El lunes 9 de febrero de 2026, y después de casi diez años, comenzará el juicio a puertas cerradas y ante un jurado popular contra dos policías acusados de haber abusado sexualmente de una adolescente que, según la imputación, tenía 13 años al momento de los hechos.
El debate se desarrollará bajo estrictas medidas de reserva, tanto por la minoría de edad de la denunciante como por tratarse de una causa por supuesto delito contra la integridad sexual; por ese motivo se ordenó el carácter reservado del proceso, conforme a la normativa vigente.
Los imputados son el cabo Samuel Enrique Morel y el agente Ezequiel Alejandro García. La acusación estará a cargo de las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Rufatti; las defensas corresponden a los abogados Iván Vernengo, Damián Petenatti y Claudio Berón. La querella está representada por Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld.
Fuentes judiciales indicaron que ambos imputados cumplen actualmente prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.
El juez técnico designado para conducir el juicio es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa. Su tarea será dirigir el debate, resolver las cuestiones procesales y garantizar el correcto desarrollo del juicio por jurados.
El origen de la causa
La investigación se inició tras una denuncia presentada en julio de 2016 por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8. La presentación judicial acusó un presunto abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de dos chicas que estaban alojadas en la Residencia Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
Según la acusación original, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 5 de julio de 2016, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, dentro del predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre la calle Pascual Palma entre Racedo y Pronunciamiento.
De siete imputados a dos acusados
En un primer momento hubo siete policías imputados en la causa. Durante la Investigación Penal Preparatoria, dos efectivos fueron sobreseídos y otros tres resolvieron su situación mediante juicios abreviados, al ser investigados por omitir actuar ante un delito en flagrancia.
Se trató de Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios, quienes acordaron penas de ejecución condicional. En esos procesos quedó constancia de que no participaron directamente de los presuntos abusos, aunque se les atribuyó responsabilidad funcional por su rol como efectivos policiales.
Inicialmente, esos acuerdos fueron rechazados por el juez de Garantías N° 5, Mauricio Mayer, quien cuestionó la calificación legal. Luego, los abreviados fueron homologados tras un cuarto intermedio dispuesto en noviembre de 2017.
Cambios en la imputación
En marzo de 2020, el juez Alejandro Grippo declaró la nulidad de la imputación original contra el cabo Morel como autor de uno de los abusos. La decisión se fundamentó en que la adolescente de 15 años nunca presentó una denuncia contra ese efectivo y en diversas oportunidades manifestó que no había sido abusada.
De ese modo, Morel permaneció vinculado a la causa, pero ya no como autor directo, sino como partícipe necesario o primario del hecho que se atribuye al otro imputado. El magistrado tuvo especialmente en cuenta que la supuesta víctima ratificó ante la Justicia que no deseaba formular denuncia alguna.
El contexto del hecho
El caso trascendió públicamente luego de que la adolescente de 13 años concurriera al hospital San Roque de Paraná con lesiones compatibles con abuso sexual, lo que motivó la intervención policial y judicial. A partir de ese episodio, todos los efectivos que prestaban servicio en la Guardia Especial del ex Ferrocarril fueron pasados a disponibilidad y, posteriormente, separados de la fuerza.
Los policías involucrados, con edades entre 25 y 40 años, cumplían tareas de apoyo en espectáculos y eventos deportivos y dependían de la Jefatura Departamental Paraná.
Un debate con antecedentes complejos
Fuentes judiciales señalaron que el proceso estuvo marcado por controversias, en especial por la continuidad de la acción penal en uno de los casos sin una denuncia expresa de la presunta víctima. También se plantearon cuestionamientos sobre la base probatoria utilizada para sostener la acusación.
El juicio que comienza el lunes intentará determinar las responsabilidades penales de los dos policías que llegan a debate en una causa que lleva casi una década de tramitación.
