Nos encontramos en un momento crucial para el futuro de nuestra educación y, en este contexto, nuestro partido debe hacer honor a sus principios, evitar que el veto se materialice y dar el debate para que el proyecto de presupuesto 2025 contemple un financiamiento que permita el desarrollo de la educación en el país y no limite la autonomía universitaria.
La defensa de la educación pública es uno de los principios inclaudicables del centenario partido y es por ello que tenemos el compromiso de reafirmar nuestro compromiso con el derecho a tener una educación superior laica, gratuita, autónoma, cogobernada y de calidad, lineamientos heredados de la histórica Reforma Universitaria de 1918.
No podemos ceder, debemos ser coherentes con nuestras banderas y estamos en la obligación moral de realizar una férrea defensa de las universidades, pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de nuestro país.
En tiempos de crisis de representatividad, de fuerzas políticas atomizadas y de prioridades cambiadas, instamos a los correligionarios que nos representan en el Congreso de la Nación a defender el proyecto de financiamiento universitario que nuestro propio partido impulsó y echar por tierra la posibilidad de que, al igual que sucedió con la movilidad jubilatoria, el veto nuevamente triunfe.
Nuestra historia y el legado de Raúl Alfonsín nos obliga a impedir que el veto avance y a dar el debate para mejorar el presupuesto destinado a las universidades, que pone en serio riesgo su financiamiento.
Para el radicalismo defender la educación pública universitaria y de calidad no es una opción, es una responsabilidad. Ir por este camino no nos convierte en degenerados fiscales, sino en una oposición que defiende los intereses que hicieron grande a nuestra Nación.
