La causa Cuadernos vuelve a poner sobre la mesa uno de los dilemas más hondos de la política argentina: ¿qué parte del dinero recaudado se destinaba a campañas electorales en negro, no declaradas —como suele ocurrir en todos los partidos— y cuánto terminaba quedándose en manos de funcionarios y de la entonces presidenta? Como denunció ayer en Modo Fontevecchia Diego Cabot, quien dio a conocer la causa Cuadernos, muchos cuadros del kirchnerismo viven sin trabajar tras dejar la función pública gracias a lo que vulgarmente llaman dinero “para la política”.
Con pruebas que incluyen registros manuscritos, confesiones empresariales y testimonios de arrepentidos, el caso se presenta robusto más allá de las críticas por el supuesto ensañamiento personal del exjuez Claudio Bonadio con Cristina Kirchner. Se discute si la figura del arrepentido fue usada de modo abusivo, presionando a empresarios para obtener declaraciones, pero gran parte de lo afirmado por ellos fue luego corroborado por pericias de geolocalización de celulares que ubican a los involucrados en los puntos señalados por los cuadernos y por movimientos bancarios previos a la entrega de bolsos con efectivo. La causa de los Cuadernos aparece, seguramente, como uno de los casos más emblemáticos de corrupción política en la historia reciente del país.
En lo relativo a la responsabilidad de la expresidenta —ya condenada y con prisión domiciliaria— se sostuvo que no podía ignorar lo que ocurría. En este expediente la vinculación entre los hechos y su persona es todavía más estrecha, pues bolsos con dinero llegaron a su propio domicilio. Aun cuando se alegue que esos fondos eran “para la política” y no para su uso personal, sigue tratándose de un ilícito y, como mínimo, cabe atribuirle la responsabilidad de no haberlo impedido.
El filósofo y teólogo Tomás de Aquino afirmó que todo poder legítimo debe orientarse al bien común: cuando el gobernante actúa en beneficio propio o de un grupo y no del pueblo, se convierte en tirano. En tal caso, la obediencia deja de ser virtud y el ciudadano adquiere una responsabilidad moral: no puede permanecer indiferente ante la injusticia. Para Tomás, no impedir el mal cuando se está en condiciones de hacerlo equivale a consentirlo, por lo que la omisión frente al abuso de poder es una forma de complicidad ética.
Esa reflexión de Aquino resulta especialmente pertinente al analizar a Cristina y la interpretación que sus seguidores hacen de su liderazgo. Para muchos, la expresidenta simboliza la defensa de los más vulnerables frente a una élite que intenta destruirla mediante el lawfare; para otros, es la figura del poder que no supo —o no quiso— frenar los abusos cometidos bajo su mandato.
Si, como plantea Aquino, la omisión ante el mal es también forma de culpa, el kirchnerismo enfrenta una pregunta incómoda: ¿en qué punto el silencio o la fidelidad política se transforman en complicidad? En la devoción hacia Cristina algunos observan resistencia; otros, una ceguera que impide aceptar que el poder también corrompe a quienes dicen luchar contra él.
Se cumplen 40 años del juicio a las Juntas y 80 años de los juicios de Nuremberg. Aunque son hechos de una naturaleza absolutamente distinta, existe en la doctrina jurídica alemana una noción posterior no aplicada en ninguno de esos procesos: la “autoría mediata de aparato de poder” o el “dominio del hecho y la responsabilidad por las consecuencias” para quien comanda una organización. Ese debate remite otra vez a hasta dónde la cabeza del Estado es responsable por actos realizados por funcionarios, una cuestión tanto filosófica como moral.
Resumiendo brevemente: iniciada en 2018 por el juez federal Bonadio, la investigación se apoyó en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que describían supuestos pagos de sobornos entre empresarios y funcionarios kirchneristas. El periodista Diego Cabot entregó las copias digitalizadas de esos cuadernos a la Justicia, lo que dio origen a una causa por asociación ilícita que alcanzó a exfuncionarios y contratistas del Estado. Detenciones, allanamientos y declaraciones de “arrepentidos” marcaron el inicio del expediente, en el que se acusó a Cristina de liderar una red de recaudación ilegal vinculada a la obra pública.
Tanto Bonadio como el fiscal Carlos Stornelli fueron blanco de amenazas y atentados, presuntamente por su intervención en la causa. Se denunciaron intentos de intimidación contra sus familias y colaboradores, mientras varios testigos ingresaron al programa de protección tras declarar como imputados colaboradores. Entre ellos figuraron el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y el propio Centeno, quien confirmó la autoría de los manuscritos. Paralelamente surgieron denuncias de extorsión vinculadas al falso abogado Marcelo D’Alessio, lo que generó cuestionamientos sobre ciertas actuaciones del fiscal Stornelli.
