El abogado Damián Petenatti presentó un reclamo ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, solicitando la nulidad del requerimiento para elevar a juicio y las imputaciones de la causa conocida como “contratos truchos” en la Legislatura. Este pedido fue realizado este lunes, durante la reanudación de la audiencia sobre la remisión a juicio del expediente. Los defensores José Velázquez, Tomás Vírgala, Leopoldo Lambruschini y Miguel Ángel Cullen también respaldaron la solicitud.
En esta audiencia, los defensores de los imputados respondieron a la solicitud presentada anteriormente por los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quienes pidieron a la jueza Barbagelata que remita a juicio oral y público el legajo relacionado con presunta corrupción en las dos cámaras legislativas de la provincia entre 2008 y 2018.
La audiencia se suspendió hasta este martes a las 9, cuando se espera que concluyan las intervenciones de defensa, comenzando con la respuesta del abogado Pablo Hawlena Gianotti. Después, Gustavo Acosta, representante de la Fiscalía de Estado de la provincia, tomará la palabra. Además, para el miércoles está programada otra intervención de los defensores sobre el planteo civil.
Petenatti afirmó: “Vamos a sostener la nulidad de la imputación. Consideramos que el derecho de defensa en juicio está afectado. Esta remisión no puede avanzar”. El abogado, que defiende, junto a Iván Vernengo, al imputado Alfredo Bilbao, también se refirió a la mención que hicieron los fiscales sobre varios contratos enviados por la Legislatura que carecen de la firma del senador o diputado contratante. “Eso no era relevante para su acusación. ¿Por qué lo mencionan ahora si no está vinculado a la imputación? Un vínculo contractual requiere un contrato firmado. Trajeron a colación documentos que no se relacionan con la acusación solo para cuestionar la defensa”, criticó.
Más adelante, Petenatti recordó que la Legislatura fue renuente a aportar información durante la investigación y que los fiscales “no tomaron declaraciones a personas que trabajaron en archivos para conocer algunos detalles”. “No se interrogó a nadie”, enfatizó, añadiendo que “no se puede cargar los defectos de la investigación a los imputados”.
Si la jueza no acepta su reclamo y no declara nulo el requerimiento de elevación a juicio, Petenatti hizo pedidos subsidiarios, solicitando que se le impute a Bilbao por peculado y no por asociación ilícita.
Antes de su intervención, Leopoldo Lambruschini reiteró sus cuestionamientos a la pesquisa fiscal en relación con la imputación contra Juan Domingo Orabona.
José Velázquez, abogado que representa a Flavia Beckman y Hugo Mena, expresó nuevamente que la imputación carece de claridad. “Al final, no sabemos de qué defendernos. Necesitamos un hecho concreto para poder dar explicaciones, no podemos defendernos de la tesis de la fiscalía sobre un ‘grupo de auto-convocados’ que ejecutó numerosos contratos”, afirmó.
Tomás Vírgala, abogado de Ariel Faure, sostuvo que la acusación contra su defendido no se ajusta a ningún delito penal. Según la acusación formal, Faure era parte de una asociación ilícita destinada a sustraer dinero de la Legislatura. “La participación debería estar fundamentada en todos los delitos. Se habla de pactos internacionales y lucha contra la corrupción con ligereza, pero también existen pactos civiles de los derechos humanos. ¿Cómo se pondera uno sobre otro? La laxitud en la investigación no puede justificarse en la lucha contra la corrupción”, cuestionó.
El defensor acusó a los fiscales de “inflar la expectativa penal por motivos comunicacionales”. “Esto viola el principio de legalidad. No se está solicitando una pena acorde a los hechos investigados”, aseguró. “Se menciona la corrupción como una violación a los derechos humanos y, respetuosamente, digo que banalizan esta violación. La lucha contra la corrupción no justifica vulnerar el derecho a defensa ni inflar expectativas penales. Utilizan muletillas y simplifican asuntos que no están bien fundamentados”, agregó, pidiendo que “esto se resuelva antes de llegar a juicio”.
El abogado Miguel Ángel Cullen, defensor de los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani, así como co-defensor de Jorge De Breuil junto a Pablo Hawlena Gianotti, reiteró que “es imposible ejercer el derecho de defensa” debido a que el Ministerio Público Fiscal se apartó del “deber de objetividad”. Afirmó que están “convencidos” de que los contratos cuestionados son “contrataciones lícitas”.
Cullen detalló las tareas de Gustavo Pérez en el Senado y aseguró que los gastos en contratos están regulados “por ley”. “No lo decide Pérez”, aclaró. “Un legislador hace un pedido, Pérez evalúa si hay presupuesto y lo informa. ¿No saben quiénes son responsables? Son decisiones que pasan por las autoridades de cámara y de bloque. La locación de obra realiza tareas de campo que el legislador no puede hacer. Se requieren asesores; a eso no lo resolvía Pérez, él no podía contratar. Los responsables son quienes toman esas decisiones”, subrayó.
El abogado agregó que, como otros defensores ya habían señalado, no pueden defenderse debido a la falta de claridad en las imputaciones. “No pueden, con este grado de imprecisión, sostener una imputación. Estos son contratos lícitos. Son decisiones políticas de los legisladores o autoridades de las cámaras, un poder independiente. Además, todos los legisladores aprobaron los presupuestos de forma unánime”.
Por último, criticó que solo se haya nombrado al exgobernador Sergio Urribarri, quien no está imputado, siendo el único exlegislador mencionado. “Necesitamos una imputación concreta para poder defendernos”, concluyó.
Cullen reiteró su solicitud de nulidad de la remisión a juicio, advirtiendo que, de no ser así, se enfrentarán a un debate en desventaja y con imposibilidad de subsanar la situación.
