A pesar de las sonrisas y la buena voluntad que mostraron en las primeras reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre los gobernadores dialoguistas persisten dudas sobre al vínculo con la Casa Rosada.
En particular, los mandatarios vienen hablando en privado entre ellos con tres preocupaciones centrales: cómo será la “letra chica” de la reforma laboral, la discusión por el reparto de fondos, una nueva ley de coparticipación federal y el futuro de las obras públicas. Este paquete aún tiene más preguntas que certezas para la mayoría de los gobernadores dialoguistas.
“Van a aprovechar este verano político tras las elecciones. Van a sacar el Presupuesto y después se les va a complicar”, opina ante PERFIL uno de los gobernadores que deambulan entre acuerdos y críticas a la Casa Rosada.
Si bien la buena voluntad de la mayoría existe –y así se lo expresan a los ministros– y es visible, tanto los gobernadores del centro como los patagónicos no se fían: ya se frustraron con la gestión Francos-Catalán en el pasado con lo que, afirman, fueron “promesas incumplidas”.
En este marco, además del Presupuesto 2026, el principal objetivo de corto plazo hoy del ministro Santilli en el Congreso, el segundo proyecto clave será la reforma laboral. Este fue el eje central de discusión en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina donde se escuchó a varios mandatarios provinciales.
Al respecto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz –a quien graciosamente sus pares apodaron “calesita política” (porque nunca se sabe dónde está parado)– pidió una mesa de trabajo. En la UIA dijo: “No hay que tener miedo a los cambios. Lo importante es que se sienten todos los actores. Tenemos que terminar con la precarización”. Sáenz suele sonreír mientras protesta en Plaza de Mayo. Canta críticas, pero, a la vez, suele acompañar en el Congreso a LLA.
En este marco, entre los mandatarios provinciales viene creciendo la preocupación sobre “la letra chica” de la reforma, algo que comparte un sector del empresariado. Uno de los temores que le expresaron a este diario es que no termine teniendo profundidad en los cambios con el único objetivo de mostrar una victoria política en las sesiones extraordinarias.
En concreto, plantean que aún “no se sabe nada”, aunque están al tanto que la iniciativa está “casi terminada”, según adelantó esta semana el titular de Diputados, Martín Menem. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, todavía no abrió el proyecto, argumentan.
“Nos piden ayuda para sacar la reforma, pero no nos consultan nada. Hay infinidad de industrias de cada provincia que necesitan cambios y habría que tenerlas en cuenta”, acota uno de los gobernadores del centro ante PERFIL. Y agrega que el sector empresario “todavía no fue convocado”. Un dato de la UIA: el 20% de las empresas son multinacionales, y ocho de cada diez pymes.
Por su lado, la CGT permanece a la espera, pero el PJ prepara su propio proyecto de reforma para contraponerlo si, como anticipan algunos caciques sindicales, les sacan poder y fondos. Muchos gremialistas tienen un buen vínculo, por lo bajo, con los gobernadores que pueden llegar a acompañar, o no, el proyecto. Desde el sector petrolero y minero, pasando por el agro, hay relaciones subterráneas con muchos.
Paralelamente, el tema de las obras públicas ya está instalado en las charlas. Todos los gobernadores quieren que regrese, aunque sea de forma privada con concesiones, las obras en rutas, puertos y aeropuertos, entre otros. Incluso, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien tuvo un acuerdo electoral con LLA en octubre y es de los más cercanos a la Casa Rosada, lo expresó: “En un momento difícil desde el Estado hay que hacer esfuerzos para seguir intentando darles alivio impositivo a la producción, infraestructura, puertos y rutas”, le dijo el gobernador a Cadena 3 esta semana.
Por ahora, ni Adorni ni Santilli dieron pistas al respecto, salvo los avances en las concesiones viales de rutas nacionales. Pero obra pública, por ahora, no. En todo caso, hay gobernadores, como el sanjuanino Marcelo Orrego, que están dispuestos a hacerse cargo de las rutas nacionales para refaccionarlas con fondos provinciales.
En este marco, el ánimo generalizado es buscar un atajo para no quedar del lado del kirchnerismo. En ese contexto, los gobernadores del centro (agrupados en Provincias Unidas) se reunirán antes de fin de año para analizar las leyes para 2026. Entre ellos, Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, más el correntino Gustavo Valdés (el único que ganó su provincia en octubre). Tendrá una bancada de 18 diputados nacionales claves para destrabar leyes.
Algo similar podría ocurrir con los patagónicos, aunque el rionegrino Alberto Weretilneck (quien poco pudo explicar sobre su vínculo con Fred Machado, acusado de narcotráfico) y el neuquino Rolando “Rolo” Figueroa parecen tomar su propio camino para intentar sumar con la Casa Rosada. Se mueven en dupla, a pesar de que tienen un chat con sus colegas de la Patagonia.
Por su parte, Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut, quien forma parte del conglomerado de centro, prepara una foto en Balcarce 50 donde se anunciará la eliminación del 8% de retenciones a las regalías petroleras. Pero será una cuestión puntual: al igual que el santacruceño Claudio Vidal, quieren ver los detalles de cada proyecto.
En el caso del gobernador de Córdoba, está interesado, además, en varios proyectos vinculados a la tecnología y a inversiones extranjeras. Aunque recién alcanzó un acuerdo a mitad de octubre por la deuda previsional del Anses que le representa un agujero fiscal anual. “Tenemos una relación bárbara”, confesó hace algunos días Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía.
Fuera de estas negociaciones puntuales, el clima de incertidumbre se adueñó sobre ambas cuestiones: qué dirá puntualmente la reforma laboral y qué pasará con las obras públicas, o privadas concesionadas en todo caso.
En este sentido, la discusión sobre una nueva ley de coparticipación federal subyace. En este marco, el martes pasado por la mañana Caputo recibió a Jorge Macri. No hubo foto ni comunicación oficial. Según pudo saber PERFIL fue una primera charla y la semana que viene habrá una reunión de equipos técnicos. Economía afirma que los fondos por coparticipación están asegurados en el Presupuesto 2026; en el Gobierno porteño quieren que haya un ítem taxativo en el proyecto. En ese encuentro, además, el jefe de Gobierno planteó una deuda de $ 274 mil millones por atrasos en los pagos.
Para que todo se encamine, el ministro de Hacienda porteño, Gustavo “el Chama” Arengo, decidió no poner sobre la mesa un tema mayor: una deuda acumulada de 6 mil millones de dólares entre septiembre de 2020 y septiembre de 2024 por un decreto y una ley posterior de Alberto Fernández declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.
