POSADAS, Misiones.- A casi tres semanas de que asumiera el nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), designado por el presidente Javier Milei, se conoció hoy un importante recorte de personal en el organismo yerbatero. Según pudo saber LA NACION de distintas fuentes cercanas al ente, se notificaron despidos de entre 20 y 21 empleados, en torno al 25% de la planta, que asciende a 84 personas.
Aunque no se comunicó oficialmente la cifra exacta ni los sectores afectados, los despidos habrían alcanzado las áreas de extensión yerbatera, controles a las empresas del sector, registro y fiscalización. Fuentes consultadas por este medio señalaron que podrían sumarse 20 cesantías más y un recorte en la flota de 25 camionetas.
Otro capítulo que podría sufrir ajustes son los viáticos de los directores: son 12, designados ad-honorem, y son cuestionados por algunos sectores por viajar al exterior en misiones comerciales para “vender yerba mate” a destinos como Dubai, Nueva York o París.
La histórica sede del INYM está en la calle Rivadavia casi Santa Fe, a cinco cuadras de la Plaza 9 de Julio, en pleno centro posadeño
El 11 del actual asumió al frente del organismo, que estuvo acéfalo desde el primer día del gobierno de Milei, el contador Rodrigo Correa, quien llegó con la misión de “modernizar” el organismo, “reestructurarlo” y adecuarlo a sus nuevas funciones. Unos días después, Correa convocó a la primera reunión de directorio y acordó con todos los sectores solicitar el incremento de la Tasa de Fiscalización, como se llama la estampilla que lleva cada paquete de yerba mate y que representa el recurso con el que se financia el organismo.
La primera reunión de Rodrigo Correa al frente del organismo tuvo asistencia plena del directorio. Los dos representantes de la industria no avalaron la suba de la estampilla, que implicó un incremento de 7 pesos hasta $32 por kilo.
“Vamos a trabajar en el marco de la normativa vigente para dar un paso más en la modernización del Instituto, armonizando esas normas en un proceso de desburocratización que facilite la actividad que desarrollan los distintos operadores del sector yerbatero”, explicó Rodrigo Correa, en una declaración publicada por el INYM. En ese sentido, destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.
LA NACION le pidió a Correa una declaración sobre las cesantías y la reorganización del INYM, pero el titular del organismo aún no se pronunció. Al asumir dijo que se tomaría un tiempo antes de hacer comentarios sobre los lineamientos de su nueva gestión.
Tras haber ignorado al organismo durante dos años, el Gobierno Nacional, sorpresivamente para todo el mundo yerbatero, designó el 12 de diciembre pasado un presidente del INYM. Nadie lo esperaba hasta días antes.
Los recortes en el INYM son apoyados por muchos sectores yerbateros, industriales e incluso pequeños productores que han sido muy críticos en los últimos años con la politización del organismo, la estructura burocrática que fue desarrollando y también la falta de reacción en estos dos años para defender a los pequeños productores.
En rigor, la Secretaría de Agricultura ya le venía pidiendo al INYM que se modernizara, pero sin un presidente designado por el gobierno nacional ningún “director a cargo” quería tomar la decisión. El directorio apoyó estos recortes conocidos el día de hoy.
Hace dos años, con el DNU 70/2023 el INYM perdió las facultades de regular los precios de la materia prima y la yerba canchada dos veces al año, así como otras potestades regulatorias, como controlar las plantaciones de nuevos yerbales y eventualmente limitarlas, fijar el calendario de cosecha o realizar durísimos controles sanitarios a la yerba importada.
En este contexto, quienes buscan restituir las facultades regulatorias, cada vez con menos esperanza de lograrlo, son el gobierno de Misiones, la mayoría de los pequeños yerbateros (son en total unos 12.500), los tareferos y trabajadores rurales en general, algunas industrias medianas y chicas y algunos sectores cooperativos.
El INYM nació por la ley 25.564 tras la mayor protesta agraria de la historia de Misiones, a la que se conoció como “el tractorazo”, donde cientos de agricultores entraron a Posadas con sus maquinarias y acamparon hasta lograr ser escuchados. Venían de años de precios bajos por la hoja verde y una pobreza en las chacras que generó un fuerte éxodo a las ciudades.
