Rovira, que no estuvo presente en la lectura del fallo, manifestó desde su domicilio en Concordia, que no lo sorprendió la decisión del juez y que dejará en manos de sus abogados defensores la decisión de recurrir la sentencia. En ese sentido expresó: “No vale mi opinión personal, en mi criterio habría que dejarlo así como está. Pero eso no vale nada ante lo que puedan opinar mis abogados defensores, así que ellos decidirán qué hacer”.
Por su parte, el abogado defensor, Guillermo Vartorelli, indicó minutos después de escuchar la sentencia que irá a la instancia de casación para recurrir el fallo. En ese sentido expresó: “Creo en la inocencia de mi defendido”, y agregó que “la sentencia aún no está firme”.
El ex fiscal no dudó en asegurar que la causa “desde sus orígenes fue una cuestión política”, y recordó que la denuncia “se presentó el 28 de diciembre de 2000 en el Juzgado de (Héctor) Toloy, en el que se tramitan todas las cosas turbias de la delincuencia pública”.
Rovira opinó que “la denuncia sigue un ritmo, por lo ridículo de los hechos denunciados, muy lento. No tenía ningún futuro según se podía ver”, y recordó que aunque el senador Jorge Campos y el abogado Roberto Beheran consideraron en aquel momento que las medidas no constituían “ningún acto ilícito administrativo sino que se trataba de un acto normal, regular y razonable” votaron por el desafuero y la causa continuó su curso normal “hasta que la estructura corrupta radical se une al denunciante, allá por 2001, y la condición fundamental del pacto que realizan es terminar de una vez con la FIA”.
Después de ese hecho, ante su procesamiento, Rovira presentó su renuncia el 3 de diciembre de 2003 y tiempo después mediante un trámite administrativo le fue retenido su haber jubilatorio.
Ante la pregunta de si se consideraba una víctima de ese pacto político, el ex funcionario sostuvo que no y consideró que sí lo son “el país y la provincia enteros; la víctima de la delincuencia política no soy yo sino la pobre gente que sufre la corrupción política del Estado”.
El ex titular de la FIA, fue denunciado por el entonces diputado nacional por el PJ, Jorge Busti, por haber dispuesto mediante las Resoluciones Nº 028 y Nº 029 la autoasignación de una compensación mensual por residencia y de otra por gastos de traslado respectivamente. Ambas medidas fueron fundamentadas por la defensa de Rovira y por él mismo en que, en el primer caso, renunció a la remuneración que establece el artículo Nº 4 de la Ley Nº 9.245 de creación de la FIA, optando por seguir cobrando su haber jubilatorio y en la necesidad de mudar su domicilio, desde Concordia a la capital entrerriana, ante la imposibilidad del Estado de asignarle una vivienda sin cargo.
En el segundo caso se argumentó la necesidad de hacer frente a gastos de traslado que derivaban del ejercicio de la función que desempeñaba, en función de tener su residencia habitual en la Capital nacional del citrus.
En ambos casos, desde la defensa se hizo hincapié en que los montos asignados eran no remunerativos puesto que no constituían remuneraciones sino que eran gastos que derivaban del ejercicio del cargo.
El gobernador quiere condena “de conciencia”
El gobernador Jorge Busti, autor de la denuncia contra Oscar Rovira, opinó que “la condena le debe venir de la conciencia”. Al ser consultado por la sentencia al ex fiscal, sostuvo: “Nunca me he manejado por rencores contra nadie, pero la condena de Rovira le debe venir de la conciencia, ya que fue un delator de la dictadura que intentó disimular con su paso por el gobierno de la Alianza de (Sergio) Montiel como un justiciero, y lo único que hizo fue emprender una campaña de persecución en mi contra”.
Además consideró que “más allá de que tenga una condena leve, en definitiva es una condena de la Justicia que debe ser acatada”. (UNO)
