La media sanción de la reforma laboral y de la Ley Penal Juvenil dejó en evidencia dos ejes del modo de hacer poder de Javier Milei: por un lado, el comunicacional, que amplifica en las redes imágenes de violencia callejera y consolida el relato —algo similar a cómo se viralizan los casos de seguridad">inseguridad protagonizados por menores—; por otro, la rosca política clásica, es decir, las negociaciones y mayorías circunstanciales en el parlamento.
Esa combinación le otorga oxígeno al oficialismo aun en un contexto económico adverso, con promesas incumplidas como la de sepultar la inflación y en medio de una recesión que golpea el empleo. El equilibrio es frágil: si el Gobierno confunde un impulso coyuntural con hegemonía y rompe puentes con sus aliados, el capital político acumulado puede desvanecerse tan rápido como llegó. Esa dinámica ya se observó en la primera mitad de su mandato.
La gestión de Milei obtuvo esta semana una victoria legislativa clave en el Senado al aprobar la reforma laboral, un tema siempre conflictivo en el país de Juan Domingo Perón. Aunque los detalles de la votación fueron llamativos, y la hazaña fue finalmente capitalizada por la flamante senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo sucedido en las calles frente al Senado fue aún más insólito y revela la “nueva forma” de hacer política.
La violencia y los enfrentamientos entre manifestantes y la policía fueron transmitidos en vivo por televisión durante horas, atrayendo grandes audiencias y generando cientos, si no miles, de clips que se viralizaron en . La política convertida en espectáculo, pero potenciada por los anabólicos de los algoritmos digitales diseñados para captar y maximizar la atención.
Mientras la sesión se prolongaba en el recinto, las calles, que al principio estaban relativamente calmas, se transformaron en un escenario de choque. La cantidad de manifestantes no fue masiva, pero la violencia registrada por cámaras y drones alcanzó niveles altos. Cuando las principales columnas de partidos de izquierda que marchaban hacia la Plaza de los Dos Congresos se fueron replegando, pequeños grupos tomaron la iniciativa y organizaron focos de vandalismo y confrontación.
Una pequeña “unidad” con cascos, máscaras antigás y el rostro cubierto utilizó planchas de cartón para montar una improvisada línea de ensamblaje de bombas molotov cerca de la primera línea policial. Mientras armaban los artefactos a la vista de cientos de efectivos, un camión hidrante blindado apuntó de forma tímida y errática. Cuando una de las bombas quedó lista, cayó detrás de las líneas policiales y, por fortuna, no alcanzó a prender fuego a ningún agente.
El grupo se retiró velozmente mientras otro manifestante usaba un martillo para arrancar baldosas de la vereda y agredir a la policía. Otro individuo se bajó los pantalones y quedó desnudo frente a los efectivos. Un banquete para las cientos de cámaras que allí disparaban y filmaban in situ.
Lo ocurrido en las inmediaciones del Congreso y su viralización en redes y en el ecosistema mediático debe leerse a la luz de “La sociedad del espectáculo”, el ensayo de Guy Debord, que señalaba cómo en las sociedades modernas la realidad se sustituye por su representación y la política se convierte en una puesta en escena continua. En el entorno digital actual, dominado por algoritmos que premian la emoción, el shock y la violencia, importa menos lo que ocurrió con precisión que qué imágenes quedaron y a quién benefician. El resultado es una polarización funcional: cada público recibe exactamente lo que necesita para confirmar su propio relato. Por un lado, la visión de inadaptados violentos que buscan desestabilizar al Gobierno; por el otro, teorías conspirativas sobre infiltrados que victimizarían la protesta social.
Los fotógrafos y periodistas de Perfil que estuvieron en el lugar describieron el accionar de las fuerzas de seguridad como llamativo. Señalaron, en particular, una pasividad inicial durante las protestas y una escalada de su propio nivel de agresividad horas después, cuando aparentemente individuos no organizados empezaban a ocupar la plaza. Resulta, por lo menos, sorprendente observar cómo se permitió que grupos muy pequeños o individuos cometieran actos que algunos calificaron de “terroristas”. “Estaban cazando perpetradores”, relató uno de los cronistas de Perfil, como si se eligiera a quién atribuir la responsabilidad de las protestas.
Algunos sugirieron que los vándalos eran agentes encubiertos, ya sea de la agencia de inteligencia SIDE o de la Policía de la Ciudad, responsable del operativo. Otros apuntaron a individuos “ultras” radicalizados que se desbordaron y que, según esa lectura, habrían sido permitidos por las fuerzas para luego ser apresados “in fraganti”. Finalmente, desde el Ministerio de Seguridad difundieron identidades de algunos de los más violentos y confirmaron al menos 43 detenidos.
