La oposición abrió el recinto de Diputados con la intención de dar el puntapié inicial para sostener dos leyes vetadas por el presidente Javier Milei que buscan garantizar el financiamiento de los hospitales pediátricos y de las universidades públicas nacionales. La última palabra, no obstante, la tendrá el Senado.
El quorum se consiguió con 132 legisladores sentados en sus bancas, sin los libertarios ni la mayoría de Pro. En los alrededores del Congreso se congregan médicos, universitarios, partidos opositores, gremios y piqueteros para presionar por la insistencia de las leyes.
Abrió el recinto Cecilia Moreau vicepresidenta 1° de la Cámara. Martín Menem, el titular, se retrasó y la diputada de Unión por la Patria tomó su lugar. El peronismo aplaudía a rabiar. Minutos después, cuando Menem retomó el estrado, se saludaron afectuosamente.
Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, en la que los jefes de bloque se congregan para definir la hoja de ruta de la sesión, la misma se prolongará por alrededor de 13 horas. Iniciará con una serie de homenajes y cuestiones de privilegio. Tras ello, comenzará el debate por la ley de emergencia pediátrica, que durará alrededor de dos horas y media. La votación de la misma está prevista para alrededor de las 17.
La sesión continuará con el debate por el presupuesto universitario, cuya votación se estima para las 21. Esta discusión en Diputados coincidirá con el momento cúlmine de la movilización estudiantil que se espera para esta tarde en las puertas del Congreso.
Tras ello, habrá una serie de emplazamientos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, para que dictamine antes de fin de mes.
Uno de los más relevantes es el que busca limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta central del gobierno de Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado. El oficialismo apunta a que la sesión se caiga antes de tratar este tema. Apuesta a dilatar esta discusión para evitar que este proyecto prospere antes del cierre del año parlamentario, el 30 de noviembre.
Los vetos
Los números están justos, pero juegan a favor de los bloques críticos que impulsan la sesión. En la votación original, ambas iniciativas habían alcanzado el umbral de dos tercios, un número que hoy le permitiría a la oposición insistir y dejar sin efecto el veto presidencial. En esa ocasión, el oficialismo quedó muy por debajo de los 87 diputados necesarios para blindar la decisión de Milei: apenas 75 rechazos en universidades y 67 en el caso de la ley Garrahan, mientras que en el Senado resistió prácticamente en soledad.
Serán determinantes las ausencias y abstenciones. Hubo 26 faltazos en la votación de Garrahan y 18 en la de universidades. La especulación está puesta en cómo se moverán hoy esos legisladores, que responden en su mayoría a gobernadores o aliados intermitentes del oficialismo. Una buena porción corresponde a Pro, que no termina de definir su posición por un Gobierno que los expone más de la cuenta sin retribuir las gentilezas.
El Gobierno respondió con la única herramienta que le queda: desempolvar la billetera y repartir fondos a las provincias. Lo hizo el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, que giró $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN): $3000 millones a Entre Ríos, $2500 millones a Chaco, $4000 millones a Misiones y $3000 millones a Santa Fe. La mayoría de los legisladores que responden a estos mandatarios provinciales se abstuvieron o faltaron. Ninguno votó con el Gobierno.
Por cadena nacional, el Presidente intentó dar la estocada final con anuncios de aumentos para universidades y hospitales pediátricos, entre otros sectores en pie de guerra. Sin embargo, la disputa no quedó saldada: en Diputados, el tablero muestra una paridad en el caso de las universidades y una leve ventaja para la oposición en la ley de emergencia pediátrica.
Es que, además de poner en duda que sea real el aumento prometido por Milei, un día antes de enviar fondos a cuatro gobernadores la Casa Rosada recortó en $40.267 millones las transferencias a las universidades nacionales y le rebanó a las provincias casi $130.000 millones en transferencias corrientes y de capital para obras públicas.
El proyecto de financiamiento universitario prevé actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimensual. También dispone un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, además de la recomposición de becas y auditorías de la AGN. Milei ya había vetado una norma similar el año pasado. Según la OPC, el costo fiscal para 2025 rondaría los $1,9 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.
La ley de emergencia pediátrica dispone una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia. También refuerza el sistema de residencias médicas. Define que se financiará con una reasignación de fondos y uso de reservas.
Decretos bajo la lupa
El tercer capítulo de la sesión estará marcado por el inicio del trámite para rechazar decretos delegados y de necesidad y urgencia impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Si la oposición reúne mayoría simple, las iniciativas pasarán al Senado.
En esa lista figura el decreto 396/25, que reestructura el Instituto Nacional del Agua y fusiona el Inpres con el Segemar.
También se revisará el DNU 62/25, que modificó la Ley de Identidad de Género para restringir el acceso a intervenciones quirúrgicas y hormonales de adecuación exclusivamente a mayores de 18 años.
Otro texto bajo examen es el decreto 383/25, que convirtió la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Seguridad.
Finalmente, se pondrá a votación el decreto 446/25, que establece un nuevo estatuto de la Policía Federal, orientado a delitos federales y complejos, que retira funciones de seguridad local en la ciudad de Buenos Aires y proyecta un plan de modernización con una reducción en el número de ingresantes.
