En plena campaña agrícola, la aplicación de agroquímicosestá escalando en el debate público y traspasa las tranqueras. El asunto hallegado a instancias judiciales en localidades de distintas provincias, y enPergamino, corazón agrícola del país, la situación llegó a la detención de trespersonas acusadas de haber realizado pulverizaciones en zonas de exclusión.
A las pocas horas, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzoordenó la liberación de los detenidos. Pero este caso, sucedido cerca de lalocalidad J.A de la Peña -un pueblo del Partido de Pergamino- representa unincidente más en la creciente intervención que el magistrado viene teniendosobre el tema.
Semanas atrás, Villafuerte Ruzo procesó a otras trespersonas, en el marco de una investigación más compleja y de larga data, apartir de la denuncia de vecinos de un barrio de las afueras de esa ciudadbonaerense. En ese caso, la imputación penal es por el delito de “contaminacióndel ambiente en general”, de un modo peligroso para la salud, mediante lautilización de residuos peligrosos.
Las detenciones de esta semana -el dueño del campo, elingeniero agrónomo y el operario del pulverizador comparten laresponsabilidad-, se produjeron porque, según la denuncia de vecinos, nohabrían respetado por 10 metros la ordenanza municipal que establece una zonade exclusión de 100 metros desde los sectores residenciales.
La normativa pergaminense sobre “manejo responsable defitosanitarios”, sancionada en diciembre de 2014, establece como zona deexclusión -implica ningún tipo de pulverización agrícola- a los 100 primerosmetros desde el límite urbano, y como zona de amortiguamiento un anillo de 500metros.
En Entre Ríos
En el último mes, la problemática por esta situación sedescomprimió un poco en la provincia de Entre Ríos, que atravesó varios mesesde incertidumbre mientras la situación también se tramitaba en instanciasjudiciales. A fines de octubre, el Superior Tribunal de Justicia entrerianoratificó la validez del decreto provincial 2239, que establecía distancias de100 metros para las aplicaciones terrestres y de 500 metros para las aéreas enzonas con escuelas rurales. Hasta entonces, regía un límite de 1.000 metrospara las terrestres y 3000 para las aéreas, según lo ordenado por la Justiciaprovincial, tras un pedido de organizaciones ambientalistas y una entidadligada a educadores.
En Córdoba
En tanto, en la provincia de Córdoba parecer haberseentendido mejor que en ningún otro distrito la necesidad de actuarproactivamente. A la respetada Ley Provincial 9164 de Fitosanitarios,constantemente se suman acciones que acercan posiciones entre la población.Esta semana, por caso, se firmó un convenio entre cuarenta municipios -entrelos cuales se cuenta Monte Buey, Municipio Verde certificado por Aapresid-, elColegio de Ingenieros Agrónomos y la Provincia de Córdoba, conscientes de quees fundamental tender puentes de diálogo y confianza, contar cómo se hacen lascosas, e incluso prestarse a la realización de “auditorías sociales” con basescientíficas.
“Hay que generar confianza, que es lo que necesita elhombre y la mujer que viven en una zona urbana respecto de lo que pasa en lazona rural”, señaló el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba,Sergio Busso.