Quien haya decidido escalar la violencia, y cualquiera haya sido su motivo, el Gobierno obtuvo las imágenes que necesitaba para intentar presentar su gestión —y la reforma laboral— como un paso necesario para dejar atrás un pasado reciente retrógrado, marcado por piquetes, protestas callejeras y pobreza, que remite a lo peor del kirchnerismo. Mucha gente que sintonizaba canales afines al oficialismo compró ese relato; en el otro extremo, se alimentaron las teorías conspirativas. Un caos construido que le ofrece a cada audiencia lo necesario para reafirmar sus propios sesgos. No hay puntos intermedios.
En paralelo, Bullrich consolidó una victoria política basada en una mayoría legislativa que brinda alivio al Gobierno de Milei. Tras aprobarse el Presupuesto 2026, el primero de la gestión presidencial, los libertarios sumaron otro triunfo legislativo con el apoyo de aliados circunstanciales, entre ellos el PRO, un número significativo de radicales de la UCR, gobernadores provinciales y peronistas centristas.
Quedó demostrado que, más allá del discurso antipolítico, la política clásica sigue plenamente vigente. La reforma laboral pudo aprobarse gracias a negociaciones, alianzas temporales y manejo de tiempos: una lógica más cercana a Nicolás Maquiavelo que al ideario anarco-capitalista libertario que proclama el presidente. Y, de paso, Milei nos recordó que estaba muerto.
El ala política del Gobierno, con Bullrich, Martín Menem y los operadores legislativos, demostró eficacia, aunque el riesgo es conocido: en su primer año, tras la Ley de Bases, el oficialismo se envalentonó, rompió puentes con aliados clave y terminó aislado y a la defensiva. La lección es nítida: sin esa muñeca política que Milei suele desdeñar, las mayorías circunstanciales se disipan con rapidez y el poder que hoy fluye puede transformarse mañana en un problema de gobernabilidad.
Nuevamente, el brazo político de Milei logró reunir votos mediante concesiones y negociaciones. No solo celebró Bullrich: también lo hicieron el ministro del Interior, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “Lule” y Martín Menem, y la jefa de Gabinete presidencial, la hermana Karina Milei. Miraron con desdén a la vicepresidenta Victoria Villarruel, marginada del núcleo libertario por su ambición y su falta de sumisión al líder. Las artes de la política que el Presidente desprecia vuelven a dar impulso a su gestión, como ya ocurrió en su primer año. Tienen otra oportunidad para capitalizar el envión, pero el secreto pasa por mantener la boca del presidente (relativamente) cerrada para no dinamitar esas alianzas funcionales.
Además, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este jueves al proyecto oficial para reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 149 votos afirmativos y 100 negativos, tras introducir cambios sustanciales para sumar apoyos. Otro triunfo del ala política, que convenció a bloques aliados como el PRO, sectores de la UCR y fuerzas provinciales, aunque el debate dejó serias cuestionamientos sobre el financiamiento del nuevo sistema, considerado insuficiente y sin garantías claras para las provincias.
Mientras el oficialismo defendió la iniciativa como respuesta a la inseguridad, buena parte de la oposición —incluidos Unión por la Patria, la izquierda y algunos aliados— advirtió que la reforma criminaliza a los sectores más pobres, no previene el delito y carece de inversión en educación e infraestructura, lo que generó dudas sobre su aplicación real aun cuando el proyecto ahora pasará al Senado.
Volviendo a la reforma laboral, forma parte de la trifecta de cambios estructurales que Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, acordaron con el Fondo Monetario Internacional, aunque es la menos urgente. El FMI espera que los libertarios avancen también con las reformas previsional y tributaria, que tendrán un efecto más decisivo sobre la sostenibilidad del programa económico. Aun así, la reforma laboral incluye flexibilización de la negociación colectiva y una reducción de los costos por indemnizaciones, junto con otras medidas que el Gobierno espera incentiven el empleo en el sector privado.
Si bien el mercado reaccionó positivamente en primera instancia, no está claro que la reforma laboral genere incentivos lo bastante fuertes como para reactivar el empleo privado. Eso es especialmente relevante en un contexto de fuerte contracción en varios sectores intensivos en mano de obra, siendo el industrial el más relevante.
Milei ya explicó que no cree en la política industrial: rechaza impulsar a la industria mediante políticas estatales porque lo considera contrario al libre mercado. Desde sus primeros días en la Casa Rosada confrontó con el sector y pidió a los empresarios industriales que sean competitivos sin ayuda del Estado, mientras apoyaba al agro. Sus críticas a Paolo Rocca, titular de Techint y el mayor empleador del país, están en línea con la visión de una economía más abierta, para que la mano invisible de Adam Smith opere sin interferencias.
En un mundo con tendencias proteccionistas, liderado por Estados Unidos bajo Donald Trump, y con un acuerdo de libre comercio entre ambos países que incluye cláusulas controvertidas, resulta difícil imaginar cómo la industria argentina podrá competir en igualdad de condiciones. Una de las causas principales es la elevada carga impositiva, junto con los costos laborales que la reforma busca reducir.
La UIA, que representa al sector y está encabezada por Martín Rapallini pero con una fuerte influencia de Techint, reclama a la administración Milei una reducción de costos para “nivelar la cancha”. Es dudoso que sus pedidos sean plenamente atendidos.
