Mientras avanzan las licitaciones de la Red Federal de Concesiones y el futuro de Vialidad Nacional se dirime en la Justicia, crecen los reclamos por el deterioro de las rutas nacionales y la falta de obras. Legisladores de la oposición habían denunciado en febrero que alrededor del 70% de la red vial estaba en mal estado. La proporción preocupa no solo por el mayor riesgo de siniestralidad vial, sino también por el aumento de costos logísticos y el perjuicio que supone para el entramado productivo del país.
El problema radica en que -como indicó Delia Flores, despachante y presidenta de Calibre, una cámara correntina de transporte automotor de cargas- alrededor del 90% de la producción nacional se transporta en camiones. “La red vial significa inserción en los mercados”, afirmó a LA NACION. Esta centralidad en términos económicos, sin embargo, no se condice con el estado de los principales corredores por donde circula la producción.
“El pedazo que yo transito de la ruta nacional N°151, que es de 25 de Mayo a Cipolletti, tiene 132 kilómetros. De esos 132, no tiene ni 25 transitables”, denunció David, camionero de la localidad santafesina de Rafaela a LA NACION: “Los otros ciento y pico de kilómetros son a paso de hombre y está más sano por la banquina que por la cinta asfáltica”.
La vía que describe David es parte integral del circuito petrolero Bahía Blanca-Neuquén. Por allí, transita la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta -con la que la administración de Javier Milei apuesta a apuntalar un crecimiento de las exportaciones- e ingresan los insumos necesarios para su explotación.
Pese a su importancia, y según un relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac), en mayo de 2024, el 70% de los caminos que componen el circuito se encontraba en mal estado: la mayor parte del recorrido carecía de señalización y banquinas y al menos el 40% de la calzada presentaba baches. Además, en palabras de los técnicos a cargo del estudio, la ruta nacional N°151 era, por entonces, “la peor del país”.
Este no es un caso excepcional, sino el síntoma de un diagnóstico en el que coinciden tanto la organización transportista como Vialidad Nacional (cuya evaluación de la red nacional de caminos 2023-2024, evidenció que uno de cada dos kilómetros no está en buen estado): en todo el país, la red vial enfrenta grandes deficiencias.
Aunque reconocen que se trata de un problema de larga data, cámaras empresarias y gobernadores denuncian que la situación empeoró tras la asunción de Javier Milei. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) al que accedió LA NACION, el presupuesto de 2024 para obras de seguridad en rutas nacionales y repavimentación se subejecutó en un 65%.
“Las rutas nacionales en nuestra provincia llevan más de dos años y medio casi sin ningún tipo de mantenimiento firme”, sostuvo el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Su provincia está atravesada, entre otras, por la ruta nacional N°3, que conecta Buenos Aires con la Patagonia y permite el transporte de mercancías hasta el puerto de Bahía Blanca. Ya en 2023, Vialidad Nacional había informado que, a la altura de dicha localidad balnearia, la vía en cuestión se encontraba en mal estado.
Ahora, el Gobierno incluyó el tramo más deteriorado en la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones con la que planea licitar el mantenimiento de alrededor de 10.000 kilómetros de rutas en distintos puntos del país. El principal problema es que, según establece el cronograma oficial, las empresas ganadoras de esta segunda etapa recién se harán cargo de los corredores en noviembre.
Algo similar sucede con las rutas nacionales N°11 y N°34. Ambas vías conectan el norte argentino, con la provincia de Santa Fe: la primera discurre por Formosa y Chaco, mientras que la segunda habilita el transporte de la producción de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
Según se desprende de los mapas elaborados por la Fadeeac, entre las localidades Pozo Hondo y Colonia Dora de esta última provincia, la ruta contaba con importantes irregularidades (baches y parches protuberantes) y una deficiente demarcación horizontal. En Santa Fe, el tramo de la ruta nacional N°11 que se extiende desde el norte hasta la localidad de Palacios estaba en condiciones similares, pese a la gran cantidad de camiones de carga que circulan por la provincia.
