La proliferación de mecanismos estatales relacionados con la información falsa, la desinformación y la propaganda exige una revisión rigurosa conforme a los estándares constitucionales y convencionales que protegen la libertad de expresión y de prensa en la República Argentina.
Hoy existe una dificultad evidente: los usuarios de internet disponen de escasas herramientas para distinguir lo veraz de lo falso. No es un fenómeno espontáneo. Hay antecedentes suficientes que muestran que Estados y actores privados difunden deliberadamente noticias falsas, desinformación y propaganda con fines políticos o económicos. En este escenario, marcado por la llamada “posverdad”, el debate público se desplaza de los hechos verificables hacia la construcción de “verdades alternativas”.
Las fake news cumplen un propósito concreto: incidir en el debate público, condicionar a sectores de la sociedad y erosionar la pluralidad de voces. Sus efectos son conocidos: contaminan el proceso deliberativo, distorsionan la toma de decisiones del electorado, confunden a las audiencias digitales y obligan a los medios tradicionales a asumir tareas continuas de verificación que modifican su dinámica informativa.
No obstante, que la desinformación sea nociva para la democracia no autoriza al Estado a erigirse en árbitro del discurso público. La libertad de expresión no admite atajos: ningún funcionario ni organismo estatal puede limitarla sin comprometer los pilares del Estado constitucional y convencional de derecho.
El sistema jurídico argentino es claro: las restricciones son excepcionales y no pueden transformarse —ni abierta ni disimuladamente— en mecanismos de censura. Aquí aparece uno de los riesgos más graves: la autocensura.
La autocensura constituye una forma de censura indirecta o “blanda”. No requiere órdenes formales ni prohibiciones explícitas. Opera cuando periodistas, medios o ciudadanos restringen la producción o difusión de información por temor a represalias, presiones o reacciones estatales. Todo control estatal sobre la información conlleva ese riesgo: o se impide el acceso a los medios para expresarse, o se induce el silencio mediante el amedrentamiento. El resultado es el mismo: la información no se produce.
Si la información no circula, la sociedad queda privada de los elementos necesarios para deliberar, controlar y decidir con libertad. La censura ya no necesita prohibiciones formales: basta con generar miedo.
Por eso, en materia de libertad de expresión, la obligación primera del Estado es la neutralidad. El control democrático se ejerce desde la opinión pública, no desde oficinas estatales que clasifican discursos, señalan “falsedades” o delimitan lo decible. La pregunta central sigue siendo: quién define qué es desinformación, con qué criterios y bajo qué límites.
La administración de Alberto Fernández impulsó el programa “Confiar”, orientado a la verificación de noticias a partir de consultas de los usuarios; luego avanzó con “Nodio”, concebido como un observatorio no punitivo destinado a la producción de conocimiento y al fortalecimiento del debate plural. La actual administración, por medio de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, presenta una voz estatal destinada a desmentir activamente falsedades y operaciones.
No se trata únicamente de una “cuenta en X”. La censura previa no siempre se impone desde afuera: a veces se internaliza. Y cuando la autocensura se convierte en regla, la libertad de expresión deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión.
* Abogado.
