Con el objetivo de evitar designaciones cuestionadas y reforzar la neutralidad en organismos clave del Estado, la diputada nacional Mercedes Llano, representante de Mendoza por el Partido Demócrata y aliada de La Libertad Avanza, presentó en el Congreso un proyecto de ley que establece un requisito inédito: un período obligatorio de “abstinencia política” de diez años para quienes aspiren a ocupar cargos superiores en los órganos nacionales de control y jurisdicción.
La iniciativa busca impedir que personas con vínculos recientes a partidos políticos accedan a funciones sensibles dentro del esquema institucional argentino. La propuesta se aplica a organismos como la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo y la Oficina Anticorrupción, entre otros, cuya independencia frecuentemente se debate en relación con nombramientos.
En concreto, el proyecto plantea que las personas propuestas para esos cargos deberán demostrar que, durante los diez años previos a su postulación, no han estado afiliadas a ninguna fuerza política, no han sido precandidatos ni candidatos, y no han ocupado cargos electivos, de confianza política o de carrera dentro de cualquiera de los tres poderes del Estado nacional. Esta restricción no se aplicará a quienes hayan accedido a sus funciones a través de un concurso público.
El texto define la “abstinencia política” como un marco restrictivo diseñado para asegurar que los funcionarios designados estén alejados de toda influencia partidaria o compromiso político previo. Desde el espacio de La Libertad Avanza, se destacó que el objetivo es promover un ejercicio “más imparcial e íntegro” del poder público y despolitizar el funcionamiento de las instituciones, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema republicano.
Llano, en los fundamentos del proyecto, enfatizó que se busca “despartidizar organismos e institutos públicos, garantizando su autonomía y jerarquizando su composición con funcionarios idóneos”. Además, explicó que la abstinencia política se presenta como un mecanismo de salvaguarda que persigue “preservar la neutralidad y la transparencia en la administración del Estado, asegurando que las decisiones se tomen en función del bien común y no de agendas personales o partidistas”.
El proyecto no fue presentado de forma aislada. Cuenta con el respaldo de un grupo de legisladores del mismo espacio político y fuerzas afines. Entre quienes firmaron la propuesta se encuentran Alida Ferreyra, Paula Omodeo, Carlos García, María Emilia Orozco, Lilia Lemoine, Julio Moreno Ovalle y Lorena Villaverde.
Desde el entorno de Llano, se destacó que el propósito no es restringir derechos políticos, sino establecer criterios para asegurar la independencia de quienes deben controlar, juzgar o fiscalizar al Estado. En este sentido, indicaron que no haber ocupado cargos políticos ni estar afiliado a un partido durante la última década configura una garantía de imparcialidad considerándola imprescindible en la gestión pública, especialmente en funciones de contralor.
La propuesta surge en un contexto en el que las designaciones en organismos de control han sido objeto de críticas recurrentes de distintos sectores, que señalan la falta de independencia de funcionarios con antecedentes políticos o partidarios. La iniciativa de la diputada mendocina busca instaurar un nuevo estándar que, de ser aprobada, modificaría las reglas de acceso a algunas de las posiciones más sensibles del entramado institucional.
Por el momento, la iniciativa fue presentada en la Cámara baja y aguarda su tratamiento legislativo. El debate promete suscitar discusiones en torno al equilibrio entre la experiencia política y la necesidad de independencia en los organismos de control, en un escenario donde las tensiones entre oficialismo y oposición también se juegan en el ámbito de las designaciones.