En 2025 se encontraron los cuadernos originales y un peritaje confirmó que Centeno era su autor. El tribunal sumó esa prueba a las confesiones de empresarios y exfuncionarios, entre ellos 25 arrepentidos que admitieron su participación en el circuito de sobornos.
Esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió intervenir para agilizar el juicio oral de la causa Cuadernos, en la que están imputados Cristina Kirchner y otras 86 personas. En una decisión adoptada por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, se convocó a los magistrados del Tribunal Oral Federal N° 7 a una reunión el 18 de noviembre para definir medidas que permitan acelerar el proceso, entre ellas aumentar la frecuencia de las audiencias, realizarlas de manera presencial y suprimir la feria judicial de verano.
Cuando entrevisté en 2020 a Sergio Moro, juez clave en la causa Lava Jato en Brasil, sostuvo que la corrupción “lleva al empobrecimiento de la democracia” y que socava la confianza en las instituciones. Afirmó además que Lava Jato “se expandió tanto que llegó a otros países” y generó una ola anticorrupción en América Latina.
Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cabot, el periodista que reveló la causa Cuadernos. En la charla sostuvo que la corrupción no solo financia campañas, sino también la vida personal de numerosos dirigentes que, tras dejar la función pública, viven sin trabajar. Según él, el financiamiento ilegal es estructural y trasciende las diferencias partidarias, ya que “allá arriba, donde se hacen negocios, no hay grieta”.
Cabot explicó que la investigación tuvo un valor inédito porque, por primera vez, alcanzó tanto a quienes recibían sobornos como a quienes los pagaban. Coincidió con la visión del juez brasileño sobre la necesidad de investigar a los empresarios, puesto que la corrupción exige la connivencia de ambas partes. Destacó además que la causa descansó en pruebas concretas, como cruces telefónicos y registros de movimientos, que verificaron los relatos y mostraron la relación directa entre pagos y favores del Estado.
Para Cabot, las declaraciones de los arrepentidos fueron un elemento clave que fortaleció la causa, al poner el relato en boca de los propios protagonistas. “La declaración de los arrepentidos le da solidez a la investigación”, afirmó.
Quienes califican estas causas de lawfare o guerra judicial —es decir, procesos motivados políticamente— centran sus críticas en que la columna vertebral del expediente sean precisamente los arrepentidos, pues sus testimonios podrían haber sido obtenidos bajo presión.
Al preguntar a Moro sobre el rol de los empresarios, sostuvo que la técnica de investigación es seguir el dinero, el llamado “follow the money”, y recordó que muchos condenados, públicos y privados, fueron señalados gracias a la colaboración de acusados. Añadió que, en Brasil, la condición para aceptar un acuerdo de colaboración implicaba que el imputado devolviera todo lo percibido ilegalmente, lo que permitió recuperar aproximadamente 2 mil millones de dólares. También subrayó que las declaraciones de los arrepentidos deben ser corroboradas con pruebas, muchas veces obtenidas de forma independiente.
“Lo que hicimos en el Lava Jato fue recurrir a la figura del colaborador, o arrepentido. La corrupción involucra a quien paga y quien recibe, y si ellos se callan nunca lo sabremos. El acusado colaborador es criticado, pero puede ayudar mucho. Siempre tiene que haber una prueba. Muchas pruebas fueron recogidas independientemente de cualquier colaboración; pero cuando ésta fue usada, todo tiene que ser respaldado por prueba independiente”, sostuvo Moro durante la entrevista.
Un caso similar fue la operación Mani Pulite (“Manos Limpias”), iniciada en Italia en 1992 con la detención del socialista Mario Chiesa, que destapó una red de corrupción que salpicaba a buena parte de la dirigencia política y empresarial. Liderada por el fiscal Antonio Di Pietro y su equipo en Milán, la investigación reveló el sistema conocido como Tangentópolis, donde partidos como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista recibían dinero a cambio de favorecer a empresarios en la adjudicación de contratos. El escándalo provocó el colapso de la “Primera República Italiana” y una oleada de indignación que consolidó a los jueces como símbolos de una justicia regeneradora.
A treinta años de aquel terremoto político y judicial, Italia aún debate entre una memoria heroica y la acusación de lawfare. Para algunos, Mani Pulite fue una revolución cívica que depuró al Estado; para otros, un golpe judicial que borró partidos de legitimidad democrática.
En Argentina, quien criticó la figura del arrepentido en este mismo programa fue Gregorio Dalbón, al sostener que el 80% de la sociedad no confía en los jueces. El abogado defensor de Cristina afirmó que en la causa Cuadernos “la extorsión y la tortura fueron la base del arrepentimiento”. Comparó la metodología aplicada en Argentina con la de Lava Jato en Brasil.
Según Dalbón, muchos empresarios habrían declarado bajo presión para recuperar la libertad, lo que dejaría sus testimonios en entredicho. “No hay una sola prueba que respalde a los arrepentidos. Podemos inferir que dijeron lo que dijeron para recuperar su libertad”, aseguró.
