Una de las actividades más destacadas de la semana pasada en el Congreso fue otra desorganizada reunión de la comisión bicameral vinculada a la Defensoría del Niño. Esta busca salir del atolladero en el que se encuentra para designar a su próximo titular, tras la reciente desactivación de Marisa Graham, quien en enero pasado prorrogó su propio mandato, generando así una situación de extrema irregularidad en la entidad. Lo novedoso es que toda la oposición -kirchnerismo, radicalismo y macrismo- dejó al oficialismo en soledad y avanzó en la elaboración de un concurso acelerado, con el objetivo de definir un sucesor hacia finales de septiembre.
La presidencia de la bicameral recayó en la diputada radical Natalia Sarapura. Durante el encuentro del martes, a pesar de contar con el respaldo del resto de las bancadas opositoras, la jujeña incurrió en confusiones que sorprendieron a los asistentes. Su colega de recinto, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza-Santa Fe), con simples preguntas sobre días hábiles o continuos, dejó a varios legisladores atónitos. A esta altura, ya hay quienes sospechan del verdadero objetivo detrás de este proceso.
En la reunión se concretó un paso fundamental: la votación de plazos para todo el proceso que incluye la designación de un Defensor del Niño, desde la publicación de la convocatoria, la inscripción de postulantes, la lista de admitidos, impugnaciones y avales, el examen -escrito y anónimo- y su corrección, hasta audiencias públicas con los postulantes que continúen en carrera, la evaluación final y la elevación a las Cámaras. Durante años, el Congreso no mostró voluntad de cumplir con la ley, y cuando lo hizo por primera vez, Graham asumió la titularidad del organismo.
La situación culminó de la peor manera, con la auto prórroga del mandato de Graham y un lamentable desenlace impuesto por el Congreso a través de la bicameral. Esto equivale a un verdadero papelón institucional. Como ya ha informado Infobae desde el año pasado, en medio de las pequeñas disputas entre legisladores para ganar visibilidad en redes sociales, se encuentran las pocas personas y organizaciones que, de manera genuina y sin intereses ocultos -como cargos o militancia-, trabajan arduamente en este tema. A menudo, son los más perjudicados.
De los 10 miembros de la comisión, ocho respaldaron el cronograma propuesto en su totalidad por la oposición. El PRO intentó presentar una postura intermedia que, en esencia, resultó inútil. Por otro lado, Mayoraz sugirió noviembre -al finalizar el período ordinario-, lo que fue interpretado por los demás como una broma inapropiada. Minutos después, el diputado declaró: “Quería señalar otra cuestión. Me llega información de que la ex usurpadora del cargo -en referencia a Graham- sigue asistiendo a la Defensoría, lo que me parece completamente irregular. Estamos hablando de una persona que debió haberse ido hace tiempo y no lo ha hecho, lo que ha llevado a este Cuerpo a tomar una resolución para hacerle entender lo que comprende cualquier estudiante de primer año de Derecho -por no mencionar un estudiante de secundaria-. Es decir, ya no puede seguir yendo”.
Mayoraz además reiteró una crítica que proviene de algunos sectores sobre la escasa representación federal de la gestión de Graham. En esa línea, el legislador le expuso a la jujeña: “En el informe de 2024 y en el parcial de 2025, el 63% de las acciones de la Defensoría se realizaron en CABA y en la provincia de Buenos Aires. Su provincia solo tuvo el 1,69% de todas las acciones. Estamos hablando de un organismo que gestiona 7.000 millones de pesos al año. Entonces, ¿cómo estamos?”. Como medida complementaria, la presidenta de la bicameral se comprometió a convocar a distintas organizaciones para el 24 de junio.
En la oficina de Sarapura también se acumulan las recomendaciones de instituciones que llevan años trabajando en este tema, como “Infancia en Deuda”: las medidas incluyen la creación de un comité asesor para la elaboración y corrección de exámenes; la elaboración de una tabulación de puntajes de antecedentes y trayectoria; y el compromiso de difundir toda la información del concurso, entre otros aspectos.
