El abogado Mariano Giampaolo proporcionó detalles sobre el avance del caso judicial contra las autoridades encargadas de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).
En una entrevista en el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Giampaolo explicó que “un grupo de denunciantes, respaldado por nosotros, presentó un escrito al juez de Garantías para constituirse como querellantes, lo que les permitirá tener acceso completo al expediente y colaborar en la investigación”. Agregó que “el grupo que se ha formado y que se dedica a la recuperación del IOSPER, ante la intervención perjudicial que estamos padeciendo, desea aportar pruebas y documentos que el fiscal pueda utilizar. Ese escrito ha sido recibido y ya está siendo evaluado por el Juzgado de Garantías N°5, que decidirá en los próximos días si se nos otorga participación activa en el expediente para continuar trabajando junto al fiscal Badano, quien está a cargo de la investigación”.
Sobre el contenido de la denuncia, mencionó que esta mañana se llevó a cabo una reunión entre los denunciantes y el fiscal Badano. “Fue muy amable y abierto al diálogo”, destacó Giampaolo, quien añadió que se están investigando tres líneas de hechos para determinar si cumplen con los requisitos para tipificarse como delitos. Uno de estos casos involucra la muerte de un beneficiario, un empleado municipal, que falleció esperando un marcapasos debido a demoras en la prestación, lo que se investiga como posible abandono de persona.
El segundo hecho bajo investigación se refiere a la compra directa de un equipo de sonido por un monto que ronda el millón de pesos, aparentemente en violación de las normas de contabilidad y buenas prácticas administrativas. Este equipo fue adquirido para una conferencia de prensa en la que se anunció la intervención del IOSPER, lo cual, según Giampaolo, no requería un equipo especial. “Fue una adquisición innecesaria, además de que se utilizaron fondos de la obra social. Si el gobernador quiere hacer un anuncio, debe usar fondos provinciales, no del bolsillo de los trabajadores. Aunque pueda parecer un tema menor, no lo es. El patrimonio de la obra social es de los trabajadores, que proviene de los descuentos en sus salarios. No se puede gastar como si fuera de la provincia”, puntualizó.
Respecto al tercer hecho, Giampaolo señaló que la Fiscalía investiga la anulación del convenio de prestaciones con la unión transitoria de empresas proveedoras de prótesis de Entre Ríos. Esta cancelación condujo a la contratación directa de cuatro empresas de la Capital Federal, cuyas prótesis, según sus estimaciones documentadas en la denuncia, superan en un 150% el costo anterior, además de que se realizaron sin licitación ni control de precios.
Giampaolo también alertó sobre otros posibles hechos en curso de denuncia. “Siguen existiendo graves incumplimientos en las prestaciones, como ocurrió con una persona a la que se le autorizó una operación a corazón abierto sin proporcionarle la válvula, lo que llevó a un amparo. El IOSPER se negó a facilitarla, y finalmente se logró un embargo para poder comprarla. Esto se vincula con el abandono de persona y afecta directamente la salud”, afirmó.
Agregó que se encuentra en investigación la usurpación de la oficina que funcionaba como comisión fiscalizadora permanente del IOSPER, un organismo de control que dependía del Poder Ejecutivo. “La comisión fiscalizadora fue eliminada sin un expediente que justifique su eliminación. Antes de la ley OSER, cambiaron la cerradura y nos prohibieron el acceso a una oficina pública donde se almacenaban computadoras y documentos. Se violaron las claves de seguridad de las PC, lo que podría constituir un delito”, cuestionó.
Finalmente, mencionó que se está investigando, junto a un grupo de jubilados y ex trabajadores del Instituto, la tercerización en la compra de medicamentos de alto costo. “Antes, el IOSPER tenía un sistema propio para adquirir estos medicamentos, pero ahora han sido transferidos a una gerenciadora en la Capital Federal, que realiza compras directas sin informar sobre laboratorios o precios. Mediante un antiguo sistema de tercerización, se pretende eludir la ley de compras. Algunos beneficiarios han recibido medicamentos de droguerías conocidas, cuyo nombre suscita controversias, y no hay claridad sobre los precios de compra, lo que se solicitará que se investigue en la justicia. Todo esto se financia con el aporte de cada trabajador”, concluyó Giampaolo.