Tanto mediante una política industrial activa como por un crecimiento genuino que genere empleo formal en servicios, como ha señalado Milei en varias oportunidades, la economía argentina enfrenta un cuello de botella: los salarios quedan muy rezagados respecto de la inflación, la oferta de empleo privado está estancada y el sector informal continúa expandiéndose.
Sobre las protestas violentas frente al Congreso, muchos sectores duros de la oposición anticiparon el colapso de la presidencia de Milei. Eso parece improbable por ahora, aunque es legítimo cuestionar el nivel de tolerancia social al ajuste que muchos argentinos llevan meses sintiendo al no llegar a fin de mes. Existe, en todo caso, una duda real sobre si la política económica del Gobierno logrará mayor bienestar para la mayoría.
Hay analogías con los estallidos de 2001 que terminaron con el gobierno de Fernando De la Rúa y con la profunda crisis que siguió, o con las protestas de 2017 frente al Congreso cuando Mauricio Macri impulsó una reforma previsional que muchos consideraron injusta para los jubilados. Sin embargo, esta vez las circunstancias lucen distintas.
Milei ratificó su mandato social en las legislativas del año pasado y ahora ha usado su nueva fuerza legislativa para aprobar leyes relevantes. Las encuestas muestran que mantiene altos niveles de aprobación y que una porción importante de la población coincide en la necesidad de avanzar en reformas estructurales. Eso no implica un apoyo incondicional, pero sí indica que, frente a las alternativas, una parte significativa de la sociedad respalda al Gobierno.
El analista político Manuel Zunino explicó en una entrevista en este mismo programa que los principales motores del respaldo a Milei son la percepción de su determinación y la esperanza en el futuro. Incluso ante escándalos de corrupción persistentes —desde los audios de Diego Spagnuolo y la causa Andis, pasando por el cripto-escándalo Libra, las sospechas sobre Demian Reidel y Nucleoeléctrica, y otros—, Zunino sostiene que la confianza en el Gobierno pesa más que esos episodios para muchos votantes.
Para el analista, buena parte de la sociedad apoya iniciativas como la reforma laboral no porque crea que generarán empleo, sino porque confía en el Gobierno. “Mucha gente que cree en la reforma laboral porque lo plantea Milei, solamente por eso. Cualquiera, haciendo un análisis empírico, realista, ve que flexibilizando las condiciones de trabajo no se generan puestos de trabajo y no mejora la calidad del empleo existente”, explicó.
Zunino agregó que, tras el escándalo de Libra, los audios de Spagnuolo y el episodio del 3% de Karina el año pasado, la honestidad y la transparencia dejaron de ser atributos asociados al Gobierno. A su juicio, hoy prima la demanda de estabilidad y orden.
No obstante, pese al respiro que le dan las últimas votaciones en el Senado, Milei arrastra dificultades en el terreno económico. “Domar la inflación”, su promesa de campaña más destacada, está lejos de resolverse por completo, aunque se han registrado avances. De todos modos, acumulan ocho meses consecutivos de aumentos y el índice de enero volvió a subir, con un 2,9%.
A pesar del fuerte ajuste fiscal y monetario, con tendencias recesivas en varios sectores, caída del consumo y salarios deteriorados, los precios no terminan de contenerse. Los sectores que más empleo generan han quedado atrapados en procesos de estanflación: caída de la actividad combinada con inflación. Más allá de la controversia por la metodología del INDEC, el diagnóstico de fondo persiste: la desaceleración inflacionaria es más lenta de lo previsto, pesa la inercia, la puja distributiva y los costos estructurales, y el Gobierno responde reforzando su relato, lo que puede erosionar su credibilidad política en el ámbito donde había prometido mostrar fortaleza.
En cuanto a la comparación con diciembre de 2001 o con 2017, cuando Macri enfrentó una “lluvia de piedras” en el Congreso tras impulsar la reforma previsional, cabe recordar la observación del pensador francés Alexis de Tocqueville: en crisis profundas no siempre aumentan las demandas sociales; muchas veces las expectativas se moderan y la sociedad reduce lo que espera del poder político.
Cuando la situación empeora, también caen las expectativas, lo que actúa como un amortiguador del conflicto y puede dar más aire a los gobiernos en momentos críticos. Claro que esa regla no es absoluta: si las expectativas no se cumplen, los fantasmas del pasado pueden volver.
Al Gobierno le beneficia la fragmentación del peronismo y sus internas, la pérdida de protagonismo de la UCR, la canibalización del PRO y el escaso peso nacional de muchos gobernadores provinciales. ¿Surgirá un outsider capaz de enfrentar a Milei? Por ahora, la Casa Rosada puede seguir alimentando el sueño de la hegemonía. Pero necesita que, en algún momento, se reactiven esos misteriosos “instintos animales” de la economía, porque si no, la situación podría volverse aún más tensa.
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