“Es una gran tristeza y una impotencia enorme lo que siento, porque ya no sabemos qué hacer, quién nos cuida y a quién recurrir”, expresó con resignación Federico Peón, un productor ganadero de 53 años residente en Benito Juárez, Buenos Aires. En solo cinco meses de este año, ha sufrido el robo y la faena ilegal de 25 animales en dos campos situados a lo largo de la ruta nacional 3, entre Benito Juárez y Chillar.
La serie de incidentes comenzó el 1° de febrero, cuando intrusos ingresaron a uno de sus campos y faenaron tres terneros y dos vacas en el establecimiento conocido como 23 de Mayo. Posteriormente, el 14 de febrero, en “La Josefina”, se robaron la carne de otros cinco terneros. Luego, el 4 de marzo, la cifra aumentó con otros siete. El último ataque fue hace apenas tres días en 23 de Mayo, donde fueron sacrificados ocho animales más.
Según relató a LA NACION, los animales faenados eran terneros de entre 200 y 230 kilos ya criados, además de dos vacas, lo que representa una pérdida económica estimada en más de $20 millones.
En total, los campos afectados por la inseguridad rural son “La Josefina”, de su propiedad, donde realiza cría y recría, y el campo “23 de Mayo”, en el que lleva a cabo un ciclo completo. Ambos están a solo 10 kilómetros de distancia y un 80% de sus superficies colinda con la ruta.
“Los atacantes ingresan en grupos de dos o tres personas a pie durante la noche, cortan los alambres y faenan dentro del potrero. Los puntos donde realizan la faena están muy cerca de la ruta; caminan unos 100 metros y les disparan o golpean a los animales, que se acercan por curiosidad en la oscuridad”, detalló Peón.
A pesar de que en “23 de Mayo” hay cinco empleados y en “La Josefina” uno, nadie ha podido ver nada. “Siempre atacan de noche, lo que dificulta la detección. Después trasladan la carne hasta la banquina, llaman por teléfono y alguien pasa a recogerla. Dejan la cabeza, las patas y las vísceras esparcidas por el lote y se van. Todo está perfectamente organizado”, denunció.
El aspecto más alarmante, afirmó Peón, es la falta de respuestas del sistema judicial y policial. “En 12 años he realizado más de 40 denuncias, unas cuatro por año, y nunca hubo soluciones; nunca encontraron nada”, dijo, visiblemente enojado. Criticó a la fiscalía de Azul y a la patrulla rural local: “Sólo tengo acceso a la patrulla rural, que realmente es un desastre, y al secretario de Seguridad de Benito Juárez, que también es lamentable. Todo queda en la nada”.
La sospecha de una red organizada y la connivencia institucional no es nueva, pero se intensifica con el tiempo. “Seguramente esa carne termina en carnicerías de los pueblos cercanos. Imaginate que esto ocurre desde hace años y nadie hace nada. Hablo por mí, pero hay muchos productores que también están sufriendo lo mismo”, alertó.
Frente a la falta de acción, Peón está tomando medidas por su cuenta. En “La Josefina”, planea instalar cámaras y un sistema de cerco perimetral con alarma. “El problema de las cámaras es que de noche no tienen alcance. El cerco suena si lo tocan o cortan. Es lo único que me queda”, comentó, aunque no se muestra del todo confiado.
“El productor es el que aporta, trabaja y sufre el robo. Siempre escuchamos el mismo discurso: que están actuando, que investigan, pero se ríen en nuestra cara. Ya no tengo razones para creerles. Estoy muy cansado”, concluyó.
La historia de Peón ilustra lo que ocurre en muchas zonas rurales del país, donde el abigeato se ha convertido en un delito común y difícil de erradicar. En su caso, el daño va más allá de lo económico; es también emocional. “Es un tema interminable. Lamentablemente, nunca se llega a ningún lado. Siempre es lo mismo”, finalizó, sin perder la esperanza de que algún día alguien lo escuche.