“Santa Fe es una de las provincias productoras de cereal más importante, pero también recibimos lo de provincia ajena. En lo que se llama cosecha gruesa, entran aproximadamente dos millones y medio de camiones, además del tránsito habitual de vehículos que tiene la provincia”, detalló Benjamín Gianetti, de Vialidad provincial de Santa Fe.
Aunque los daños en la calzada podrían generar demoras en el transporte de mercaderías e incidentes viales, es posible que las obras correspondientes sigan paralizadas hasta diciembre, mes en que se prevé que termine la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones.
Esta demora en las obras redunda, en el largo plazo, en un aumento de los costos. “Cuando se hace una pequeña grieta en la ruta, se hace un sellado de fisura, que es tomar la junta e impermeabilizar. Con eso se alarga la vida útil y es la tarea más económica que existe de mantenimiento”, explicó a LA NACION el funcionario de Vialidad: “Si no lo hacés, la grieta se agranda, empieza a entrar agua, se afloja la base y se hace el bache. Cuando lo tenés que arreglar, gastás tres veces más”.
En esta misma línea, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), en un informe al que pudo acceder LA NACION, señaló: “Por cada peso no invertido oportunamente en mantenimiento y en conservación vial, se deberá gastar a posteriori, entre tres y cinco veces más en obras de rehabilitación”.
Al igual que Santa Fe, otras provincias del Litoral también reciben a diario un importante flujo de camiones, en este caso, a través de la ruta nacional N°14. Se trata de una vía estratégica para la integración regional y el comercio exterior con Brasil, Paraguay y Uruguay. Justamente por su papel en transacciones del Mercosur, el gobierno priorizó su licitación y la incluyó en la primera etapa del plan privatizador.
Sin embargo, este martes, la Secretaría de Transporte extendió el plazo para la presentación de ofertas para hacerse cargo de la ruta: el cierre, que estaba previsto para el 5 de agosto, ahora se retrasó al 8 de septiembre. La prórroga dio un nuevo impulso a los reclamos por la reparación de una vía que ya presenta un grave deterioro.
“La calzada está hecha pedazos”, resumió David. El estudio de la Fadeeac reveló que, a mediados de 2023, los 686 kilómetros que conectan la localidad de Ceibas (Entre Ríos) con Paso de los Libres (Corrientes), presentaba ahuellamientos profundos, baches, reparaciones mal realizadas y banquinas en mal estado. Y, en algunos trechos, dicho arcén directamente no existía.
El daño se extiende también a lo largo de la ruta nacional N°117, que conecta la vía mencionada con el puente internacional de frontera Agustín P. Justo-Getulio Vargas. En diálogo con LA NACION, Flores explicó que las irregularidades en la calzada “fuerzan la circulación a contramano y por la banquina”, lo que aumenta el riesgo de accidentes.
Además de elevar la siniestralidad vial y multiplicar los costos de mantenimiento, la demora en las obras termina generando nuevos costos logísticos que afectan al entramado productivo. Las irregularidades en esta y otras rutas resultan -como señaló Flores a LA NACION– en un “inmenso desgaste de los neumáticos”, lo que eleva considerablemente el costo del transporte, en especial en el caso de los camiones bitrenes de nueve ejes. En sus palabras, estas dificultades “atentan contra las inversiones”. “¿Quién va a invertir en un paquete industrial a costa de romper los neumáticos?”, reflexionó la presidenta de Calibre.
Según consignan en Fadeeac, la rotura de las rutas también acelera el deterioro del tren delantero del vehículo, los rulemanes y sistemas de frenado.
Para prevenir esa clase de desgaste, en algunos casos, los choferes se ven obligados a extender el viaje, consumir más combustible y circular por vías alternativas que atraviesan zonas más inhóspitas. Esto -sumado a la falta de iluminación y la necesidad de reducir al máximo la velocidad en algunos tramos- favorece el atraco de vehículos y la pérdida de mercadería, lo que también deriva en una suba de costos y desincentiva la inversión.
Así, entre demoras, robos, desgaste de vehículos y accidentes, el deterioro en la red vial empieza a presionar al entramado productivo del país.
