votar la capitalización de $23 M para el Instituto del Seguro en función de entender que no es una pérdida. Es un capital para resguardar los intereses de la provincia y evitar a las grandes multinacionales, muchas de ellas con plata en negro, que han entrado en las palancas financieras de los bancos de las provincias y también de estos organismos aseguradores para ir apropiándose de la economía de un país o de otras provincias de la república”.
Entre los argumentos oficialistas y opositores se logró finalmente el consenso para aprobar en general y en particular el proyecto de Ley de Capitalización del Instituto del Seguro por la suma de $23 millones, el cual pasó a revisión de la cámara alta de la provincia.
No hay aumento para trabajadores del Notariado El diputado Marcelo López (UCR) formuló una serie de propuestas que hubiesen permitido, entre otras cosas, que la asignación de 370 pesos del salario del personal de la Dirección del Notariado, Registros y Archivo sea de carácter bonificable. "Vimos con beneplácito que el gobierno se haga cargo del monto remunerativo que cobran los empleados del registro y decida abonarlo con fondos de Rentas Generales, pero lamentamos que no haya acompañado nuestra moción de no seguir pagando sueldos en negro", expresó. El legislador de Concordia argumentó que "la suma debería ser remunerativa y bonificable teniendo en cuenta que este adicional no tiene otra finalidad que incrementar el salario en sí mismo, y, por lo tanto, debe ser computado al momento de calcular el resto de las asignaciones o bonificaciones que componen la remuneración del trabajador". "Sabemos que el contexto económico hoy lo permite", dijo, y aseguró que "esto quedó demostrado en el recinto pues se destinaron 23 millones para el Instituto del Seguro". Consideró que "son sólo alrededor de 120 empleados, por lo que el monto que hubiese demandado a la Provincia no superaría los 20.000 ó 25.000 pesos mensuales". El bloque radical también propuso que no se elimine la representación de los trabajadores en el consejo de administración de los fondos que el Estado delega en su cobro y administración a los colegios de escribanos y abogados. "Dado que son recursos que a partir de ahora se destinarán casi exclusivamente para mejorar el funcionamiento de los registros, hubiese sido importante que delegados de ATE y UPCN sigan teniendo participación en la decisión de las prioridades a afrontar con ese dinero", comentó, y subrayó que "esta propuesta tampoco fue del agrado de la bancada del Frente para la Victoria".