El proyecto para crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incorporado en la ley de “Modernización Laboral”, provocaría un desfinanciamiento anual de USD 3.000 millones para el Sistema de Seguridad Social, estimó el diputado nacional y ex director de Aduanas, Guillermo Michel, quien advirtió que el mecanismo previsto para el nuevo fondo detrae esa suma del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la Anses.
Según el análisis de Michel, ex funcionario clave del equipo económico de Sergio Massa, el FAL está destinado exclusivamente a “coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos de indemnizaciones”.
El artículo 58 de la norma dispone su creación, y el artículo 59 establece que cada empleador deberá constituir una cuenta individual como “patrimonio separado de afectación específica”, administrada por una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los fondos allí depositados solo podrán emplearse para el pago de indemnizaciones laborales.
El régimen será obligatorio para todos los empleadores del sector privado, con dos excepciones: el sector de la construcción, que ya dispone de un esquema propio, y los empleados de casas particulares. Según el informe, el eje del debate es el esquema de financiamiento y su repercusión sobre los recursos previsionales.
Financiamiento e impacto sobre el SIPA
El artículo 60 de la ley establece que el FAL se financiará mediante “una contribución mensual obligatoria del TRES POR CIENTO (3 %) de las remuneraciones” que sirven de base para calcular las contribuciones patronales destinadas al SIPA. Esas sumas deberán ser integradas mensualmente por los empleadores al declarar y pagar los aportes y contribuciones patronales.
No obstante, el propio proyecto prevé una reducción equivalente en las contribuciones patronales. El artículo 76 de la reforma establece que “los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”. Así, el informe subraya que la creación del FAL no incrementa el costo laboral para los empleadores, pero sí reduce los recursos del sistema previsional.
“Es decir que para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social”, sostiene el documento elaborado por Michel. La estimación que presenta indica que este esquema implica una pérdida de recursos equivalente a 0,46 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) para la Anses.
A ese efecto se suma, según el informe, el aporte indirecto que las provincias siguen realizando al sistema previsional nacional. Por la aplicación de asignaciones específicas destinadas al Sistema de Seguridad Social que inciden en la coparticipación primaria, las provincias resignan recursos equivalentes a 1,45 puntos porcentuales del PBI. En conjunto, el esquema de financiamiento del FAL se inserta en un contexto de mayor presión sobre las cuentas del sistema previsional.
El análisis también detalla la distribución actual de las contribuciones patronales. Las alícuotas vigentes sobre la nómina salarial destinadas a los subsistemas de la seguridad social son del 20,40% para los empleadores del sector privado del rubro servicios o comercio que superan los umbrales de facturación para ser considerados MiPyME. Para los restantes empleadores privados con certificado MiPyME, la alícuota es del 18%. Esa misma tasa se aplica a determinadas entidades del sector público que venden bienes o prestan servicios a terceros a título oneroso.
Empleo formal, salarios y reparto de beneficios
Para evaluar el impacto del FAL, el informe concentra la atención en la estructura del empleo registrado en el sector privado. Con datos del Boletín de la Seguridad Social a agosto de 2025, señala que en la Argentina hay 522.716 empleadores con uno o más trabajadores registrados. La mayoría se ubica en el segmento más pequeño: 437.587 empleadores, equivalentes al 84% del total, tienen hasta 10 empleados.
Ese conjunto de pequeñas empresas emplea a 1.197.094 trabajadores, lo que representa el 18% del total de asalariados registrados del sector privado. En el extremo opuesto, existen 9.516 empleadores con más de 100 empleados —apenas el 1,82% del total— que concentran el 50% del empleo registrado, con 3.290.182 trabajadores.
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El informe destaca que los principales beneficiarios del régimen FAL son precisamente ese segmento de grandes empleadores. Según los cálculos, esos 9.516 empleadores concentran el 63% de la masa salarial total y son quienes más se benefician de la reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales para financiar sus futuras indemnizaciones.
El nivel salarial es otro factor relevante en el análisis. Según los datos oficiales citados, el sueldo promedio mensual en empresas de hasta 10 empleados es de $1 millón, mientras que en las empresas con 100 o más empleados el salario promedio mensual asciende a $2,2 millones.
La brecha se acentúa en los tramos de mayor tamaño. En empresas de más de 1.500 y hasta 2.500 empleados, el sueldo promedio mensual es de $2,4 millones; en las que cuentan entre 2.500 y 5.000 empleados, el promedio aumenta a $2,5 millones; y en las firmas con más de 5.000 empleados llega a $3,3 millones mensuales.
El informe también examina los salarios por actividad económica. El sueldo promedio mensual general de los empleados registrados del sector privado, a agosto de 2025, es de $1.767.681. En los sectores productores de bienes el promedio alcanza $1.994.497, mientras que en los servicios se sitúa en $1.656.666.
Las diferencias internas resultan notables. Dentro de los sectores productores de bienes, el salario promedio mensual es de $1.031.652 en el agro y de $5.722.678 en petróleo, gas y minería. En servicios, el promedio es de $991.000 en gastronomía y de $4,5 millones en el sector financiero. El salario promedio más bajo se observa en la enseñanza, con $894.171 mensuales.
A partir de estos datos, el informe concluye que el diseño del FAL provoca una transferencia de recursos desde el Sistema de Seguridad Social hacia un fondo destinado a cubrir indemnizaciones futuras, con un impacto fiscal relevante y una distribución de beneficios concentrada en los empleadores de mayor tamaño. Además, advierte que el presupuesto 2026 no incluye ninguna previsión específica para compensar el desfinanciamiento de la Anses que resultaría de la implementación de este régimen.
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