De la redacción de INFORME DIGITAL
– La escena todavía estaba fresca: discursos, cortes de cinta, promesas de empleo y desarrollo. El nuevo puerto de Dreyfus en Santa Elena, presentado como un hito para la logística y la producción entrerriana, arrancaba con la expectativa de convertirse en motor económico para la región. Sin embargo, a menos de dos semanas de su inauguración, la primera autorización oficial para operar llega con polémica: flota extranjera en lugar de embarcaciones nacionales.
El 24 de julio, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación —dependiente del Ministerio de Economía— emitió el Certificado de Excepción a la Ley de Cabotaje (CE-2025-80622390-APN-ANPYN#MEC) a favor de BONMAR S.R.L. (CUIT 30-71093189-1). La medida habilita, del 1 al 15 de agosto, el uso de un remolcador y tres barcazas de bandera paraguaya para transportar carga entre la terminal de Santa Elena y las plantas que Dreyfus posee en Timbués y General Lagos, en la provincia de Santa Fe.
La Ley de Cabotaje establece que el transporte de mercaderías entre puertos argentinos debe realizarse con embarcaciones de bandera nacional, salvo excepciones puntuales. Esta es una de ellas. Los barcos autorizados —el remolcador TAGUATO (M.N. 4923-BG) y las barcazas LG7000 (M.N. 4905-BG) y LG7002 (M.N. 4907-BG)— pertenecen a la República del Paraguay.
El itinerario autorizado cubre un tramo clave de la hidrovía Paraná, conectando el nuevo puerto de Santa Elena, a la altura del kilómetro 724 del río, con las terminales santafesinas en los kilómetros 464 y 396. Se trata de la primera operación con certificado especial desde la apertura de la terminal.
El contraste no pasa inadvertido: la inversión y el acto inaugural habían sido presentados como un impulso directo al empleo local y al uso de infraestructura argentina, pero la primera carga se moverá con tripulación y bandera extranjera. La decisión abre interrogantes sobre la estrategia oficial para proteger el trabajo marítimo nacional y sobre la política de control económico en una vía navegable vital para las exportaciones agroindustriales.
La autorización está sujeta al cumplimiento de las condiciones que fije la Prefectura Naval Argentina y obliga a BONMAR a presentar la documentación correspondiente dentro de los 15 días hábiles posteriores a la operación. En caso de incumplimiento, no se otorgarán nuevos permisos de este tipo.
