Lo acusan por el delito de desobediencia de una orden judicial y abuso en el ejercicio de un cargo público. Según la empresa, el funcionario desobedeció un mandato judicial que suspendía la licitación del Gran Capitán. En la presentación realizada por el señor Emilio Franchi, en su carácter de presidente del directorio y apoderado especial de dicha empresa, se le imputó al funcionario “la desobediencia de una orden judicial emanada de un juez federal de la Nación que ordenó suspender el proceso de licitación para adjudicar el servicio interurbano de trenes de pasajeros en la ex línea Urquiza entre las estaciones Federico Lacroze (Buenos Aires) y Posadas (Misiones)”, informó la empresa a través de un comunicado de prensa.“Vemos con estupor que no tan sólo ha sido desobedecida la manda judicial, sino que el proceso licitatorio sospechosamente siguió, presentándose solamente una Unión Transitoria de Empresas, integradas por firmas fuertemente cuestionadas por los organismos de control del Estado Nacional”, se sostiene en el escrito, en referencia a que la única presentación fue la efectuada por América Latina Logística (ALL). Luego, destaca que Trenes Especiales Argentinos SA “repara y mantiene desde un primer momento sus formaciones a total riesgo empresario, y opera el mismo sin recibir subsidio estatal de ninguna naturaleza por parte del Gobierno nacional, como así tampoco el gasoil diferencial, manteniendo sin embargo tarifas sociales para sus servicios”.
