La eliminación de la baja de Ganancias a empresas del proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado fue el primer triunfo directo de los gobernadores desde el inicio de la gestión libertaria. También marcó un cambio en la disposición a la negociación por parte del oficialismo nacional.
Cuando comenzaron las conversaciones en diciembre tanto por la modernización laboral como por el presupuesto 2026, desde las provincias advirtieron al ministro del Interior, Diego Santilli, que no estaban dispuestos a perder más recursos.
En la segunda rueda de reuniones fue clave la posición que adoptaron los peronistas que tienen buena relación con la Casa Rosada: el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo. Ninguno de ellos acata la jefatura de Cristina Kirchner en el PJ.
En el último contacto, a fines del mes pasado, le ratificaron a Santilli que tenían voluntad de acompañar pero que de ninguna manera iban a votar el capítulo fiscal. El salteño, incluso, tendió redes con el neuquino Rolando Figueroa, que se sumó públicamente a la postura.
Los mandatarios tienen ascendencia sobre los senadores Flavia Royón (Salta); Beatriz Ávila (Tucumán) y Julieta Corroza (Neuquén).
En la noche del martes -cuando les confirmaron que habían logrado su objetivo de que quedara afuera el capítulo tributario- esos mandatarios consideraron que su posición fue crucial. En otras oportunidades, la Rosada había logrado tenerlos de su lado sin ceder aspectos centrales de las normas en juego.
Dos billones de pesos
Según cálculos del Iaraf, el costo fiscal directo inicial de la baja de ganancias para empresas diseñada por Luis Caputo era del orden del 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que en moneda actual sumaba 1,9 billones de pesos. De ese total, a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) le correspondían $1,12 billones. La pérdida se haría operativa en 2027.
Todos y cada uno de los gobernadores con los que Santilli se vio repitieron el mismo planteo. También lo hicieron los aliados electorales, el entrerriano Rogelio Frigerio, el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero.
En medio de las negociaciones de los últimos días, desde ese sector hicieron circular un paper en el que daban cuenta de que en el último trimestre las provincias perdieron $500.000 millones, entre la caída de la recaudación propia y la baja de la coparticipación. Un mensaje indirecto para presionar a los negociadores políticos de la Rosada.
Casi en paralelo, con el empuje de Sáenz apareció la posibilidad de una reunión de gobernadores de todos los colores políticos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un espacio que no los tiene como visitantes desde mediados del año pasado, cuando los unió la decisión de pelear por el Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).
Para frenar la amenaza, Santilli salió en ofensiva contra el bonaerense Axel Kicillof: “Para ellos recaudar es más importante que generar trabajo”. Pero nunca aplicó el mismo tono con los otros gobernadores. No solo los escuchó, sino que en enero empezó a insistir a la mesa política con que si no había cambios en el paquete impositivo, la ley no saldría con el “alto nivel de consenso” que pretende el oficialismo.
La insistencia de los gobernadores nunca cedió y Santilli -a quien se sumó la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullirch– dejó constancia del complejo panorama ante Karina Milei, Santiago Caputo y Manuel Adorni.
El grupo fue el encargado de convencer al ministro Caputo de que la reforma tributaria debía quedar para otro momento.
En últimas reuniones de Santilli antes de la sesión en el Senado se encontró de nuevo con Zdero y con la senadora por Misiones Sonia Rojas Decut, quien junto a su compañero de banca Carlos Arce responden al gobernador Hugo Passalaqcua, y especialmente al jefe político de la provincia, Carlos Rovira.