Sin embargo, Cabot remarcó que la investigación de los cuadernos permitió mostrar cómo empresarios y funcionarios se beneficiaban mutuamente mediante un esquema de pagos y favores que drenaba fondos públicos, y que tanto las confesiones como las pruebas cruzadas —registros telefónicos y operaciones financieras— confirmaron los hechos denunciados. “La prueba corrobora las declaraciones de los arrepentidos”, detalló.
¿Pero estaba al tanto Cristina Kirchner del sistema de recaudación que operaba en Vialidad? El abogado rechazó la existencia de bolsos destinados a la expresidenta y sostuvo que los supuestos aportes ilegales fueron una excusa para montar una causa política en su contra.
En esa línea, Dalbón afirmó que la expresidenta fue víctima de un entramado judicial diseñado para perjudicarla antes de las elecciones y aseguró: “Es una novela que se escribió para lastimar a Cristina”.
Por el contrario, Cabot sostuvo que Cristina conocía y mantuvo el sistema de recaudación ilegal iniciado por Néstor Kirchner, al conservar en sus cargos a funcionarios implicados. Argumentó que, al asumir en 2011, pudo haber desplazado a esos funcionarios pero optó por mantenerlos en puestos clave.
Además, según el periodista, numerosos testimonios —tanto de arrepentidos como de otros declarantes— respaldan que la exmandataria estaba al tanto de los movimientos de dinero, incluso cuando el acopio se realizaba en su residencia. “Hay testimonios que confirman que Cristina estaba implicada”, afirmó.
Frente a la acusación de que la causa habría sido impulsada por el macrismo, Cabot la negó rotundamente, recordando que él mismo fue el único que denunció a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Señaló que las relaciones corruptas trascienden los clivajes políticos y que, en los niveles más altos del poder, predominan los intereses económicos por sobre las ideologías. En ese terreno, dijo, la llamada “grieta” funciona como distracción: mientras la ciudadanía se polariza, los negocios entre empresarios y funcionarios siguen su curso.
En su reciente columna para PERFIL, titulada “La potencia del socialismo del robo”, Jorge Asís describe el juicio de la causa Cuadernos como un proceso simbólico contra el capitalismo argentino, al que califica de “dinámica indignidad”. Afirma que los empresarios involucrados, antes poderosos y silenciosos, ahora deben “ponerla” para atenuar el castigo judicial.
Asís ironiza sobre la “valentía” de imputados que actuaban en un sistema donde “coimear para trabajar y coimear después para cobrar” era moneda corriente, y define ese entramado como “la magnífica potencia del socialismo del robo”, una estructura corrupta que, según él, se consolidó bajo el kirchnerismo.
El autor traza además un paralelismo entre el juicio y la refundación del capitalismo que propone Javier Milei, presentándolo como parte de una cruzada ideológica global junto a Donald Trump y ciertos sectores religiosos con discurso mesiánico. Sostiene que la justicia actúa como herramienta de demolición del peronismo, mientras Milei concentra poder con apoyo de la fe y la retórica mesiánica.
En su habitual tono sarcástico, Asís concluye que los “reboteros”, o antiguos opositores, solo aguardan el fracaso del presidente, porque en la Argentina, escribe, “todo sale invariablemente mal”, y ni siquiera la voluntad política parece capaz de torcer ese destino.
No obstante, también Milei y su entorno están involucrados en serias investigaciones por corrupción. Esta semana, el juez federal Federico De Giorgio ordenó congelar bienes y activos financieros de Hayden Davis, creador de la criptomoneda $Libra, junto con los de dos nuevos señalados: Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. La medida se apoya en pruebas de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que detectó una compleja red de transferencias y operaciones en el exterior presuntamente vinculadas al entorno del presidente Javier Milei.
Según la periodista Irina Hauser, los nuevos señalados permiten reconstruir la ruta del dinero: Rodríguez Blanco habría operado una cueva de criptoactivos en Buenos Aires, mientras Mellino, un jubilado de 75 años, habría actuado como testaferro en movimientos superiores a cinco millones de dólares. El congelamiento de activos representa un avance hacia posibles imputaciones por lavado y asociación ilícita, y se espera que el 18 de noviembre se presente el informe final ante Diputados con nombres y pruebas que, según Hauser, confirman que “parte del dinero llegó al entorno presidencial”.
Sin olvidar el escándalo de ANDIS, por las coimas en el área de Discapacidad, vemos que incluso un gobierno como el de Milei —que prometió reinventar la política y refundar el país— quedó atrapado en las prácticas de la vieja “casta”.
Por eso, la causa de los Cuadernos sintetiza un problema estructural: vínculos no santificados entre política y poder económico. También plantea un dilema ético para quienes se sienten representados por Cristina Kirchner: cómo conjugar el reconocimiento de sus políticas y el afecto por su figura con sus responsabilidades penales y morales.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
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